Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El Referendo Revocatorio (RR)
es la vía constitucional que tiene la ciudadanía para resolver pacíficamente una
crisis de gobernabilidad. Si bien el proceso para activar el RR opera como una
válvula de escape para transformar el creciente descontento en una esperanza de
solución constitucional y democrática, obstaculizarlo puede exacerbar la
indignación de la gente y transformarla en crecientes manifestaciones de
agresividad y violencia que pueden llevar al país al borde de una conmoción
social y de una crisis de gobernabilidad de peores proporciones a la que ya
estamos sufriendo.
El Gobierno debe hacer
una lectura correcta de las firmas recogidas por la MUD, toda vez que la cifra sobrepasa
desmesuradamente el 1% del padrón electoral de 19.572.144 votantes, equivalente
a 195.721 firmas. Ponerse a buscar pestañas en la sopa para hacer creer que la
Oposición no recogió las firmas requeridas revela cuál va a ser su reacción cuando
se conozcan los resultados del RR. Por eso, la catarsis que
significó la recolección de las firmas se tensa nuevamente con la actitud ambigua
de un CNE que no le habla claro al país.
Hay que garantizar
que el RR no será entorpecido por las triquiñuelas de quienes se aferran al
poder. El CNE debe garantizar
el derecho al voto a la luz de lo establecido en los artículos 63, 64 y
293 de la CRBV, y 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que sea el clamor nacional el que decida si quiere que Nicolás Maduro
siga en la presidencia, o prefiere ir a elecciones para designar un nuevo
mandatario. El CNE tiene que ser un árbitro neutral y
no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que pretenden
saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni de aquellos
que a nombre del derecho que tienen de supervisar todos y cada uno de los pasos del proceso, se obstinan en atravesar revisiones
distintas a las estrictamente establecidas en las leyes, mucho menos si éstas validaciones
pretenden ser ejecutadas por un personal ajeno al CNE. Al convalidar maniobras
para adelantar o retrasar el RR y violentar los lapsos rigurosamente
establecidos, el CNE pondría en duda la neutralidad, diligencia y pulcritud con
la que condujo esta consulta popular.
El oficialismo
quiere desalentar a los partidarios del RR argumentando que no dan los lapsos
para realizarlo este año. Pero al obstaculizar el proceso le tiende la alfombra
a los violentos que deliran con una gran confrontación final para definir quién
es quién. Si Nicolás Maduro quiere
concluir en paz su período presidencial, en lugar de ponerle trabas al RR, lo
que tiene que hacer es poner en marcha un conjunto de eficaces políticas y
estrategias para erradicar la escasez, el acaparamiento, la especulación, la
inflación, la inseguridad, la crisis eléctrica y el racionamiento de agua y así
revertir el creciente descontento popular. Pero Maduro se empeña en atribuir
esta problemática única y exclusivamente a la guerra económica, sin reconocer
la cuota de responsabilidad que tienen las desviaciones y errores de su
política económica.
Nicolás Maduro está
preso de una parálisis paradigmática que le impide tomar las medidas eficaces
para frenar el acelerado deterioro de la situación económica, social y política
que afecta al país. Y su inercia es agravada por una nomenklatura enquistada en
el poder que ha hundido al Gobierno en un fango de incapacidades, conflictos de
intereses y complicidades. Si se prolonga la inacción y estos terribles
flagelos se siguen agravando, el Gobierno seguirá perdiendo el apoyo del
pueblo, incluyendo las bases que se declaran de izquierda, socialistas y
revolucionarias, quienes consideran que Maduro dilapidó el enorme capital
político que Chávez le legó y terminó dando al traste con la esperanza que una
vez la Revolución Bolivariana representó.
Ciertamente, el
Gobierno luce desbordado por la grave crisis económica y cada vez más
desacreditado por frecuentes casos de corrupción. Estos escándalos involucran a
altos cargos que, al ser personal de confianza, deberían ser los garantes de la
transparencia y pulcritud de la gestión gubernamental. Sin embargo, muchos funcionarios
han sido descubiertos in fraganti en delitos de corrupción. Y otros que no han
sido apresados, desertaron para entregarse como testigos protegidos y han
revelado pruebas que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, cuestión
que ha contribuido a desmoralizar las bases de apoyo social que sufren los estragos
de la crisis económica. Sobre todo porque la gente de a pie se siente víctima
de las privaciones y sufrimientos que el Gobierno atribuye a los programas de
ajuste económico del FMI, pero sin que haya aplicado ningún recetario de
medidas para poner fin al deterioro económico. Por el contrario, a pesar de las
penurias que la atormentan, la única certeza que tiene la gente es que cada
mes, cada semana, cada día, la situación se pone peor.
La creciente angustia abona
la falsa expectativa de que basta con revocar a Maduro para que al día
siguiente el país amanezca mejor. Pero llevará tiempo reconstruir el aparato
productivo nacional en medio del colapso de los precios del petróleo, los
fuertes pagos de la deuda externa y las indemnizaciones por expropiaciones que
el país debe encarar si quiere recuperar la confianza y tener acceso al
financiamiento internacional que necesita para reactivar la economía y superar
los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida.
En lugar de embarcar al
país en el desgaste de un RR, Gobierno y Oposición pudieron haber concertado
una agenda de interés nacional para complementar las capacidades y recursos de
los poderes ejecutivo y legislativo en función de sacar al país de la crisis.
Pero la mayoría opositora en la AN prefirió lanzar un grito de guerra al
Gobierno, sentenciando que en seis meses le pondría fin a su mandato. Y el
Gobierno, en lugar de dar un paso táctico llamando a un Gobierno de Coalición
para evitar la activación del RR, se acuarteló en una rabiosa y torpe defensa
que le ha impedido rectificar y reinventarse para prolongar su esperanza de
vida. Nicolás Maduro todavía tiene tiempo para convocar un Gobierno de
Coalición, ya no tanto para corresponsabilizar a la Oposición en el manejo de
la crisis, sino más bien para compartir con ella el mérito de haber evitado el
estallido de una conmoción social y de una crisis de gobernabilidad. Pero para
eso se necesita que al Gobierno y la Oposición los guíen la fortaleza de la humildad
y la grandeza que solo la sabiduría otorga. ¿La tendrán? @victoralvarezr
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