viernes, 26 de febrero de 2016

No inventes una guerra si vas a perderla


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Una Revolución verdadera es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. La sincronización de este proceso es clave para no dejar vacíos que faciliten la restauración del viejo orden que, aunque doblegado, nunca quedará del todo erradicado. Destruir la economía capitalista sin construir simultáneamente una eficiente economía socialista terminó siendo el atajo perfecto para hundir al país en este círculo vicioso de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que atormenta a toda la población.

Si la destrucción creativa de lo viejo no termina de sincronizarse con la construcción de lo nuevo, la gente que sufre esos estragos concluirá tajantemente que: “si esta calamidad es el socialismo, mejor me quedo con el capitalismo”. Así se restaurará el orden anterior y pasará mucho tiempo para que la gente sencilla del pueblo vuelva a creer en el socialismo como vía para lograr una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Esto ya pasó en la URSS y los países del llamado socialismo del siglo XX.

La narrativa de la guerra económica ya no convence

Según Hinterlaces, apenas un 35 % de la población -menos del 42 % de la votación que sacó el oficialismo en las elecciones parlamentarias-, cree en la narrativa de la guerra económica. Ya ni los partidarios del gobierno le dan crédito a esta tesis. Por el contrario, un 90 % se pronuncia en favor de un acuerdo entre los sectores público y privado para sacar a Venezuela de la crisis.

Una Revolución verdadera siempre será atacada por los poderosos intereses que golpea y afecta. Por eso, no puede permitir ninguna desviación o error que facilite el hostigamiento de quienes conspiran y pretenden desestabilizarla. Los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación que el gobierno identifica como expresión de la guerra económica, son atribuidos a los enemigos de la Revolución que pretenden dar al traste con el proceso de transformación. Pero el gobierno no reconoce ninguna responsabilidad en las graves desviaciones y errores de su propia política económica.

Son los autogoles del gobierno los que lo ponen en desventaja. Las desviaciones y errores de la política económica, así como los rígidos y prolongados controles de cambio y de precios, crean las condiciones para que se multipliquen los negocios fraudulentos. Así, hasta los buhoneros, bachaqueros y raspacupos que se lucran con los incentivos perversos de la política económica, son considerados como mercenarios al servicio de la guerra económica, sin ser necesariamente enemigos políticos del gobierno.

Desconectado de la realidad, el gobierno se desgasta inútilmente enfrentando su fantasma de la guerra económica  a través de controles, multas y penas de cárcel. Paradójicamente, lanza una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que esos flagelos que azotan a la población son la consecuencia inevitable de las desviaciones y errores de una política económica que luce cada vez más agotada e ineficaz. En lugar de corregir las distorsiones fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, el gobierno se empeña en mantener una política de contingencia, enfocada en controles, operativos, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales. Así, pareciera que el gobierno está cada vez más cerca de perder una guerra que el mismo se inventó.

La importancia de la autoridad moral  

El desplome del PIB por tercer año consecutivo, así como las sucesivas inflaciones de 56 %, 68 % y 200 % entre 2013 y 2015, revelan el fracaso de quienes lanzaron un grito de guerra al capitalismo y la empresa privada, pero no fueron capaces ni siquiera de dirigir con éxito las empresas expropiadas que finalmente terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.

Por muchos motores para la reactivación económica que se anuncien, ni la empresa pública ni la privada podrán despegar en medio de la actual tormenta macroeconómica que aleja la inversión productiva. Un entorno plagado de graves distorsiones cambiarias, monetarias, fiscales, de precios, racionamiento de electricidad, cortes de agua, precaria infraestructura, inseguridad jurídica, fuga de cerebros y conflictividad laboral no es precisamente un ambiente propicio para reactivar la economía y superar los problemas de escasez e inflación que erosionan la calidad de vida y bienestar de los hogares venezolanos.   

Los vientos huracanados que barren con cualquier emprendimiento productivo pudieran desaparecer si se unifica el régimen de cambios múltiples, se sincera el precio de la gasolina, se erradica el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, se flexibilizan los rígidos controles de precios que obligan a vender por debajo del costo de producción, se substituyen los ineficientes subsidios indirectos a los productos por subsidios directos a los hogares pobres, y se reorientan las importaciones gubernamentales  hacia un programa de compras públicas a favor de reactivar la producción agrícola e industrial.

Si quieres resultados diferentes haz las cosas de manera diferente

Está más que claro que la lógica capitalista está orientada a la maximización de las ganancias. La aberración conceptual está en que el gobierno confunde especulación con inflación. Tan así es, que su principal vocero en materia económica afirma que no hay inflación sino una sobre especulación de los empresarios quienes -en su afán de lucrarse al máximo- aumentan incesantemente los precios.

