La
revelación de las conversaciones secretas entre el Gobierno y algunos factores
de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero
compromiso de estos representantes de la Oposición de impulsar el Referendo
Revocatorio (RR) este año de 2016 y correr hasta las últimas consecuencias que
se deriven de la realización del mismo.
Estas
dudas se acrecientan aún más al conocer que fueron excluidos de estas
conversaciones importantes partidos políticos que integran la MUD, cuyos
principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.
Se obstaculiza la participación ciudadana
El CNE
decidió que la recolección del 20% de las manifestaciones de
voluntad, equivalente a 3.893.128 electores que se requieren para el RR, se
hará por estado entre el 26 al 28 de octubre. Esta decisión obliga a la MUD a lograr ese
porcentaje en cada una de los 24 estados que conforman el país. Esta
decisión se considera inconstitucional, toda vez que el cargo a revocar no es
el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya
circunscripción es nacional.
A finales de noviembre el CNE declarará si procede o no su
activación y solo a partir de diciembre se contarán los 90 días para que se convoque
el RR. Así, la consulta popular quedaría pospuesta para mediados del primer
trimestre de 2017.
En un apretado cálculo de los
centros de votación, mesas y máquinas necesarias para captar las 3.893.128 manifestaciones de
voluntad que se requieren para activar el RR, el CNE habilitará solo 5.392 captahuellas, repartidos en 1.356
centros a lo largo y ancho de los 335 municipios del país. Pero para que pueda participar
todo el padrón de 19.465.638 electores, las colas serían interminables y mucha
gente se quedaría frustrada al quedarse en la fila y no poder manifestar su
voluntad. Según cálculos de la MUD, se necesitarían al menos 19.500 máquinas en
6.500 centros de votación.
Por si fuera poco, el CNE adicionalmente
aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas, lo cual hará más
lento el proceso y dejará a muchos más electores por fuera. De hecho, este requisito de verificar los dedos pulgares
e índice de ambas manos es más engorroso que el de la validación de 1% del
Registro Electoral, cuando a los electores solo se les pidió colocar solo los
dedos pulgares.
En la validación del 1%, en
promedio dos personas validaban su voluntad cada minuto, pero al colocar cuatro
dedos se hará más lenta la verificación de las huellas y esto sentencia que el tiempo
promedio por elector inevitablemente aumentará.
Mientras
no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una
cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo y
retrasarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son
aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a
través del voto.
No puede
ninguna burocracia o nomenklatura política vulnerar los derechos políticos de
la ciudadanía que están consagrados en la CRBV. El
RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente
esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía
ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno.
El RR no es una
concesión a las cúpulas políticas de la Oposición sino un derecho de la
ciudadanía consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para
superar la actual crisis de gobernabilidad. La
realización o no del Referendo Revocatorio en 2016 no puede ser el resultado de
la negociación y pactos entre las élites políticas del Gobierno y la Oposición.
Este es un derecho constitucional que la ciudadanía tiene y que le permite ser garante del buen gobierno que quieren darse. El
RR es un derecho constitucional a través del cual se
concreta la democracia participativa y protagónica. Por lo
tanto, sería una burla a la ciudadanía cualquier pacto de cúpulas que conculque
los derechos políticos consagrados en la CRBV.
¿Por qué
la MUD prefiere dejar el RR para 2017?
A pesar de que la MUD cuestionó las condiciones aprobadas
para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, seguirá adelante,
según los declaró Vicente Bello representante técnico de la MUD ante el CNE. Para
dorar la píldora, anunció que la oposición denunciará ante el TSJ, la OEA y
otros organismos internacionales las condiciones ilegales que ha impuesto el Poder
Electoral para dificultar la masiva participación de la ciudadanía.
La
crítica que la Oposición le hace al Gobierno al priorizar los pagos de la deuda
externa por encima de las necesidades nacionales, sugiere que si el RR se
realiza este año y la MUD gana las elecciones, esas prioridades cambiarían
radicalmente.
Vale
recordar que el nuevo gobierno que resulte de un RR convocado en 2016 no
gobernará durante 6 años sino que completará el período constitucional hasta
2019. Durante ese lapso tendrá que optar entre pagar casi $ 30 mil millones en
capital e intereses de la deuda externa o reorientar estos fondos para cubrir
las importaciones de alimentos, medicinas e insumos que requiere la
reactivación del aparato productivo para poder erradicar la escasez que azota a
la población.
El
pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, es un
círculo vicioso que le quita hasta las ganas de gobernar. Por un lado, un
gobierno de la MUD no cambiaría nada si no cambia el cronograma de pagos que
sigue el actual gobierno. Pero por el otro, una moratoria unilateral puede ser
pan para hoy y hambre para mañana al cerrar las vías al financiamiento
internacional.
Si
la MUD no quiere arrancar enfrentándose a los acreedores, solo puede mantener
ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las
expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las elecciones presidenciales
de 2019. En ese caso sería mejor que en 2016 no haya RR para que no se
convoquen unas elecciones que a todas luces ganaría cualquier candidato que
postule la MUD. A sus precandidatos les preocupa esta probabilidad. Por eso hay
quien prefiere que el RR se posponga para 2017 y así el neo-oficialismo que
complete el período constitucional sea quien cargue con ese muerto y pague las
consecuencias de pagar o restructurar la deuda.
Este
u otro gobierno, en lugar de mantener la inercia de un cronograma de pagos que
se hace cada vez más inviable, debe plantear la conveniencia y viabilidad de
iniciar una reestructuración preventiva
para evitar un default caótico que pulverice el precio de los bonos y haga más
oneroso el nuevo financiamiento.
No
se trata de declarar una moratoria unilateral cuyas consecuencias serían muy
difíciles de reparar, sino de acordar con los acreedores una estrategia
ganar-ganar. Una reestructuración
preventiva facilitaría un acuerdo con los acreedores que prefieren evitar
los descuentos en la deuda que genera un default total.
Los
programas de reestructuración después de un default suponen rebajas
significativas, período de gracia y reprogramación de los pagos. Justamente
esto es lo que no le gusta a los acreedores quienes estarían dispuestos a
reprogramar los plazos inicialmente pactados para evitar los descuentos.
Lo que está en
juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la
amenaza de un estallido social pasa por aliviar la pesada carga de la deuda
externa que devora los recursos que se necesitan para reactivar el aparato
productivo y erradicar la escasez que ha puesto al país con las reservas de
petróleo más grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria
Algo que ha estado dando vueltas en mi mente es la sensación de que la MUD no le conviene que le revocatorio sea este año y que ya ese escenario lo discutió en su cúpula y la idea sin una justificación que sonara lógica encontró un asidero que no suena a descabellado y tiene mucho de lógica.
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