¿Crece el capitalismo?

Publicado por Eleazar Díaz Rangel en

Los domingos de Eleazar Díaz Rangel 

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Fecha de publicación: 13/02/11

 

En la militancia del Psuv estarán ahora concentrados en el debate sobre Líneas estratégicas de Acción Política. Luego que los organismos nacionales y estadales lo hicieron, la discusión bajó a las asambleas municipales y parroquiales. En los más altos niveles quedó tiempo libre para que conozcan y examinen algunos planteamientos de Víctor Álvarez R en Del Estado burocrático al Estado comunal, su más reciente libro, editado por el Centro Internacional Miranda a finales del 2010.

¿Por qué es conveniente? Porque las cosas que allí están escritas tienen demasiado que ver con el desarrollo del proceso, y particularmente con su economía. Les voy a transcribir algunos párrafos para que vean por qué es tan importante su análisis. Después de demostrar que en estos años "se reduce la pobreza pero la economía se hace más capitalista: A pesar de la crítica al capitalismo y de la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, el peso del sector mercantil privado en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente, aumentó. Pasó de 64,8% en 1999 a 70% en 2008-09, mientras que el sector público cayó de 35% a 30% en ese mismo período".

Y en correspondencia con tan contundentes afirmaciones: "Al hacerse la economía venezolana más capitalista, en ese sector se recrudece también la explotación de los trabajadores. En 1988 al factor trabajo le tocaba el 39,7% del nuevo valor creado, superior al 36.2% que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 31.69%, mientras que la de los capitalistas subió a 49,18%", todo según estadísticas del Banco Central de Venezuela.

Si esto es así, y no habría razón para dudarlo, conociendo a su autor y dada la seriedad de sus fuentes, tan sorprendente conclusión de crecimiento del capitalismo debe ser motivo de examen, no sólo en los organismos nacionales de dirección del Psuv sino del alto gobierno, y en particular, de su gabinete económico, y de sus cuadros sindicales.

"Hay que encontrar una paridad que exprese la productividad"

Entrevista // Víctor Álvarez, ex ministro de industrias básicas y minería

"Ni absolutismo de Estado, ni fudamentalismo de mercado.

La solución no está en extremos"

ROBERTO DENIZ . EL UNIVERSAL
lunes 14 de febrero de 2011 12:00 AM

Varias son las cargas que acumula el Gobierno nacional en materia económica, pero una destaca sobre el resto. El denominado "Socialismo del siglo XXI" amplificó el rentismo petrolero y ha sido incapaz de diversificar la producción local.

La cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que las exportaciones no petroleras de 2010 cayeron un 18,8% con respecto a 1999, mientras que la manufactura pasó de representar 18% del Producto Interno Bruto (PIB) el año que Hugo Chávez arribó al poder, al 15% del año pasado.
Para Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería, la "la inercia rentista" que arrastraba la economía nacional se ha impuesto. Aunque es partidario de la construcción de "un nuevo modelo productivo", en las investigaciones que realiza en el Centro Internacional Miranda (CIM) advierte que se requiere "una profunda revisión y rectificación de la política económica".

-¿Considera que el Gobierno nacional va en esa dirección?

-Eso habría que planteárselo a un funcionario de Gobierno. Lo que estoy planteando es lo que a la luz de mis investigaciones, de la comprensión que yo tengo de la economía venezolana y de la necesidad de relanzar la propuesta industrializadora como condición para lograr la soberanía productiva, que es mucho más que la soberanía alimentaria, estoy planteando las condiciones que deberían cumplirse y las dimensiones de política económica que deberían abordarse.

-¿Por qué sigue imponiéndose el modelo rentista?
-No se ha logrado quebrar esa inercia que tiene su principal expresión en un tipo de cambio sobrevaluado, que es el principal síntoma de esa cultura rentista y es lo que acentúa entonces esa propensión de comprarle al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo en el país gracias a ese torrente de petrodólares que no deja de entrar.

Por eso planteo que una de las medidas claves, la medida medular sigue siendo el reto de encontrar un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía real.

