Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El 22 de
junio el presidente Nicolás Maduro
oficializó la creación del Ministerio
de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, el cual se encargará de las
políticas para las empresas expropiadas y nacionalizadas. Si evaluamos su desempeño a la luz de la escasez de cemento, acero,
cabillas, aluminio, atún, harina de maíz, lácteos, café, botellas, envases
plásticos, agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y la amplia gama de
productos y servicios que deberían encontrarse en el mercado, obviamente que la
mayoría de estas empresas no pasa la prueba. Y si lo hacemos a la luz de las
nuevas relaciones sociales de producción que estaban llamadas a instaurar para
empoderar a los trabajadores sobre el control de los procesos de producción, entonces
el balance es mucho peor.
Al confundirse estatización con socialización, la propiedad de esas empresas
expropiadas no pasó a manos de los trabajadores ni de las comunidades, y por
eso terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el
pseudosindicalismo y la corrupción. Los trabajadores fueron desplazados por esas
camarillas burocráticas y nunca se sintieron verdaderos copropietarios sociales
ni dolientes de esas empresas.
Las erradas políticas económicas también influyeron
en su fracaso. Los severos controles de precios las obligan a vender por debajo
del costo de producción, y esto no les permite generar ingresos ni siquiera para
pagar la nómina. Dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de
los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA, el gobierno
no les puede transferir más recursos. La sobrevaluación de la tasa de cambio
propició toda clase de importaciones que arruinaron la producción nacional.
La otra causa de la bancarrota es la pésima
gerencia. Su dirección se entregó a gente sin formación ni experiencia. Al convertirse
en un botín para la corrupción, terminaron saqueadas por los grupos en pugna que
se disputan su control. Y mientras sean un instrumento del populismo clientelar,
sus nóminas se mantendrán sobresaturadas y los excesivos costos sentencian su
inviabilidad económica y financiera.
La alternativa es desestatizar esas empresas
a través de la democratización de la propiedad y la promoción de la inversión
privada nacional y extranjera. Se trata de promover la participación de los
trabajadores e inversionistas, dejando claro que los dividendos que
correspondan a la participación del Consejo de Trabajadores, en lugar de ser
repartidos como dividendos individuales, serán la fuente de financiamiento de
proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo en
la empresa.
La desestatización aliviará las exigencias en
cada contratación colectiva, ya que esas reivindicaciones quedarían cubiertas
con la inversión de los dividendos en proyectos de interés común. De esta
forma, los trabajadores –en lugar de reeditar el clima de conflictividad
laboral que se repite en las empresas estatales y privadas-, estarían cada vez
más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero en las empresas
donde ahora son copropietarios.
Los
inversionistas y accionistas privados también saldrán beneficiados con esta
nueva cultura corporativa de responsabilidad laboral, y podría despertar un
mayor interés en otros inversionistas, quienes estarían dispuestos a invertir
sus recursos en empresas en las que los trabajadores saben que de la paz
laboral y de su esfuerzo productivo dependerá no solo el pago de sus salarios,
sino los dividendos que se destinarán a financiar sus programas de interés
laboral y social. @victoralvarezr
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