Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Tanto en el discurso económico del
gobierno como en el de la oposición, pareciera que el razonamiento está al
revés. A las medidas que tienen un efecto positivo para sanear la economía se
les atribuye un impacto negativo, y así la inacción sigue siendo la única
decisión.
A lo largo de varios años escuchamos
a la oposición criticar un régimen cambiario que estimula importaciones baratas
que desplazan la producción nacional. La oímos cuestionar el precio de la gasolina que atiza un
consumo irracional y el contrabando de extracción. Criticaron un control de
precios que -al rezagarse en comparación con los costos-, condena a sus
empresas a sufrir pérdidas que desestimulan la producción y generan los
problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar despiertan
en la población. Pero esa misma oposición que una y otra vez exigió la
corrección de las distorsiones cambiarias, fiscales, monetarias y de precios,
tan pronto como el gobierno anunció su disposición de tomar medidas
correctivas, dio un viraje de 180 grados y se dedicó a desvirtuar las medidas
que hasta hace nada exigían, acusando al gobierno de estar preparando un
“paquetazo rojo” que empobrecería a la Nación.
Al gobierno le ha faltado una eficaz
campaña comunicacional para explicarle al país la conveniencia de las medidas
que hoy resultan más que obvias para normalizar el funcionamiento de la
economía. Atrapado en sus creencias limitantes, le atribuye un costo político a
los correctivos que más bien pudieran potenciar su opción de triunfo en las
próximas elecciones parlamentarias. En consecuencia, mantiene un régimen de
cambios múltiples que es aprovechado por los especuladores y corruptos que
andan a la caza de los dólares baratos de Cencoex y Sicad I para luego
venderlos más caros en el paralelo; mantiene un precio de la gasolina que arruina
a Pdvsa y es el principal incentivo al contrabando de extracción de más de 100
mil barriles diarios; y, refuerza un ineficaz control de precios de productos esenciales
que no se consiguen porque nadie los produce a un precio menor que lo que
cuesta fabricarlos.
El 70 % del PIB está bajo control del
empresariado privado que mayoritariamente simpatiza con la oposición, mientras
que los trabajadores se identifican con la acción gubernamental. Sanear la
economía para reactivar la producción y derrotar la inflación conviene a ambos,
pero requiere un acuerdo básico entre gobierno y oposición. Así como la batería
de un carro tiene una polaridad que debe respetarse para evitar un corto-circuito,
si el gobierno y la oposición se empeñan en colocarse los cables auxiliares al
revés –con la crítica negativa a medidas que tendrían un impacto positivo- se
prolongará la inacción que no deja corregir las distorsiones macroeconómicas ni
reactivar el aparato productivo.
La oposición juega a la inacción para
llevar al gobierno a perder las elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero
esta polaridad invertida no va a dañar la batería de un vehículo, sino los
mecanismos básicos de funcionamiento de la economía nacional. Ante el creciente
deterioro de la situación económica, un eventual gobierno de la oposición se
vería obligado a tomar -en el primer mes-, medidas tan antipopulares que provocarían
una crisis de gobernabilidad de enormes proporciones que les impediría
mantenerse en el poder.
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