¿Cómo atacar la emergencia económica?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

De acuerdo al Capítulo II de la CRBV, que trata De los estados de excepción, la emergencia económica es una especie de estado de excepción que permite al Gobierno dictar medidas con el mismo valor, rango y fuerza que una Ley. Al igual que los decretos dictados en una Ley Habilitante, los decretos de emergencia económica son Decretos-Leyes que pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica.

El decreto de emergencia económica transfiere temporalmente al Gobierno el ejercicio de la función legislativa. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada. Esto solo puede hacerse por un lapso que no podrá exceder de sesenta días, aunque pueden ser prorrogables.

La Ley Orgánica de Estados de Excepción precisa las medidas que pueden ser dictadas:

ü  Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción (Art 19).

ü  Hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto (Art 20).

ü  El Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de requisar los bienes e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizadas para restablecer la normalidad (Art 24).

Una vez publicado el Decreto en Gaceta Oficial, éste se somete al control posterior de la Sala Constitucional y de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, la AN tiene ocho días para considerar si aprueba o no el Decreto. Si no se pronuncia, el decreto queda aprobado.

Así pues, el Decreto de Emergencia Económica que acaba de ser publicado otorga poderes especiales al Presidente de la República para legislar en materia económica. Según su contenido, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes en los siguientes aspectos:

 1. Disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del Ejercicio Económico 2015.

 2.- Asignar recursos extraordinarios proyectos previstos o no en la Ley de presupuesto de la administración pública para ser usados en los sectores de salud, educación y vivienda.  

3.- Diseñan e implementar medidas especiales para e inmediatas para reducción de evasión fiscal. 

4.- Dispensar de las modalidades del Régimen de Contrataciones Públicas en determinado sectores a fin de agilizar las compras del Estado que requieran urgencia. 

5.- Disponer de los trámites y requisitos para la importación nacionalización de mercancía.  

6.- Implementar medidas especiales para el tránsito de mercancías en aeropuertos y puertos del país. 

7.-  Dispensar de los trámites cambiarios establecidos  por Cencoex y BCV a órganos del sector público y privado, a fines de agilizar la importación de bienes o insumos para el abastecimiento. 

8.-  Requerir a empresas del sector público y privado, incrementar niveles de producción y el abastecimiento de determinados insumos. 

9.- Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a la población de alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad. 

10.- Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera.

11.-  Desarrollar y fortalecer el sistema de misiones socialistas. 

En el artículo 3 del Decreto se plantea que el Presidente de la República también podrá dictar medidas de orden social que considere necesario. 

En resumen, el Decreto reserva al Ejecutivo el derecho de asignar recursos extraordinarios a proyectos, estén o no previstos en el presupuesto, así como a entes de la administración pública en los sectores de salud, alimentación y vivienda. También permite implementar medidas especiales para facilitar el tránsito por puertos y aeropuertos, obviar normas legales que entorpezcan la agilización salvo en los casos de salud, seguridad y defensa de la Nación. Por si fuera poco,  el Gobierno podrá requerir a personas naturales y jurídicas los medios de transporte, acopio y distribución, establecimientos, bienes muebles o demás insumos necesarios para garantizar el acceso de todos a los productos.

Acostumbrado a gobernar sin mayores controles por parte del Poder Legislativo, con este Decreto intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal y entorno institucional que rige la actividad económica de la Nación. En efecto, con este Decreto, el Gobierno se plantea evitar las discusiones y aprobaciones de créditos adicionales que deben realizarse en la AN, la cual ahora está controlada por la Oposición.

¿Cómo atacar la emergencia económica?

Una y otra vez solemos escuchar que la situación de la economía está tan grave que no habrá más remedio que aplicar medidas draconianas. Gobernantes, opositores, analistas y observadores atribuyen al ajuste económico un impacto antipopular, con un elevado costo político.

Presos de estas creencias limitantes, el Gobierno cree que desmontar los controles que hoy lucen totalmente agotados sería traicionar el legado de Chávez. Así, prolongan la inercia sin llegar a tomar las medidas que tienen al alcance de la mano para erradicar los problemas de caída de la producción, escasez, acaparamiento y especulación. Entre estas medidas se destacan las siguientes:

Medidas de Política Cambiaria

El dogma económico que rige la interpretación oficial atribuye al ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste ya ha sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno en el mercado que se calcule con base a las tasas de Cencoex o Sicad. Ni siquiera a la de Simadi, porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado por lo que indiquen los desvaríos del dólar paralelo. Para muestra un botón: en el sector alimentos que es el más favorecido con la asignación de dólares preferenciales, la inflación de 2014 llegó a 102 %, muy superior al 68 % registrado por el INPC, lo cual revela la ineficacia del anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. El BCV acaba de publicar la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 y la misma escaló a 141,5%

La irracionalidad de las tasas Cencoex y Sicad recaen con toda su fuerza sobre Pdvsa. Obligada a vender el mayor porcentaje de su ingreso en divisas a las bajas tasas de 6,30 y 12 Bs /$, la compañía no logra recoger suficientes bolívares para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Pero basta con unificar el régimen de cambios múltiples a un nivel tal que los bolívares que PDVSA reciba por la venta de sus divisas le alcancen para mantener al día sus compromisos. Sincerar la tasa de cambio evitaría que la compañía tenga que endeudarse con el BCV y así éste no se vería presionado por el Gobierno a realizar las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo con las que financia el déficit fiscal.

