Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Debido
al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha
declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el
descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República,
Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas
mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.
En
un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado
en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro,
cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor
industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el
Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los
inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de
memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse
a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y
generosos estiman que hay 7.000 toneladas
de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan
un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.
De
hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la
transnacional Gold Reserve Inc. y el Gobierno para la conformación de una
empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a
una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización
de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la
explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó
control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del
Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un
estimado de 10,2 millones de onzas de oro.
Tras
"un pleito y un conflicto que teníamos ahora somos socios para el ganar,
ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares",
dijo Maduro en un giro del discurso anticapitalista y antiimperialista que
caracterizó a los principales líderes del Gobierno mientras los precios del
petróleo estuvieron altos. Después de la ola de expropiaciones que alejó de
Venezuela a los inversionistas extranjeros, el Ministro de Petróleo y Minería
señaló que el acuerdo con Gold Reserve "demuestra al país la
responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver
las discrepancias que se hayan sucedido y no solo eso, sino que hemos
convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa porque hemos firmado
también aquí el acuerdo de inversión por 5.000 millones de dólares".
La
convocatoria a explotar el Arco Minero representa un cambio en el discurso
oficial. Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta
petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la
explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en
defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que
quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso
tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades
muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza
petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y, al no
ahorrar nada, verse Maduro obligado a decretar la emergencia económica, queda
claro que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales
mineras para que retomen e inviertan en los proyectos mineros que habían sido
suspendidos por Chávez, al extremo incluso de "reactivar toda la
producción de carbón".
El impacto ambiental del extractivismo minero
La
actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger
la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene
normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas
explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de
agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.
Los
costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los
beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se
carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha
actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales
beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la
explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser
transferidos a toda la sociedad.
En
la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de
la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de
químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el
cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay
que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.
En lugar
de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas
internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que
significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno
retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo
y utilizarlo como reservas internacionales.
La
alternativa no petrolera del Arco Minero: más extractivismo
Para verificar la vigencia que
tiene el modelo extractivista-rentista en el mapa mental de las élites
gobernantes de Venezuela, resulta pertinente comentar el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual se presenta como “la
alternativa no petrolera”, cuando en esencia se trata de una manifestación más
de la misma lógica extractivista, explotadora del ser humano y depredadora de
la naturaleza,
En su contenido se plantea que
“las potencialidades mineras con que cuenta el país, fundamentalmente en la
Región Guayana, se convierten en una potencialidad estratégica para encaminar
al país hacia la soberanía nacional, a la vez que permite sentar las bases para
contribuir con el desarrollo económico y social de la Nación”.[1]
En Venezuela la principal
riqueza minera se encuentra en el macizo guayanés, ubicado en su mayor
extensión en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, un área que ha sido históricamente el
escenario de la extracción de hierro, bauxita, oro y diamantes, minerales
metálicos y no metálicos, tanto por empresas nacionales, transnacionales y
mineros ilegales o no permisados. Los planes
del gobierno se orientan a la explotación intensiva de las potencialidades
mineras (minerales metálicos y no metálicos y sus lineamientos más importantes
son los siguientes:
ü Fortalecer la industria minera como parte del proceso de
consolidación del aparato productivo nacional diversificando la economía,
garantizando el incremento de las reservas internacionales, el
abastecimiento de materias primas requeridas en los procesos medulares
industriales.
ü Fortalecer y ejecutar el plan de exploración geológica, cuantificación y
certificación de reservas para el incremento del inventario de los recursos
minerales de la Nación.
ü Promover la conformación e instalación de la Comisión Interministerial
Permanente para coordinar y facilitar el ejercicio de las competencias en
materia ambiental, tributaria y de seguridad y defensa, relacionadas con la
actividad minera.
ü Aprovechar la diversidad de minerales metálicos y no metálicos, de
carácter estratégico (oro, diamante, hierro, coltán, entre otros), con multiplicidad
de usos para contribuir con el desarrollo de los sectores agrícola, minero,
construcción, industria en general (aluminio, siderurgia, aeronáutica, naval,
telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial).
Las figuras planteadas para
acometer los nuevos proyectos mineros, ahora bajo control estatal, son los
Contratos de Alianzas Estratégicas y las Empresas Mixtas.
El
extractivismo minero y la crisis eléctrica de Venezuela
Aunque la deficiencia del sistema nacional de
energía se puso en evidencia desde el 2009 con el sostenido incremento de las
interrupciones no programadas, los problemas de electricidad en Venezuela no has
sido superados y su agravamiento está cada vez más asociado a la prolongación
del extractivismo minero que sustenta un modelo de industrialización básica
intensivo en el consumo de electricidad.
Hasta hace poco, Venezuela se vanaglorió de contar
con un Sistema Eléctrico basado en la generación de hidroelectricidad, cuyo
crecimiento permitía cerrar plantas termoeléctricas y liberar petróleo para
exportar. Pero la dependencia de factores climatológicos difíciles de controlar
reveló la vulnerabilidad de este modelo.
El detonante fue la caída de la generación de energía eléctrica a raíz
del fenómeno climático de El Niño que se hizo sentir en Venezuela en julio de
2009, y que ahora reaparece nuevamente con toda su fuerza. Este se expresó en
una prolongada sequía que reduce el caudal de agua a los embalses de las
plantas hidroeléctricas, que caen a
niveles tan críticos que resulta imposible mover las turbinas para mantener la
generación del sistema eléctrico nacional.
La gravedad de la crisis obligó a las empresas extractivas
y procesadoras de hierro, bauxita y oro a reducir considerablemente su
actividad. A su vez, el consumo de energía eléctrica residencial y comercial se
atacó a través de programas y sanciones dirigidos a la población a fin de
estimular el uso eficiente y el ahorro de electricidad. La extensión del
problema a todo el territorio nacional condujo a decretar la situación de
emergencia eléctrica nacional el 21 de diciembre de 2009. A partir de entonces,
el país ha sufrido un largo calvario de frecuentes apagones no programados que
afectan el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y la vida en los
hogares venezolanos. En estas circunstancias, cualquier proyecto productivo
intensivo en el uso y consumo de electricidad, como es el caso de la extracción
de minerales y su procesamiento, entrará en conflicto con las necesidades del
consumo residencial y comercial. @victoralvarezr
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