La tragedia económica y social de Venezuela

Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias

Según el FMI, en 2018 la contracción del PIB en Venezuela fue de -18% y en 2019 de -35%.  Entre 2013-2019 se acumula una caída de 65 %. En 2020, debido a la inactividad económica causada por el Covid19, la economía continuará cayendo en picada. La inflación en 2018 fue de 65.000%, en 2019 se estimó en 200.000% y, según los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, la acumulada hasta agosto de 2020 superó el umbral de 1.000 %.

Esta tragedia económica tiene su explicación. Una larga sobrevaluación del tipo de cambio estimuló toda clase de importaciones que desplazaron y arruinaron la producción nacional, rígidos controles de precios asfixiaron la actividad productiva y comercial, la ruinosa ola de expropiaciones y un ambiente de creciente inseguridad jurídica desestimularon la inversión y así se fue apagando la actividad productiva. La escasez de productos y la emisión desmesurada de dinero para cubrir el déficit de las empresas públicas se combinaron para desquiciar una voraz hiperinflación que volvió sal y agua el ingreso de los hogares.

Venezuela no solo ha dejado de ser un país rentista sino que está dejando de ser un país petrolero. La extracción de crudos  cayó de 3 millones de BPD en 2012 a menos de 400 mil BPD en el primer semestre de 2020. La capacidad de refinación está en ruinas y por eso hay escasez de combustibles. Por si fuera poco, las sanciones económicas han sido el golpe de gracia para un país exhausto.

Sin ingreso fiscal petrolero y con una economía contraída la recaudación fiscal se ha desplomado. Las empresas en quiebra no tienen cómo pagar ISLR y la informalización de las operaciones de compra venta que no exigen la factura para evitar el pago del IVA merma aún más los ingresos fiscales. El gobierno no cuenta con recursos para repotenciar los servicios de agua, energía eléctrica, gas doméstico y telecomunicaciones. A todas estas, el BCV continúa emitiendo dinero para financiar empresas públicas deficitarias, atizando así la hiperinflación que disuelve el ingreso real y empobrece a la población.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) el 79 % de los hogares está en condición de pobreza al no poder cubrir el costo de la canasta alimentaria.

De acuerdo a los cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores CENDA, la Canasta Alimentaria para el grupo familiar de 4 personas en el mes de julio tuvo un costo de Bs. 45.519.252,73, equivalente a $ 183.

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), el precio de la Canasta Mínima Alimentaria conformada por solo 15 productos se ubicó en julio en 6.906.073,51 bolívares, equivalente a $ 25,86, mientras que el salario mínimo apenas equivale a $ 1,5. 

Esto quiere decir que se requieren 17,2 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria.

El acelerado empobrecimiento ha causado una diáspora sin precedentes. Según ACNUR, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados que se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda y la xenofobia.

Esta es la lamentable tragedia económica y social que sufre el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo.