Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El consenso entre los economistas indica que
el principal factor propagador de la hiperinflación es el financiamiento
monetario del déficit fiscal. El sector público consolidado ha registrado
déficits superiores a 10 % del PIB por más de seis años, lo cual se debe en
gran medida al empeño por mantener irracionalmente bajos los precios y tarifas
de los bienes y servicios públicos. Esto genera descomunales déficits que son
financiados con emisiones de dinero inflacionario.
Al gobierno también lo afecta la hiperinflación. La caída del poder adquisitivo de los
ingresos fiscales se agrava porque hay una desincronización entre el momento en
el que se generan los impuestos y el momento en el que se recaudan. Como la
hiperinflación también devora el poder de compra de los ingresos fiscales, los presupuestos se
vuelven sal y agua y el gobierno cae en el círculo vicioso de financiar el
déficit con dinero inflacionario. El déficit fiscal y su financiamiento con
emisiones de dinero por parte del BCV se han convertido en el principal factor
propagador de la hiperinflación que pulveriza los salarios de los trabajadores
y empobrece a las familias venezolanas. Erradicar la hiperinflación exige poner
freno al manejo irresponsable de la gestión fiscal y de la política monetaria. Veamos:
Al momento de escribir este artículo, el tipo de
cambio es 7.348 Bs/$. Un café cuesta 7.000 Bs, pero un litro de gasolina de 91
octanos cuesta 0,00001 Bs; o sea, apenas 0,000000001 $/litro. En América
Latina, el precio promedio es de 1 $/litro. Llenar un tanque de 60 litros
cuesta en Colombia $ 60, pero en Venezuela no se paga ni un centavo de dólar,
mientras que el café en la panadería cuesta casi un dólar. Este brutal
diferencial de precios es un incentivo perverso para el contrabando de gasolina
hacia Colombia, Brasil e islas de El Caribe donde la venden a 1$/litro.
Incluso, en las carreteras venezolanas, donde las estaciones de servicio no
reciben gasolina, se observa la multiplicación de vendedores ambulantes que
venden la pimpina de 20 litros entre 10-50 dólares; o sea, entre 0.50-1
$/litro. Mientras tanto, Pdvsa se cae a
pedazos y paga su nómina con las transferencias de dinero inventado de la nada
que le hace el BCV. Por eso, la gasolina regalada sale tan cara en cifras
inflacionarias.
Corpoelec tiene déficit porque con lo que factura
por tarifas de servicio eléctrico residenciales, comerciales e industriales no
puede pagar ni la nómina. En América Latina, cada KWh se factura en promedio a
0,10 $/KWh. Esto significa que una familia que consume de 500 KW/mes paga en
promedio 50 $/mensual. Pero en Venezuela pagamos solo 0,10 $/mes. Con lo que le
ingresa a Corpoelec no se puede pagar la nómina, mucho menos cubrir los costos
de mantenimiento. Ni hablar de nuevas inversiones. Por eso hay cada vez más
apagones a lo largo y ancho de todo el país. Por eso Venezuela se está quedando
a oscuras.
En el país pagamos Bs 15.000 por botellón de agua
potable para evitar enfermarnos del estómago. Un botellón promedio a la semana
son cuatro botellones al mes, equivalentes a 60.000 Bs/mes. Pero a las empresas
Hidro no le pagamos ni 2.000/mensual. En América Latina, en Lima se paga 0,38
dólares por metro cúbico de agua, en
Bogotá 0,24 $/M3, en Ciudad de México 0,15 $/M3, mientras que en Venezuela
apenas se paga 0,00001 $/M3. Con esas tarifas, las empresas Hidro que
suministran el servicio de agua potable no generan ingresos suficientes para
cubrir ni los costos de mantenimiento. Por esta vía, vamos hacia el colapso total
del servicio de agua potable Por eso los racionamientos del agua son cada vez
más largos. Por eso Venezuela tiene cada vez más sed.
Lo mismo ocurre con el servicio de gas doméstico. No
pagamos ni 1.000 Bs/mes por el servicio de gas comunal, pero los hogares pobres
que no reciben el gas por tubería tienen que comprar una bombona de gas pequeña
que tiene un precio regulado de 700 Bs/bombona de 10 kilos, pero que los
especuladores la revenden en 10.000 Bs/bombona, que equivale a $ 1,36, calculado
a 1 $=7.348 Bs.
Es tan demencial el rezago de los precios y tarifas
de los bienes y servicios públicos que las
medidas necesarias para su corrección no pueden ser tildadas trivialmente como la aplicación de una receta neoliberal.
Eso sería apelar a un argumento muy superficial que prolongaría la inercia e inacción
gubernamental, la cual no ha hecho más que agravar la escasez e hiperinflación
que azota a los hogares, empresas e instituciones venezolanas.