-¿Ni siquiera las dos devaluaciones del año pasado corrigieron esa desviación?

-Claro porque cuando se devalúa se produce una corrección del diferencial de precios, pero esa corrección se anula y se desvanece por el auge inflacionario que todavía se mantiene. Si no derrotas la inflación esa medida de ajuste cambiario o de devaluación de la moneda termina desvaneciéndose por el ímpetu inflacionario que no logra contenerse. Por eso el tema no se corrige con una medida aislada, tienes que tener además una estrategia anti-inflacionaria.

Es un círculo vicioso: importamos porque no producimos, pero no producimos porque importamos. Importamos porque esa creciente demanda agregada interna, que viene alentada por el ingreso petrolero, permite importar para satisfacer la demanda que no puede ser cubierta con la producción nacional. Pero al mismo tiempo esas importaciones tienen un efecto inhibidor en el aparato productivo interno. Subsidiar el dólar es subsidiar las importaciones.
-En ese nuevo modelo productivo que planteas, ¿Qué espacio tiene la inversión privada?

-He dicho siempre ni absolutismo de Estado, ni fundamentalismo de mercado. La experiencia histórica dice que aquellas economías donde la propiedad estatal se extendió a todas las ramas de la economía no dieron respuesta. Igual esos bandazos que se dieron en esos países donde todo se privatizó y se dejó en manos de los mecanismos del mercado eso tampoco funcionó. La solución no está en ninguno de esos dos extremos.

-Los gremios privados insisten en que no hay seguridad jurídica para invertir.

-Ahí es donde he visto el gran conflicto que tiene el país para encontrar ese margen de acuerdo. Por un lado, la ceguera del sector empresarial que no ha sido capaz de ver y reconocer todo lo que se ha hecho para reactivar el aparato productivo interno. Del otro lado, la poca habilidad del sector público para poder presentar de manera coherente, articulada y lógica esa gama de incentivos.

El sector privado debe entender que en un nuevo modelo productivo como el que se intenta construir no se basa solamente por los márgenes de ganancia, sino que también la legitimidad y justificación social de las empresas tiene mucho que ver con la contribución que hacen a la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusiónn social.

Política industrial para transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo

Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.

Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15.5 %) y es uno de los que más se ha contraído.

Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero.

La política industrial como forma de intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo económico bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. No obstante, hay que dejar claro que no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos y la Unión Europea se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.

¿Reactivar o transformar la economía?

Como dijimos al comienzo, la caída del PIB es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que –en adelante- no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Esta transformación tiene dos ejes claves:

1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.

2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la actuación del Estado se debe enfocar en aquellos sectores con un mayor impacto multiplicador y acelerador de la actividad económica; tales como la industria manufacturera, cuya ponderación o peso específico en la conformación del PIB ya vimos que es mayor al 15 % y es uno de los sectores que más se ha contraído. Debido a esta alta ponderación, cualquier incremento o contracción de la actividad manufacturera hará sentir su incidencia o impacto en el desempeño general del PIB.

La problemática del sector industrial

Los problemas más importantes que afectan el desempeño de la industria manufacturera y su aporte a la transformación productiva son los siguientes:

1. Contracción a lo largo de más de cuatro trimestres consecutivos

2. Obsolescencia tecnológica y rezagos en calidad, productividad y competitividad

3. Baja densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes, lo cual hace que su aporte al PIB aún esté por debajo del 20 % que sugiere el grado de industrialización.

4. Cartera crediticia demorada de la industria, con problemas de liquidez y activos comprometidos por garantías previamente constituidas, lo cual dificulta su acceso a nuevo financiamiento.

5. Concentración territorial de la actividad industrial en el Eje Centro-Norte-Costero, lo cual limita la contribución del sector manufacturero al desarrollo armónico y proporcional de las diferentes regiones y estados del país:

Objetivos de la Política Industrial:

De esta problemática se deducen al menos cinco objetivos a lograr con la nueva política industrial:

1. Reactivar la industria manufacturera: hasta lograr que al menos el 95 % de la capacidad industrial actualmente instalada se encuentre en pleno funcionamiento, toda vez que –por su alta ponderación en el PIB-, su reactivación tendrá una alta incidencia en la recuperación del ritmo de actividad económica y en el nivel de empleo.

