Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.
Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15.5 %) y es uno de los que más se ha contraído.
Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.
Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero.
La política industrial como forma de intervención del Estado en la economía
Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo económico bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.
Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.
Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. No obstante, hay que dejar claro que no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos y la Unión Europea se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.
¿Reactivar o transformar la economía?
Como dijimos al comienzo, la caída del PIB es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que –en adelante- no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Esta transformación tiene dos ejes claves:
1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.
2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
A la luz de lo anteriormente expuesto, la actuación del Estado se debe enfocar en aquellos sectores con un mayor impacto multiplicador y acelerador de la actividad económica; tales como la industria manufacturera, cuya ponderación o peso específico en la conformación del PIB ya vimos que es mayor al 15 % y es uno de los sectores que más se ha contraído. Debido a esta alta ponderación, cualquier incremento o contracción de la actividad manufacturera hará sentir su incidencia o impacto en el desempeño general del PIB.
La problemática del sector industrial
Los problemas más importantes que afectan el desempeño de la industria manufacturera y su aporte a la transformación productiva son los siguientes:
1. Contracción a lo largo de más de cuatro trimestres consecutivos
2. Obsolescencia tecnológica y rezagos en calidad, productividad y competitividad
3. Baja densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes, lo cual hace que su aporte al PIB aún esté por debajo del 20 % que sugiere el grado de industrialización.
4. Cartera crediticia demorada de la industria, con problemas de liquidez y activos comprometidos por garantías previamente constituidas, lo cual dificulta su acceso a nuevo financiamiento.
5. Concentración territorial de la actividad industrial en el Eje Centro-Norte-Costero, lo cual limita la contribución del sector manufacturero al desarrollo armónico y proporcional de las diferentes regiones y estados del país:
Objetivos de la Política Industrial:
De esta problemática se deducen al menos cinco objetivos a lograr con la nueva política industrial:
1. Reactivar la industria manufacturera: hasta lograr que al menos el 95 % de la capacidad industrial actualmente instalada se encuentre en pleno funcionamiento, toda vez que –por su alta ponderación en el PIB-, su reactivación tendrá una alta incidencia en la recuperación del ritmo de actividad económica y en el nivel de empleo.
2. Reconversión industrial: para modernizar la industria y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas, de tal forma que pueda lograr mejoras sostenidas en la productividad que permitan mejorar la estructura de costos y abatir las presiones inflacionarias; así como mejorar su calidad y desarrollar nuevos productos que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones y a la diversificación de la oferta exportable.
3. Reindustrialización: para incrementar la densidad industrial de 0.3 a 1 establecimiento manufacturero por cada 1.000 (mil) habitantes y así elevar el aporte de la manufactura al PIB de 15.5 % a 20 %; logrando un crecimiento económico de calidad (sustentado en la economía real) y generando nuevas y mejores fuentes de empleo productivo, estable y bien remunerado.
4. Refinanciar la deuda industrial: reestructurar el cronograma de pagos de deudas vencidas, con condiciones más adecuadas de plazos, tasas de interés y garantías, que permitan aliviar la carga financiera de las empresas que han entrado en mora debido a la contracción de la economía nacional e internacional.
5. Relocalización industrial: para estimular nuevas inversiones así como la reubicación de establecimientos industriales ya existentes en regiones, estados y municipios con un PIB por debajo de la media nacional y con baja densidad de establecimientos manufactureros, en función de corregir asimetrías y disparidades y propiciar así un desarrollo armónico y proporcional del territorio nacional.
Los programas de política industrial se deben diseñar y ejecutar a través de una combinación de medidas de incidencia general o sectorial sobre la actividad manufacturera, las cuales serán aplicadas simultáneamente con otras medidas especialmente dirigidas a sectores que se consideren prioritarios. Para lograr la efectiva aplicación de ambos tipos de medidas se requiere también adecuar el marco legal y el entorno institucional que facilite la armonización y eficaz instrumentación de todas y cada una de estas medidas. Para su mejor comprensión y tratamiento clasificaremos estas medidas en las siguientes dimensiones:
• Dimensión Macroeconómica: son medidas horizontales o decisiones fundamentalmente en materia de política macroeconómica, las cuales tienen una incidencia general, más no igual, sobre todos y una cada uno de los sectores, ramas, agrupaciones y empresas industriales.
• Dimensión Mesoeconómica: son medidas para adecuar tanto el marco legal y regulatorio como el entramado institucional a través de los cuales los ministerios, entes adscritos y demás órganos del Estado se coordinan y articulan para complementar sus capacidades y recursos en función de asegurar el buen gobierno de la economía.
• Dimensión Microeconómica: son medidas verticales o decisiones fundamentalmente en materia de política microeconómica o sectorial, las cuales tienen una incidentica focalizada en determinados sectores, ramas o agrupaciones industriales a las que se atribuye una mayor importancia, bien sea por su efecto multiplicador y acelerador de la dinámica económica, por su contribución al empleo o por su efecto sobre la inflación.
La meta de la política industrial
La política industrial es la clave para reactivar y transformar la economía. El Estado puede combinar incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. para elevar el aporte de la manufactura al PIB del actual 15.5 % al 20% que establecen los estándares internacionales para reconocer que una economía se ha industrializado. Esto implica elevar la densidad industrial de 0.3 a por lo menos 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes. No es una meta difícil: Colombia tiene 1.2 y México 1.7. Implica aumentar el número de industrias de 7.800 a 26.000, generando más y mejores fuentes de trabajo.
Reactivar, modernizar y ampliar la industria nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional y, sobre todo, a la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de nuestra población.
Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La caída del PIB por segundo año consecutivo es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.
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