No se puede vivir de ingresos que no son fruto del trabajo
Los subsidios financiados
con la renta petrolera fueron un instrumento de política social que tuvieron por
objeto mejorar el ingreso familiar. Su impacto se vio mediatizado por una mala administración
que a la larga profundizó la desigualdad. Un buen porcentaje de los subsidios vigentes
no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los
necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. En el caso del susidio a los
combustibles y servicios públicos, se favorece más a sectores de mayores
ingresos que no necesitan que se les subsidie nada, cuestión que empeora la redistribución
regresiva del ingreso.
En Venezuela, los subsidios
y gratuidades de los servicios públicos hoy resultan insostenibles. Son la
reminiscencia de una cultura rentista que nos acostumbró a vivir de ingresos
que no son resultado del esfuerzo productivo. Nos acostumbramos a que todo lo pagara el petróleo,
nos acostumbramos a gratuidades indebidas que hoy nos están saliendo muy caras.
En las actuales condiciones de estancamiento de los
precios del petróleo y del colapso de la producción de Pdvsa, Venezuela ya no
recibe aquel caudal de petrodólares con los que financiaba los subsidios y
compensaba a las empresas públicas por el déficit que sufrían al verse
obligadas a mantener congeladas por largo tiempo sus tarifas. Ahora que no se pueden financiar
con la renta petrolera, los subsidios y bajas tarifas han degenerado en una
política antipopular, toda vez que el déficit se cubre con emisiones de dinero
hiperinflacionario que disuelven el salario real de los trabajadores,
pulverizan el ingreso familiar y agravan la inequidad en la distribución del
ingreso. Por si fuera poco, el colapso de las empresas amenaza con dejar al
país sin servicios públicos esenciales para la vida.
¿Cómo evitar que el
costo del ajuste lo paguen los más pobres?
Sustituir los hiperinflacionarios subsidios
indirectos a los servicios públicos por
subsidios directos a las familias en condición de pobreza, es la mejor manera
de erradicar los factores propagadores de la hiperinflación, sin perjudicar aún
más a quienes ya han sufrido en demasía. En adelante, para que sean eficientes
y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la
luz de unos principios rectores básicos:
ü Aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste
debe ser transitorio y otorgarse solo
mientras dure la condición que le dio origen.
ü Para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el
subsidio debe estar focalizado directamente
en hogares que realmente lo necesitan.
ü Ante el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes
restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben
ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.
La mejor manera de proteger el ingreso real de los trabajadores
y hogares es a través de una eficaz política antiinflacionaria, que ataque de
raíz el principal factor propagador de
la hiperinflación que, como ya explicamos, es el financiamiento del déficit de
las empresas públicas con emisiones de dinero que el BCV les transfiere para
compensar el rezago de las tarifas. Por lo tanto, sincerar las tarifas para
corregir el déficit de las empresas públicas no puede despacharse con la
crítica superficial de una medida neoliberal que descarga el costo del ajuste
en las familias más pobres. Sincerar las tarifas no solo será mucho más barato
para todos los hogares que la hiperinflación que causa la forma como se
financia el déficit de las empresas públicas, sino que además generará ingresos
para repotenciar gradualmente los servicios, mejorar su calidad e ir superando
los racionamientos de agua, electricidad y gas que atormentan a los hogares
venezolanos.
Los subsidios y bajas tarifas
hace tiempo que dejaron de beneficiar a los grupos más vulnerables de la
sociedad. El subsidio a la gasolina, electricidad, agua, gas, teléfono e
internet en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo resta
recursos para subsidiar a los sectores más empobrecidos y necesitados. Por eso,
muchos de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda
vez que estimulan su despilfarro y contrabando hacia países vecinos que
disfrutan de los bajos precios de los combustibles venezolanos. En lugar de
mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería internacionalizar el
precio del combustible y, con los recursos que se generen, subsidiar un
programa de subsidios directos a los hogares venezolanos para que con esas
transferencias de dinero puedan pagar el ajuste de las tarifas de agua,
electricidad, gas, teléfono e internet. De esta manera, el costo del ajuste no
lo pagarían las familias más pobres, sino las mafias que se benefician del
contrabando de extracción.
En todo caso, cualquier
decisión que se tome en materia de revisión y rectificación de la política de
subsidios a los bienes y servicios públicos no puede generar un solo pobre más.
Vamos a dar el necesario
debate para deslastrarnos de tantos dogmas y mitos que no ayudan a entender por
qué Venezuela está como está, ni mucho menos ayudan a vislumbrar una solución económica,
social y políticamente viable, cuyo costo no lo tengan que pagar los
empobrecidos de siempre, para que no lo tengan que pagar los que ya bastante
han sufrido.
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