2. Reconversión industrial: para modernizar la industria y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas, de tal forma que pueda lograr mejoras sostenidas en la productividad que permitan mejorar la estructura de costos y abatir las presiones inflacionarias; así como mejorar su calidad y desarrollar nuevos productos que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones y a la diversificación de la oferta exportable.

3. Reindustrialización: para incrementar la densidad industrial de 0.3 a 1 establecimiento manufacturero por cada 1.000 (mil) habitantes y así elevar el aporte de la manufactura al PIB de 15.5 % a 20 %; logrando un crecimiento económico de calidad (sustentado en la economía real) y generando nuevas y mejores fuentes de empleo productivo, estable y bien remunerado.

4. Refinanciar la deuda industrial: reestructurar el cronograma de pagos de deudas vencidas, con condiciones más adecuadas de plazos, tasas de interés y garantías, que permitan aliviar la carga financiera de las empresas que han entrado en mora debido a la contracción de la economía nacional e internacional.

5. Relocalización industrial: para estimular nuevas inversiones así como la reubicación de establecimientos industriales ya existentes en regiones, estados y municipios con un PIB por debajo de la media nacional y con baja densidad de establecimientos manufactureros, en función de corregir asimetrías y disparidades y propiciar así un desarrollo armónico y proporcional del territorio nacional.

Los programas de política industrial se deben diseñar y ejecutar a través de una combinación de medidas de incidencia general o sectorial sobre la actividad manufacturera, las cuales serán aplicadas simultáneamente con otras medidas especialmente dirigidas a sectores que se consideren prioritarios. Para lograr la efectiva aplicación de ambos tipos de medidas se requiere también adecuar el marco legal y el entorno institucional que facilite la armonización y eficaz instrumentación de todas y cada una de estas medidas. Para su mejor comprensión y tratamiento clasificaremos estas medidas en las siguientes dimensiones:

• Dimensión Macroeconómica: son medidas horizontales o decisiones fundamentalmente en materia de política macroeconómica, las cuales tienen una incidencia general, más no igual, sobre todos y una cada uno de los sectores, ramas, agrupaciones y empresas industriales.

• Dimensión Mesoeconómica: son medidas para adecuar tanto el marco legal y regulatorio como el entramado institucional a través de los cuales los ministerios, entes adscritos y demás órganos del Estado se coordinan y articulan para complementar sus capacidades y recursos en función de asegurar el buen gobierno de la economía.

• Dimensión Microeconómica: son medidas verticales o decisiones fundamentalmente en materia de política microeconómica o sectorial, las cuales tienen una incidentica focalizada en determinados sectores, ramas o agrupaciones industriales a las que se atribuye una mayor importancia, bien sea por su efecto multiplicador y acelerador de la dinámica económica, por su contribución al empleo o por su efecto sobre la inflación.

La meta de la política industrial

La política industrial es la clave para reactivar y transformar la economía. El Estado puede combinar incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. para elevar el aporte de la manufactura al PIB del actual 15.5 % al 20% que establecen los estándares internacionales para reconocer que una economía se ha industrializado. Esto implica elevar la densidad industrial de 0.3 a por lo menos 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes. No es una meta difícil: Colombia tiene 1.2 y México 1.7. Implica aumentar el número de industrias de 7.800 a 26.000, generando más y mejores fuentes de trabajo.

Reactivar, modernizar y ampliar la industria nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional y, sobre todo, a la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de nuestra población.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La caída del PIB por segundo año consecutivo es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.

Estatizar no siempre significa socializar

Para entender lo que viene en materia de expropiaciones hay que dejar claro que la propiedad no es una simple posesión basada en el derecho mercantil sino un sistema de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción, distribución y consumo. El socialismo del siglo XX (SSXX), tras el ideal humanista de erradicar la explotación del ser humano y asegurar la inversión social de las ganancias, estatizó prácticamente todos los medios de producción: desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. Todo pasó a manos del Estado. Esto trajo como consecuencia:

• Implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial, frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación.

