Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
En
octubre de 2016, Pdvsa propuso un canje de la deuda que se vencía en 2017 por
un nuevo bono con vencimiento en 2020, ofreciendo un interés de 8,5% anual. La meta era cajear $ 5.325 millones de los $ 7.100 millones del bono Pdvsa
2017. La oferta fue dirigida a los tenedores de bonos con vencimiento en abril
de 2017 ($ 3.000 millones, con 5.25% de interés) y noviembre ($ 4.100 millones,
dividido en 50% a pagar en Noviembre 2016 y el otro 50 % en Noviembre 2017,
ambos tramos con 8.5% de interés). Como puede apreciarse, el incentivo de una
tasa de interés mayor solo surtía efecto para los tenedores del Pdvsa abril
2017 que devengaban 5.25%. Los tenedores de los bonos con vencimiento en
noviembre ya recibían el mismo 8,5 % de interés que se ofrecía y, por lo tanto,
no se sentían lo suficientemente incentivados para proceder al canje.
El factor de canje inicial fue de uno por uno, lo que implicaba para los
inversionistas cambiar el bono 2017 por otro bono 2020, sin recibir un mayor
pago o beneficio especial. Por eso, el canje no resultó atractivo para los
que ya tenían el cupón de 8.5% y, más bien, preferían cobrar antes que seguir
expuestos al deterioro de Pdvsa. Estos bonistas no encontraban una adecuada
compensación para demorar por tres años más el cobro del bono a una empresa con
una producción declinante que cada vez tenía menor capacidad de pago debido al
colapso de los precios del petróleo y su deficiente gestión operacional. Para
entonces se había iniciado el retiro de eficientes contratistas petroleros que
fueron sustituidos por improvisadas empresas de maletín, con poca capacidad
técnica y gerencial.
En vista de la poca aceptación de los llamados de Pdvsa para el canje de
bonos 2017 por títulos 2020, la compañía optó por atemorizar a los tenedores de
bonos, argumentando que -de no lograr la meta mínima del 50 %-, la empresa
incurriría en default
al no contar con fondos para pagar.
Como esto tampoco resultó, para estimular el canje se ofreció
como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo.
Pdvsa tuvo que modificar las condiciones para
incentivar el interés de los acreedores, cuestión que implicó un costo mayor
para la compañía. Aumentó el factor de canje al ofrecer $ 1,17 y $ 1,22 del
bono 2020 por cada dólar del bono 2017. Esto quiere decir que los $ 5.325
millones, al aplicarle el nuevo factor de canje, aumentaron a $ 6.384 millones.
A pesar de que Pdvsa no recibió un dólar fresco, aquel canje significó una
deuda adicional de $ 1.059 millones.
Y así, del 100 %
logró canjear el 52%. Es decir, de la meta de $ 5.325.millones Pdvsa logró cambiar
$ 2.800 millones, por los cuales tendría que pagar $ 3.400 millones hasta el
2020. Este canje del 52% conjuró el riesgo de caer en cesación de pagos para el
año siguiente. De forma desagregada el
canje del Bono 2017 por el Bono 2020 significó que:
Se
postergaron pagos por $ 1.668 millones en 2016 y $ 1.839 millones en 2017
Se realizaron
pagos por $ 2.003 millones en 2018
Se
realizarían pagos por 1.867 millones en 2019 y 1.732 millones en 2020
Al comparar
el servicio de deuda (amortización e intereses) entre 2016-2017 y 2017-2020, el
monto adicional a pagar sube en $ 2.095 millones.
Al
conocerse los resultados, los bonos de Pdvsa abril 2017 subieron 1,3% y los
bonos noviembre de 2017 mejoraron 0,9%.
Pese a la baja de
los precios del petróleo y la declinación en la extracción de crudos, Pdvsa
logró un respiro con esta operación. Ciertamente
debió ser un proceso mejor pensado y planificado, con atractivas condiciones
desde la oferta inicial para evitar el riesgo que las calificadoras de riesgo
degradaran la valoración de los bonos.
En
aquel momento, la Asamblea Nacional (AN) controlada por la Oposición acordó: “Rechazar que dentro de la operación de
canje se ofrezca como garantía el 50.1% de las acciones que conforman el
capital social de Citgo Holding INC, o que se constituya garantía sobre
cualquier otro bien de la Nación”. En consecuencia, aquella operación
financiera fue considerada nula por la AN.
¿Qué
explica ahora que la misma AN controlada por la Oposición que declaró nulo el
canje decida pagar los intereses que genera la operación? ¿Acaso los acreedores
no pueden entender que Venezuela sufre una crisis humanitaria y no está en
condiciones de honrar esa deuda porque en el país hay emergencias que atender?
El 27 de abril de 2019 Pdvsa tenía que pagar
intereses por $ 71 millones por el Bono 2020. El valor de Citgo se estima en $
8.000 millones. El argumento de la AN para aprobar el pago es evitar perder
Citgo por no pagar $71 millones. Ciertamente, si no se paga a los
tenedores de los bonos, estos pueden activar la ejecución de la garantía
prevista en los contratos. Además, ahora la responsabilidad de perder Citgo ha
quedado en manos de Guaidó. Recordemos que la AN acordó nombrar una
junta administradora de Citgo para evitar que la compañía terminara en manos de
los acreedores. En
consecuencia, Citgo quedó bajo la responsabilidad del gobierno interino y dejar
perder la compañía ante la voracidad de los acreedores tendría un alto costo
político para Guaidó de cara a una futura elección presidencial.