Medidas de Política Fiscal

Un acuerdo básico para corregir  el déficit fiscal comienza por reformular y mejorar la calidad del Presupuesto 2016, el cual fue calculado con base a un precio del petróleo de 40 $/b, pero el mismo ya se acerca a 25 $/b. Esto pasa por reducir en 100% los gastos suntuarios en remodelaciones, vehículos, publicidad, viajes, etc.; erradicar la práctica del Gobierno de Calle que da origen a otro presupuesto paralelo. Se trata ahora de implantar una rigurosa regla fiscal para que la AN no reciba ningún Proyecto de Presupuesto ni apruebe créditos adicionales que impliquen un déficit mayor al 5% del PIB.

El colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA debido a la contracción económica obligan a retomar la sana práctica de un solo presupuesto, adecuando el marco legal que fue creado para hacer uso de las llamadas reservas excedentarias y precios exorbitantes. En adelante, todo ingreso superior a los 40 $/b -en lugar de ser gastado a través del Fonden-, debe ser ahorrado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual solo podrá ser usado cuando el precio del petróleo caiga por debajo del precio proyectado en el Presupuesto Anual de la Nación.

Corregir el déficit fiscal implica erradicar los subsidios ineficientes que no llegan al consumidor y lo que hacen es estimular el derroche, el contrabando de extracción y la especulación. Se trata de sustituir los subsidios indirectos a los productos y servicios por subsidios directos a las familias en condición de pobreza. Esto incluye desde sincerar el precio de la gasolina hasta la racionalización de las tarifas de servicios públicos, pasando por la sustitución de los subsidios directos a los alimentos y medicinas por subsidios directos a los hogares pobres. Solo en gasolina, el subsidio representa un costo de oportunidad de $ 12 mil millones, mientras que el contrabando de extracción supera los 3.500 millones. Sincerar las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua y gas) significa corregir al menos 6,5 puntos del déficit fiscal. Reactivar el cobro de peajes generará recursos propios para  repotenciar el sistema vial y ayudará a corregir el déficit fiscal.

Evitar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impulsar nuevas formas de propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores directos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera, condicionando ésta última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación del talento humano, asistencia técnica a las Pymes y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.

La Reforma Fiscal debe ser completada con el ajuste del IVA y del  ISR,  racionalización del arancel de aduanas, implantación del impuesto al débito bancario y a las transacciones financieras, aumento de la unidad tributaria, timbres fiscales, impuestos a licores y cigarrillos e impuesto al lujo. Una vez que se reactive la economía y se estabilice su crecimiento será necesario reactivar el Impuesto a los Activos Empresariales y aumentar el ISR a las grandes ganancias.

Medidas de Política Monetaria

La perversa complicidad entre el déficit fiscal y el desequilibrio monetario generan una voraz inflación que pulveriza el poder de compra de los salarios. Por eso, la superación de la emergencia económica no es viable si no se recupera la autonomía del BCV en el manejo de reservas internacionales y la emisión de dinero. Solo así se podrá erradicar definitivamente el financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo del déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Sin lugar a dudas, éste es el principal factor propagador de la inflación.

Esto permitirá centralizar las posiciones en divisas y reservas internacionales en BCV y asegurar un manejo coherente del encaje legal y de las tasas de interés que contribuya a recuperar la estabilidad y confianza en sistema monetario y financiero.

Unificar el régimen de cambios múltiples permitirá sanear las finanzas de Pdvsa, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del BCV. Al recibir más bolívares por cada dólar, la autoridad monetaria drenará el exceso de liquidez que presiona al alza los precios, incluyendo la cotización del dólar paralelo. Y todavía mejor, un solo tipo de cambio erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los cazadores de renta, especuladores y corruptos, quienes inventan cualquier trampa para captar los dólares baratos de Cencoex y Sicad para después venderlos más caros.

Medidas para el manejo de la deuda Externa

Venezuela tiene margen de maniobra para evitar caer en un default que lleve al embargo de los activos de Pdvsa y la República. Puede recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 50 % de su valor nominal; adecuar PetroCaribe a las restricciones presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 15-20 años; reorientar las importaciones gubernamentales en favor de la producción nacional; reprogramar el pago del componente en divisas de las obras contratadas a Brasil, Irán y otros países, cancelándoles el saldo con los bonos de la deuda externa recomprados con descuento, o sustituyendo los pagos vencidos con nuevas emisiones de deuda. Otro margen nada despreciable para liberar divisas se encuentra en la reducción de gasto militar.

Medidas para evitar la liquidación de las reservas internacionales

Los profetas del desastre no se cansan de afirmar que la liberación cambiaria se traducirá en una indetenible fuga de divisas que liquidará las reservas internacionales, pero resulta ser que es todo lo contrario. La unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo más bien activará nuevas fuentes de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones no petroleras, repatriación de capitales y el turismo internacional.

Claro está que la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente. Las inversiones extranjeras como nueva fuente de divisas no petroleras exigen un clima de seguridad jurídica y paz laboral y esto pasa por la adecuación del marco legal, particularmente la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Mercado de Capitales, la Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

En conjunto, este nuevo marco legal contribuirá a crear un mejor clima para promover inversiones en la repotenciación de la infraestructura en parques industriales, la mejora de los servicios de electricidad, agua, gas, plantas de tratamiento, la gestión de puertos, aeropuertos y almacenes. Particularmente la reforma de la LOCTI deberá estar orientada a facilitar la inversión empresarial directa en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para mejorar sus productos y procesos de cara al fortalecimiento de la calidad, productividad y competitividad internacional.

La situación luce difícil y se puede agravar si se mantiene el actual estado de inercia e inacción. No obstante, todavía hay un importante margen de maniobra. En lugar de un Decreto de Emergencia Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, e reto que deben asumir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social. Estas medidas, lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población.  @victoralvarezr