Víctor Álvarez R. /@victoralvarezr
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Venezuela
y Colombia comparten una frontera de 2.229
Km. Luego de siete años de tensiones y rupturas, los gobiernos de Nicolás
Maduro y Gustavo Petro decidieron reestablecer las relaciones diplomáticas y reabrir oficialmente la frontera común.
A las cámaras de
comercio e industria colombo-venezolanas les interesa el cierre de más 300
trochas en las que han proliferado poderosas mafias del contrabando que
perjudican el intercambio comercial formal entre ambos países. Venezuela es
el mercado natural para Colombia y viceversa. El restablecimiento de las
relaciones diplomáticas abre nuevas posibilidades para dinamizar el intercambio
comercial binacional que, en su mejor momento, superó los $ 7 mil millones. El
Ministerio de Industria y Comercio de Colombia espera cerrar 2022 con
exportaciones de $ 1.200 millones y en la Administración Petro llegar a $ 4.500
millones. Al gobierno de Maduro le corresponderá mejorar el diálogo
e interacción con el sector empresarial venezolano a fin de ampliar la oferta
exportable nacional y evitar así que se presente una balanza comercial
deficitaria con Colombia.
Para contrarrestar el aislamiento provocado por las sanciones, la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia ayudará a Venezuela a reconstruir las redes de suministro y a reinsertarse en las cadenas de valor de la comunidad andina. Por eso, el gobierno de Maduro evalúa regresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bien como miembro pleno o en la modalidad de asociación. Como miembro pleno tendría que aceptar todos los acuerdos, decisiones y resoluciones que conforman el ordenamiento jurídico andino en materia de acceso de bienes y servicios, medidas no arancelarias, normas de origen, normativa de propiedad intelectual, inversiones y servicios, y todo lo que tenga que ver con el libre tránsito de mercancías, capitales y personas.
Esta apertura a las mercancías y capitales
colombianos puede generar resistencias en sectores de la agricultura e
industria venezolana que apenas comienzan a recuperarse de una larga
contracción, pero ahora se sienten amenazados por su debilidad en materia de
calidad, productividad y competitividad. Sin embargo, la normativa andina contempla instrumentos de protección temporal
tales como: mecanismos
de salvaguardia, crisis de balanza de pagos, devaluación monetaria, franjas de precio para el sector agrícola, competencia
desleal por dumping y subsidios, y trato especial y diferenciado que,
bien negociados, puede ser el salvavidas para los sectores productivos
rezagados.
En cualquier caso,
será necesario una negociación con los países que conforman la CAN. Hasta que se
resuelva el conflicto político venezolano, EEUU entorpecerá este proceso, tal como lo
acaba de hacer con la objeción a los vuelos hacia Colombia de la sancionada
línea aérea Conviasa. Esta misma presión
la ejercerá a los demás países de la CAN.
En su necesidad de
construir una relación de confianza con el empresariado colombiano, el gobierno
de Petro se entenderá cada vez más con el gobierno de Maduro, que es quien
tiene el control del territorio. Por eso Petro ha reconocido a Maduro como el presidente
legítimo de Venezuela y le facilitó recuperar el control de Monómeros, la
principal empresa venezolana en Colombia. Esta decisión deja sin una importante
fuente de financiamiento a la oposición venezolana que opera desde Bogotá. Al gobierno
de Petro le interesa la solución del conflicto venezolano porque la
prolongación del mismo ha perjudicado demasiado los intereses económicos colombianos. Y la apertura de la frontera permitirá a los
empresarios colombianos recuperar el espacio económico que perdieron en
Venezuela.
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