Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Las agencias internacionales informan que representantes del Gobierno y Oposición
venezolanas se encuentran en Noruega para discutir posibles opciones de paz. Este sorpresivo
acercamiento se produce luego de cuatro meses de creciente tensión y sugiere
que las fuerzas en pugna estarían buscando
una opción alternativa, después de reiterados fracasos de diálogo para
superar la crisis de gobernabilidad que está hundiendo a Venezuela en el caos y
la pobreza.
En la radio y televisión
estatales de Noruega, NRK, se informó que los representantes de ambos bloques se han estado reuniendo en un lugar
secreto de la capital. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el
gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el diputado Stalin González y
los asesores Gerardo Blyde y Fernando Martínez serían los enviados para retomar
las negociaciones.
Noruega es uno de los
países europeos que se abstuvo de reconocer a Guaidó como presidente interino y
se limitó a llamar a nuevas elecciones libres en Venezuela. Tal postura ha sido
interpretada como una demostración de la voluntad de ese país nórdico para
mediar entre las partes rivales de Venezuela. En la historia reciente de
conflictos mundiales, Noruega
ha sido sede de importantes diálogos de paz y de acercamiento entre posiciones aparentemente
irreconciliables.
En Venezuela urge encontrar
una solución política y pacífica que evite el resurgimiento de la violencia que
en los últimos conflictos de 2017 dejó más de un centenar de muertos, miles de
heridos, detenidos, perseguidos, exiliados y una diáspora de venezolanos que ya
se cuenta por millones. La gran tarea de la mediación
internacional es impedir que los extremistas que buscan exterminar a su
contrario y ansían la rendición incondicional y humillante del otro, bloqueen
un acuerdo político entre Gobierno y Oposición y finalmente lleven al país a una
espiral de violencia civil que ponga en peligro la integridad del
Estado-Nación.
Cualquier gobierno que
sustituya al de Maduro recibirá un país en ruinas y, desde el inicio, tendría
que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios
macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela.
Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de
dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas
de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual No sería bien recibido
en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por
la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la
gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción; y, por si
fuera poco, reactivar el cobro de peajes para tener con qué repotenciar la destartalada
infraestructura vial.
El nuevo gobierno tendría
que ejecutar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración
pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar
entes públicos inoperantes y desestatizar y privatizar empresas públicas que
terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica una considerable reducción de las abultadas
nóminas de la burocracia pública.
Ese gobierno deberá acometer
con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme
peso que significa cargar con misiones sociales y productivas que nada tienen
que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y
comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar.
Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil
trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una
alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa.
Por si fuera poco, ese
nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de
renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son
cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento
internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos,
insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato
productivo.
Todos estos son problemas
económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de
cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento
monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes,
eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas
quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son pesados muertos
que ningún nuevo gobierno quisiera cargar. Nadie quiere arrancar su gestión
enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores
internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.
A la mayoría de estas
medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que
aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para
diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN. Por lo
tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno
estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico
generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias
de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e
hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.
Un país no puede funcionar con dos Asambleas
Nacionales, dos Tribunales Supremos de Justicia, dos Presidentes de la
República. Una Nación bicéfala carece de una visión compartida y jamás podrá
lograr una unidad de criterios que le de coherencia y eficacia a su acción. Esa
situación no puede continuar y tiene que cambiar. Y la única opción para
lograrlo en paz es reconociendo al contrario y sentándose a dialogar y negociar
hasta lograr el entendimiento nacional.
Lo que está en juego no
es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza
de un estallido social pasa por superar los graves problemas de escasez,
hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis
humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del
hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le
exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de
gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo
presidente y su consejo de ministros
rápidamente habrá perdido su credibilidad. Y con una producción de
petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo
postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada
deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la
crisis en tan poco tiempo. Pero
una población cansada de tanto esperar puede explotar.
Por eso, más allá del
afán que tienen los aspirantes a instalarse lo más pronto posible en el Palacio
de Miraflores, el interés nacional indica que sería mejor convocar las elecciones
presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la
mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Para evitar que un nuevo
gobierno pierda rápidamente la confianza y el apoyo del pueblo, es necesario evaluar
con sensatez la conveniencia y viabilidad de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a sanear la
economía y asegurar las condiciones electorales para convocar primero las
elecciones parlamentarias en diciembre de 2020 y luego las elecciones presidenciales
en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba del Gobierno de
Coalición un país que pueda gobernar.
La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política
y pacífica a la crisis venezolana. Las potencias que apoyan al Gobierno y a la
Oposición pueden ser interlocutores muy importantes en la construcción de unos
acuerdos básicos que reviertan la destrucción de la industria petrolera y de
todo el aparato productivo nacional, con su estela de desempleo, pobreza,
hambre y creciente diáspora de la población.