Hay que tener muy clara cuál es la causa de la enfermedad para no atacar sólo sus síntomas. La inflación es como la fiebre de la economía, alerta que algo en el organismo está funcionando mal,  pero no es el mal en sí mismo. Cuando aparece la inflación, significa que hay un problema de fondo que urge atacar. Pero si se confunde inflación con especulación y se trata como un delito a través de multas o penas de cárcel, se dejan de corregir las insuficiencias en el aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos, que son las verdaderas causas del problema y por eso la inflación vuelve a brotar.

La pugna por la distribución del ingreso

Según lo establece la LOTTT, cada 1° de mayo se debe aumentar el sueldo mínimo. Estos aumentos suelen hacerse fraccionados. Así, mientras el salario mínimo aumenta una vez al año, generalmente en tres etapas, los precios de la canasta básica aumentan semanalmente. Y en ese ínterin se produce una transferencia neta del ingreso desde los sectores que viven de un sueldo fijo hacia los sectores que dominan los precios.

Pero también es cierto que con cada aumento del salario mínimo, el gobierno solicita a la Asamblea Nacional un crédito adicional para cancelar el incremento. Este aumento del gasto público estimula una demanda que no tiene su debido respaldo en una mayor producción. Al inyectarse este dinero a la circulación, muchos bolívares salen a comprar unos bienes cada vez más escasos, y ese es un factor que propaga la inflación.

Cuando los precios suben los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan la producción y los precios. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor de los sectores que manipulan los precios.

El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Por su parte, el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción. Para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio de venta. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta el próximo 1° de mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.    

La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo privado y es una de las causas de la recesión económica. Al no haber suficiente demanda, en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo, lo que se hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual se empeora aún más la situación. El empeño por trasladar a los precios -de forma inmediata y en una mayor proporción-, cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias.

Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía y ayuda a vencer la recesión. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión.

El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Pero mientras el gobierno no corrija los desequilibrios macroeconómicos que castigan la producción y atizan la inflación, él mismo será el principal responsable de que los aumentos de salarios se vuelvan sal y agua y sean insuficientes para contener el nuevo auge de los precios. Una política antiinflacionaria tiene que sustentarse en tres factores clave: i) reactivación de la agricultura e industria; ii) corrección del déficit fiscal; 3) prohibición de las emisiones de dinero inorgánico.

La responsabilidad del gobierno y del BCV

Pero el gobierno lo que hace es lanzar nuevos gritos de guerra a los empresarios y no entiende que semejante hostilidad aleja la inversión, contrae la producción y genera escasez. Por si fuera poco, se empeña en financiar su déficit fiscal a través  desmesuradas emisiones de dinero en un mercado con productos cada vez más escasos. Así, el propio gobierno junto al BCV son responsables del auge inflacionario que pulveriza los salarios reales. La tragedia está en que el gobierno, en lugar de ofrecer incentivos a la inversión productiva y eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, confunde la inflación con la especulación y la ataca como si se tratara de un delito y no como la consecuencia del colapso de la producción y de los desequilibrios fiscales y monetarios.

La acción más emblemática por lo inocua e ineficaz fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). A pesar de toda la expectativa y despliegue realizado, el gobierno no pudo contener la inflación. Por el contrario, subió de 56,3% en 2013 a 68% en 2014; y, según los atrasados datos que por fin publicó el BCV, solo en alimentos la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 llegó a 254%. Esto comprueba el agotamiento de los controles de cambio y de precios como instrumentos de política antiinflacionaria y anulan el impacto social del enorme sacrificio fiscal que implica mantener una tasa oficial tan baja, así como de los cuantiosos subsidios que no han servido para mantener a raya la inflación.

Y es que no podían ser otros los resultados. Históricamente ha quedado  demostrado que el control de precios, cuando se rigidiza y prolonga en el tiempo, lo que hace es agravar el problema. Al congelar el PVP del producto final pero dejar liberados los precios de las materias primas, insumos, maquinarias, fuerza de trabajo, etc., los crecientes costos superan los precios controlados y, al provocar pérdidas, desestimulan la producción.

Superar la crisis de escasez que tiene obstinada a la población exige interpretar sin dogmas ni prejuicios el papel que puede cumplir la inversión privada nacional y extranjera en la reactivación productiva. Promover la inversión en la agricultura y la industria implica revisar y rectificar las desviaciones de la política económica y promover la cooperación y complementación entre los sectores público y privado. De lo contrario se reeditarán los mismos errores que llevaron al colapso del socialismo del siglo XX, al criminalizar la iniciativa privada, inhibir el espíritu emprendedor y frenar el desarrollo de las fuerzas productivas que desembocaron en los problemas de escasez e inflación que minaron la confianza del pueblo en una dirigencia que nunca cumplió su promesa de asegurarles una vida mejor. @victoralvarezr

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