• Entronización de poderosas élites de la burocracia y la nomenklatura partidista que derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.

• Agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.

Las expropiaciones y el doble discurso del sector privado

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

En el escándalo de los gremios empresariales ante las expropiaciones subyace un doble discurso. Sus diatribas anticomunistas contra la libertad de empresa y la iniciativa privada son una verdadera puesta en escena. No son pocos los empresarios que resultaron favorecidos con indemnizaciones por plantas obsoletas que tenían varios años cerradas. Los casos de Invepal, Inveval, Invetex, la procesadora de leche en el Zulia son apenas un ejemplo de empresas que estaban en bancarrota y solo generaban costos para sus dueños. Un caso reciente es el de Cerámicas Maracay, que no pudo competir y estaba cerrada desde 2006. Los latifundios expropiados eran tierras improductivas que no generaban ganancias para los terratenientes, pero con la expropiación recibirán importantes ingresos por concepto de indemnización. Hablan de una ola de expropiaciones que espanta la inversión, cuando apenas se llega a 200 empresas entre las 400 mil que conforman el tejido empresarial venezolano, según las empresas que cotizan al IVSS y las que declaran anualmente ISR.

Pero lo que no dicen ni reconocen los voceros empresariales, es que sobre esta “ola” pretenden hacer surfing muchos capitalistas deseosos de vender al Estado como nuevas sus empresas ya obsoletas que no les reportan suficientes ganancias o se encuentran al borde de la quiebra. Por eso hay muchos empresarios que se empujan y dan codazos para ser el próximo expropiado. Sin embargo, los gremios empresariales no se cansan de pregonar que en Venezuela se ahoga la iniciativa empresarial, cuando en realidad se les ha lanzado un generoso salvavidas.

Otros casos muy distintos son los de la CANTV, Electricidad de Caracas, SIDOR, las cementeras, Agroisleña, Fertinitro y la Owens Illinois. Estas son empresas de importancia estratégica para los planes de desarrollo nacional y deben estar bajo control estatal. Sobre todo cuando el sabotaje a PDVSA dejó claro hasta donde pueden llegar quienes quieren abortar la Revolución que aquí apenas se está gestando.

Estatizar no siempre significa socializar

En su fachada, la propiedad estatal se presenta como propiedad de todo el pueblo, pero su lógica de funcionamiento no altera para nada las viejas formas de explotación capitalista. No se trata sólo de destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado, sino de impulsar una nueva economía social a través de la cual los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. Solo así podrán sentirse como los verdaderos copropietarios sociales, los auténticos dueños de las condiciones materiales que garantizan su supervivencia y reproducción, sin mediaciones de capitalistas ni burócratas.

El nuevo socialismo tiene que orientarse hacia la desestatización de la sociedad, entendida ésta como la desburocratización de la función pública, su transferencia al poder comunal, así como la democratización de la vida económica y política, en función de lograr la máxima socialización del poder.

El concepto “democracia participativa” no se limita solo al ejercicio del sufragio. Tiene que ver con la capacidad real de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos económicos de la Nación, particularmente con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicio que son imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

Delimitar sectores

Las expropiaciones no se pueden agotar en una mera transformación de la propiedad privada en propiedad estatal. Cuando se gastan los recursos públicos en pagar las expropiaciones de empresas no estratégicas, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas de la economía social, no se está contribuyendo por esa vía a aumentar la densidad empresarial ni a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo, sobre todo cuando en Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.

Por su importancia estratégica el Estado debe reservarse sectores tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos, etc. Pero el gran desafío en esta etapa de transición al socialismo es identificar los sectores para impulsar la economía social y dejar claro en cuáles sectores se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera. En mi opinión, la producción de los componentes de las canastas alimentaria y básica, que son los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población, deben quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad. Solo así será posible acabar con la escasez, el acaparamiento y la especulación que, en su empeño por desestabilizar y crear malestar en la población, pretenden imponer los enemigos de la Revolución.