Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
En Venezuela hay una
crisis de gobernabilidad económica que se expresa en los problemas de escasez, acaparamiento, especulación,
inflación, crisis eléctrica y racionamiento de agua que azotan a la población. La
política oficial plagada de controles se ha convertido en caldo de cultivo para
la proliferación de prácticas discrecionales y arbitrarias del burocratismo
corrupto que gana cada vez más espacios en el andamiaje institucional del
Estado. El Gobierno luce cada vez más desacreditado por los frecuentes casos de
corrupción que involucran a altos cargos. Estos, al ser personal de confianza,
debieron ser garantes de la transparencia y pulcritud de la gestión
gubernamental. Sin embargo, muchos han sido descubiertos in fraganti en delitos
de corrupción. Y quienes no han sido apresados, han desertado para entregarse
como testigos protegidos y revelar pruebas que involucran a importantes
dirigentes y funcionarios del Gobierno.
En Venezuela hay una crisis
de gobernabilidad social que se expresa en el
creciente empobrecimiento de la población. Cada vez hay más dificultades para
tener acceso a los alimentos, medicinas y demás bienes y servicios que se
requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de una familia.
La crisis hospitalaria, el colapso de los servicios de electricidad, agua y
gas, la inseguridad y criminalidad atizan el descontento y malestar que se
expresa en la intensificación de las protestas y saqueos a lo largo y ancho del
territorio nacional, y ponen al país a las puertas de una conmoción social.
En Venezuela hay una crisis de
gobernabilidad política que se expresa en el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
en el cual el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado partido a favor del
primero, declarando como inconstitucionales las leyes que aprueba la AN. Por
eso, el nuevo parlamento no ha sido
capaz de ponerle límites al Gobierno y, por el contrario, luce apabullado y arrollado
por el contubernio entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El gran acuerdo que el electorado esperaba
entre ambos poderes luego de las parlamentarias del 6-D no se logró debido a que
desde su instalación el 5 de enero, la AN parece más preocupada por
interrumpir el mandato de Nicolás Maduro que por impulsar una Agenda
Legislativa Económica para salir de la crisis. La nueva directiva de la AN -en lugar de hacer un llamado a la
complementación de ambos poderes en un marco de corresponsabilidad política-,
optó por lanzar un grito de guerra y comenzar la cuenta regresiva de 6 meses que
le pondría fin a la presidencia de Nicolás Maduro. La euforia
amenazante de la Oposición y la torpeza defensiva del Gobierno se han combinado
para desatar esta crisis de gobernabilidad política.
La
ciudadanía habló duro el 6-D y provocó un cambio en la
correlación de fuerzas con la esperanza de lograr decisiones concertadas entre
los poderes ejecutivo y legislativo. El país se pronunció por un acuerdo para
superar los problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida e inseguridad. A raíz de los resultados
de las elecciones parlamentarios se observó una mejoría en los índices
emocionales positivos de la gente, tales como la esperanza y el optimismo. Pero como ni el
Gobierno ni la Oposición han sabido interpretar el clamor nacional, los
electores se sienten defraudados. Sus expectativas
de cambio han sido defraudadas y por eso los
indicadores emocionales nuevamente se han deteriorado al incrementarse la
preocupación, el malestar, la frustración, el pesimismo y la desesperanza.
La
dirigencia política no logra ponerse en sintonía con las demandas de los
ciudadanos. El Gobierno, en lugar de tomar los correctivos necesarios para
asegurar una eficiente gestión económica que ayude a superar el desabastecimiento
y alto costo de la vida, le atribuye esta problemática a la guerra económica.
Por eso los estudios de Hinterlaces concluyen que Maduro ha caído en una trampa
cognitiva “viviendo una fantasiosa épica revolucionaria”.
Por su parte, la Oposición apuesta a la inacción del Gobierno para acelerar el
deterioro económico, agravar el malestar social y potenciar su aspiración política
de derrotar a Maduro en el Referendo Revocatorio.
A todas estas, el Gobierno está atrapado en un
círculo vicioso. El quid de la cuestión
radica en los lapsos que la nomenklatura aferrada al poder quiere demorar para
ampliar su esperanza de vida, aun cuando el mandato de Nicolás Maduro sea
finalmente revocado. Si el Referendo Revocatorio
se realiza después de los cuatro años, esa nomenklatura se mantendrá en el
poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro. Y
quienes todavía no se reponen por no haber sido los escogidos para reemplazar
al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle toda la responsabilidad de su
derrota y de execrarlo como líder del chavismo.
En lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una
nomenklatura burocratizada y corrupta que de todas formas lo terminará acusando
de haber dilapidado el enorme capital político que Chávez le legó, Nicolás
Maduro pudiera pasar dignamente a la historia de Venezuela como un mandatario
que al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela,
prefirió hacerse a un lado y renunciar para que el pueblo al que tanto ama y en
el que tanto confía sea quien resuelva de manera constitucional, democrática y
pacífica la crisis que azota a la Nación. Incluso, en el escenario de una renuncia, ante las
dificultades que tendría la Oposición para escoger un candidato de consenso
para las presidenciales que se realizarían en 30 días, el oficialismo, aún diezmado,
potenciaría la opción de triunfo de su candidato al enfrentar a una Oposición
dividida que dispersaría sus votos en dos o más candidaturas.
Pero si el oficialismo decide medirse antes en las
elecciones de gobernadores para retrasar el Referendo, las encuestas revelan
que perdería la mayoría de las gobernaciones. Por lo tanto, si el Revocatorio se
realiza después de los comicios regionales, la paliza que recibiría el
oficialismo sería de tal magnitud que le quitaría respaldo y legitimidad al
Vicepresidente para que concluya el período presidencial. Esto agravaría aún
más la crisis de gobernabilidad y finalmente obligaría al presidente encargado
a renunciar para convocar elecciones presidenciales y dejar que sea la
ciudadanía la que escoja un nuevo mandatario. Para el oficialismo, el Referendo
Revocatorio si se hace es malo, pero si
no se hace es peor. @victoralvarezr
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