El régimen cubano acaba de cumplir 60 años y
el bloqueo económico que empeoró sobremanera las condiciones de vida en la isla
se quedaron muy lejos de provocar el cambio político que buscaban. Siria ha sido ferozmente bombardeada y después de
siete años de guerra ya se habla de la victoria de Bashar al Asad. Corea del
Norte por décadas ha estado aislada y la dinastía Kim se ha perpetuado en el
poder. Las frecuentes sanciones contra Irán tampoco han provocado un cambio de
régimen. Y cuando la
intervención militar fue eficaz para derrocar un gobierno, a la larga resultó
inútil para reestablecer la paz y recuperar la gobernabilidad. Así lo demuestran
las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia y Siria, las cuales han
disparado una espiral de violencia interna que no han podido contener.
La ineficacia de las sanciones puede
reeditar en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando el bloqueo económico lanzó
la isla a los brazos de la URSS y terminó convertida en un satélite soviético
en el Mar Caribe. Maduro
ya ordenó que la oficina de Pdvsa-Europa
ubicada en Lisboa, sea trasladara a Moscú. Esto permitirá una mayor
influencia de las petroleras rusas Rosneft, Lukoil y Gazprom sobre Pdvsa. El endurecimiento de las sanciones internacionales
no es garantía de un cambio político. Por el contrario, puede tener un efecto
contraproducente. A medida que se cierren los mercados económicos y financieros
en EEUU y UE, el gobierno de Maduro buscará apoyo en Rusia y China, quienes
pueden ofrecer auxilio financiero a cambio de más concesiones en la Faja
Petrolífera del Orinoco (FPO) y en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
La
solución de la crisis venezolana no se logrará en los organismos
internacionales como la ONU, OEA o UE, pero esto no implica que la solución
política y pacífica deseada no tenga un alto componente geopolítico. Ante la inoperancia
de los organismos internacionales para lograr una solución política y tomado en cuenta el apoyo que EEUU y la UE le han dado a la Oposición y
del respaldo que Rusia y China le han dado al Gobierno de Maduro, la mediación de
estas potencias sería un factor clave para que Oficialismo y Oposición retomen
la negociación de una solución política y electoral. EEUU, UE, China y Rusia pueden acordar
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una oferta creíble al Oficialismo y la
Oposición para conformar un Gobierno de Coalición, conformado por sectores democráticos y moderados de ambos bloques que
se comprometan a priorizar el interés nacional. Este acuerdo se basaría en la
sustitución de las sanciones por incentivos económicos y financieros a cambio
del compromiso del Oficialismo y la Oposición para conformar un Gobierno de
Coalición que saque al país de la crisis.
¿Cuáles serían los incentivos al Gobierno de
Coalición?
ü Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
ü Reapertura del mercado petrolero para las exportaciones de Pdvsa
ü Protección de los activos de Pdvsa y Citgo para que no sean embargados
ü Refinanciamiento de la deuda externa
ü Nuevo financiamiento internacional
ü Inversiones extranjeras para reactivar la economía
ü Ayuda humanitaria para atender la emergencia
¿Cuáles serían los compromisos?
ü Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
ü Liberación de los presos políticos
ü Rehabilitación de los partidos ilegalizados
ü Renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE)
ü Depuración y actualización del Registro Electoral Permanente (REP)
ü Convocatoria de Elecciones Parlamentaria en diciembre de 2010
ü Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
ü Garantías para la postulación de candidatos
ü Transparencia en el financiamiento de la campaña electoral
ü No uso de los recursos públicos para promover candidatos
ü Observación internacional de todo el proceso electoral
¿Cuál sería la misión del Gobierno de Coalición?
ü Concertar, aplicar y apoyar el Programa de Reformas Económicas
ü Convenir la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
ü Garantizar la seguridad jurídica a la inversión productiva
ü Respetar los derechos de propiedad
ü Garantizar derechos políticos al sector que resulte derrotado en las
elecciones
ü Ofrecer incentivos para el desarme y pacificación de colectivos y
paramilitares
Como puede apreciarse, se trata de concesiones que
ambas partes harían para la conformación de un Gobierno de Coalición que
contaría con apoyo internacional en función de viabilizar las medidas económicas necesarias para
crear un clima propicio a la inversión y financiamiento de la reactivación
productiva, en función de superar los problemas de escasez e hiperinflación.
Oficialismo y
Oposición compartirán el mérito de los éxitos que logre el Gobierno de
coalición y ninguno monopolizará estos logros para sacarles provecho en la confrontación electoral. Un Gobierno de
Coalición contribuirá también a bajar el volumen y des-radicalizar el discurso
de la polarización política, en función de crear un clima de creciente
entendimiento nacional.
Las
parlamentarias se realizarán primero en diciembre de 2020 para dar tiempo al Gobierno
de Coalición de aplicar el programa de ajuste económico y así liberar al nuevo
presidente electo de tener que tomar medidas antipopulares, con el consiguiente
costo político que lo llevaría a perder la mayoría en las elecciones
parlamentarias. De esta forma, quien resulte ganador en las presidenciales,
contará con una mayoría en la AN que apoye su gestión, y recibirá del Gobierno
de Coalición una economía saneada -sin escasez y sin hiperinflación-, así como
un país pacificado que se pueda gobernar.
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