Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
La masacre de 28 mineros en Tumeremo no es la primera que ocurre en
Venezuela. La búsqueda del oro comienza con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos
incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el
cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca
importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Tras la
codicia del oro, millares de indígenas que se resistieron a la dominación y el
saqueo fueron masacrados y los pueblos originarios terminaron diezmados.
Después de más de cinco siglos del extractivismo minero, la muerte sigue tiñendo
de sangre la extracción de oro y los asesinatos de indígenas, campesinos y
mineros se repiten con frecuencia.
Cuando se planteó la nacionalización
del oro en el año 2010, Chávez anunció: “Vamos aprobar una
Ley Habilitante para tomar la zona del oro y ahí cuento con ustedes porque eso
sigue ahí con anarquía, mafias y eso es una gran riqueza, oro, piedras
preciosas, la bauxita, el hierro. Vamos
a convertir eso en reservas internacionales porque el oro sigue incrementado su
valor” [1].
Para entonces el dólar perdía valor mientras que los precios
internacionales del oro aumentaban constantemente y representaban la mejor
opción para proteger la capacidad de compra de las reservas. Por eso, el
gobierno anunció la monetización del oro para
asignarle un valor que permitiera compensar la caída de las reservas
internacionales debido al descalabro de los precios del petróleo. Luego de
varios años, las mafias siguen imponiendo su anarquía y siembran de terror y
muerte los territorios indígenas, sin que las toneladas de oro extraídas se
hayan monetizado para levantar las reservas internacionales. Por el contrario,
actualmente se encuentran en el nivel más bajo en los años de Revolución
bolivariana.
El interés del gobierno bolivariano en torno a la explotación del oro
cambia según sea el comportamiento de los precios del petróleo. Cada vez que se
desploma la renta petrolera con la que el gobierno se financia, se retoma la
explotación del oro y otros minerales como la alternativa no petrolera para
compensar la caída del ingreso petróleo y revertir la caída de las reservas
internacionales. Justamente, esto fue lo que hizo el fallecido presidente Chávez cuando decidió la nacionalización de la industria del oro mediante
una nueva ley que impulsó con el objetivo de incorporar la producción aurífera
a las reservas internacionales.
Nada
se ha avanzado desde entonces. En el año 2009, el gobierno estableció la venta
obligatoria de oro al BCV como parte de una estrategia para acrecentar las
reservas de divisas del Estado: “… es más seguro para las arcas nacionales
contar con el respaldo del oro que del dólar o del euro, en momentos de la
actual crisis financiera internacional”[2]
Con
este fin, el gobierno sustituyó el marco legal liberal con unas nuevas reglas
que obligaban a las concesionarias del oro a vender prácticamente la totalidad
de la producción al Estado, a un precio determinado con base en la tasa de
cambio oficial, restringiendo el acceso a las divisas, así como su
transferencia al exterior. Finalmente, en 2011 el gobierno nacionalizó la
industria del oro.
El Arco Minero y la resistencia de los pueblos
En la actualidad la explotación
aurífera del país se da principalmente en el estado Bolívar, siendo las
poblaciones más representativas de esta actividad: El Callao, Guaniamo, El
Dorado, Guasipati, Tumeremo, Las Claritas-Km 88, La Paragua y Santa Elena de
Uairén. La explotación aurífera primaria en el Estado Bolívar puede darse por:
1) Yacimientos epigenéticos:
conformado por regiones mineralizadas en las que el oro se encuentra en vetas
mineralizados en la edad precámbrica.
2) Yacimientos singenéticos: el oro
está en los aluviones que explota la minería ilegal con el uso de hidrobombas y
mercurio con un alto impacto ambiental.
De acuerdo a la Ley de minas vigente,
la minería puede practicarse en el país bajo las siguientes modalidades:
ü
Directamente
por el ejecutivo Nacional
ü
A
través de concesiones de exploración y subsiguiente explotación
ü
Pequeña
minería y minería tradicional
Desde que se anunció la explotación del Arco Minero en el año 2012, los pueblos indígenas
han exigido la demarcación de sus territorios para prohibir allí el modelo
minero-extractivista y así poder reestablecer relaciones armoniosas entre el
hombre y la naturaleza.
Diferentes organizaciones, agrupadas
en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas, han
expresado su preocupación por el proyecto Arco Minero del Orinoco y han
planteado que el gobierno debe abrir una mesa de diálogo para revisar de manera
conjunta los proyectos y evitar nuevas intrusiones en los territorios
indígenas.
Los pueblos indígenas y comunidades
campesinas cuestionan el modelo minero extractivista que rompe totalmente con
sus patrones culturales de vivir armoniosamente con la naturaleza y denuncian
los grandes daños ambientales que implica el recrudecimiento del extractivismo
minero en sus territorios ancestrales.
Maduro desanda
el camino de Chávez
El fallecido Presidente Chávez se opuso
tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades
muy depredadoras y altamente contaminantes. Estas decisiones fueron bandera de
su discurso ambientalista que desplegó en diferentes foros internacionales y dejó
plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero a raíz del colapso de los precios
del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda
intensiva de divisas. Y no podía ser otra su suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más
grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado
nada para encarar los tiempos de escasez, Maduro se ha visto obligado a decretar la
emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales
mineras para que retomen los proyectos extractivistas que habían sido
suspendidos por Chávez
Con ese fin, firmó el decreto para
cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del
Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e
internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la
extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales
de alto valor industrial.
Ante
la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y
reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se podrán generar
los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras
significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis que lo agobia, en
esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa
al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará
comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras.
Será “pan para hoy y hambre para mañana”.
Para
concluir, si bien con la nacionalización del oro se reivindicó frente a las
transnacionales mineras la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos, la
falta de vigilancia y control convirtió las áreas mineras en tierra de nadie,
cuestión que incrementó vertiginosamente la actividad ilegal, con el brutal impacto
ambiental que se expresa en miles de hectáreas de reserva forestal que fueron arrasadas
y acuíferos contaminados. Y lamentablemente, los trágicos sucesos de Tumeremo
nuevamente vuelven la mirada sobre la depredación y masacres que siguen
ocurriendo en la Amazonía venezolana, tal como comenzó hace cinco siglos con la
irrupción de la conquista y la colonización. @victoralvarezr
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