Para
conjurar esta amenaza, la AN acordó pagar ese monto y así asegurar que Citgo
continuara bajo el control del gobierno de Guaidó. Sin embargo, es
contraproducente para el interés nacional pagar esa deuda el primer día de su
vencimiento, en lugar de apelar a cualquiera de los mecanismos que existen para
prorrogar ese pago, los cuales van desde solicitar los 30 días de prórroga
hasta el refinanciamiento de la deuda, pasando por una moratoria temporal de
los próximos pagos. Sobre todo cuando es pública y notoria la intensa campaña
internacional para solicitar ayuda humanitaria en favor de Venezuela.
¿Cómo
explicarle a la nación y a la comunidad internacional que en medio de la crisis
humanitaria se priorice pagar una deuda que la propia AN dijo que era ilegal?
En las actuales circunstancias, lo lógico sería renegociar el cronograma de
pagos en vez de apurarse en pagar $ 71 millones en intereses que bien podrían
destinarse a la importación de alimentos y medicinas para ampliar el alcance de
la ayuda humanitaria. La crisis humanitaria es un poderoso argumento para
justificar una moratoria de la deuda y evitar la ejecución de la hipoteca de
Citgo, toda vez que la prioridad es destinar esos fondos para salvar millares
de vidas.
En el
peor de los escenarios, Citgo podría esperar la demanda de los acreedores y
entrar en un largo juicio que permitiría ganar unos años, con la expectativa de
que la situación mejore y Pdvsa pueda recuperar su producción y capacidad de pago.
La
pugna entre deudores y acreedores por el pago de una deuda suele alterar la
jurisprudencia que rige la materia. Argentina tuvo que atravesar un largo
proceso de 15 años hasta que los acreedores individuales que no quisieron
acogerse a la reestructuración (holdouts) finalmente lograron mejores
resultados que los acreedores que si aceptaron las condiciones del canje.
Cuando
la mayoría de los tenedores de bonos conviene en descontar o posponer el cobro
de sus acreencias, pero quedan acreedores individuales (holdouts) que exigen el
pago total de la deuda en la fecha inicialmente prevista -si no hay reglas
generales para que todos los acreedores semejantes reciban un tratamiento
también semejante- a la larga los tenedores de bonos que se niegan a aceptar el
canje son los que se benefician del riesgo que corren los demás bonistas que
aceptan el canje. Por esta razón, los tribunales de quiebras y los bonos con
cláusulas de acción colectiva (CAC) tratan de imponer a todos los bonistas,
incluso a los holdouts, las condiciones que son aceptadas por la mayoría de los
acreedores.
En el
caso de Venezuela, salvo algunas excepciones, los bonos de la deuda soberana
tienen CAC y no habría mayor obstáculo. El problema se presenta con los bonos
de Pdvsa que han sido emitidos en EE.UU. Por ser una compañía, la ley exige a
los bonos corporativos no incluir CAC. Por lo tanto, si Pdvsa no le paga a
acreedores individuales que no acepten las condiciones del canje, estos pueden
demandar a la compañía cuyos activos son susceptibles de embargo.
Bajo
la calificación de Citgo como alter ego de Pdvsa, la compañía podría ser presa
de cualquier acreedor. Así, un default del 2020 podría acelerar las acciones
judiciales y desatar una rapiña en la que ningún acreedor desearía quedarse
fuera del reparto. En caso de aceleración de los pagos de otros bonos, los
acreedores reclamarían el pago del total de la emisión.
En el
caso de Irak, luego de la caída de Saddam Husein, el gobierno de los EE.UU.
emitió una Orden Ejecutiva para preservar los activos en EE.UU. y usarlos en la
reconstrucción. El Consejo de Seguridad de la ONU por unanimidad respaldó esa
decisión. Expertos en reestructuración de deudas han recomendado esta alternativa
para evitar que los activos de Venezuela sean sometidos a una rapiña por parte
de los acreedores desesperados por cobrar sus préstamos o inversiones.
La
Orden Ejecutiva 13303 se aprobó después de la Resolución 1483 del Consejo de
Seguridad de la ONU. Sobre esta base se maneja la posibilidad de lograr una
orden de protección de activos, si el caso de Venezuela como un país que sufre
una crisis humanitaria se lleva a la Organización de las Naciones Unidas. Esta
gestión puede lograr el apoyo de China y Rusia a quienes les interesa proteger
Citgo ante el riesgo de que sea rematada por una Corte estadounidense para
pagar a los tenedores del Bono 2020 o para cancelar la indemnización a
Crystallex que hace rato le tiene el ojo puesto a la filial de Pdvsa.
En el
caso venezolano, hasta ahora no se ha podido conseguir una Orden Ejecutiva
semejante a la que favoreció a Irak. Y sin esta, si al final del período de
gracia no se ha pagado, basta que el 25% de los acreedores pida la ejecución de
la garantía para que se active el litigio. En ese caso, los acreedores
podrían reclamar no sólo el pago de los intereses pendientes, sino el total de
la deuda que suma $ 1.700 millones. La Corte estadounidense vendería el
activo que se ofreció en garantía del Bono 2020, que es el 50.1% de las
acciones de Citgo, cuyo valor está en torno a los $ 4 mil millones. Con
estos recursos se pagaría a los bonistas $ 1.700 millones y a Pdvsa se le
reintegran los $ 2.300 millones restantes. Pdvsa se quedaría con este
monto y mantendría en su poder el 49.9% de las acciones de Citgo. Por lo tanto,
se puede decir que Pdvsa pagaría con la venta de estas acciones su deuda, pero se
perdería la mayoría accionaria de Citgo.
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