¿Quién pagará el precio de la gasolina?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

En Venezuela, un litro de gasolina de 95 octanos cuesta Bs. 0,097, un centavo de dólar a la tasa de 6,30 Bs/$. En EE.UU o la Unión Europea puede llegar a costar 2 $/litro. En países con gobiernos progresistas y de izquierda como Bolivia, Ecuador, Uruguay o Nicaragua, el galón de 3.78 litros cuesta $ 3.90, algo más que 1 $/litro. En estos últimos países que tienen precios solidarios para la población, llenar un tanque de 60 litros cuesta $ 60. Aquí, 60 litros x 0,097 Bs/litro sale en solo Bs 5,82, menos de 1 $ a la tasa de cambio de 6,30 Bs/$.

Si asumimos como referencia el precio del combustible en países con gobiernos progresistas, esto equivale en Venezuela a un subsidio de $ 60 cada vez que se llena el tanque, lo cual ocurre en promedio una vez a la semana. Si multiplicamos $ 60 por 52 semanas, resulta que por cada vehículo el propietario recibe $ 3.120 de subsidio anual. Y si multiplicamos $ 3.120 por 5 millones de vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, el costo de oportunidad –o lo que se deja de percibir- asciende a $ 15.600 millones.

Por si fuera poco, el Ministerio de Petróleo y Minería ha reconocido que más de cien mil barriles diarios pierde Venezuela debido al contrabando de extracción. Cien mil barriles por 365 días al año por 40 $/barril que es el precio del petróleo presupuestado para el año 2016, indica que el país pierde $ 1.460 millones solo por el contrabando de gasolina.

¿Cuánto debería costar el litro?

Según la Ley Orgánica de Precios Justos, un precio justo es aquel que permite cubrir los costos y obtener una ganancia máxima de 30%. Según los últimos datos que ofreció PDVSA en 2014, el costo de refinación era 2,75 Bs/litro y los costos de transporte y distribución rondan 0,35 Bs/litro, para un total de Bs 3,10 en costos. Si a esto sumamos 0,90 céntimos -equivalente al 30% de ganancia-, esto indica que para aquel entonces el precio justo de la gasolina no debería bajar de 4 Bs/litro.

Pero con una inflación de 200% en 2015, el precio de la gasolina debería ser al menos de 12 Bs/litro para poder reponer los costos, aliviar las finanzas de Pdvsa y generar un margen de ganancia que pueda ser invertido en la modernización y ampliación del transporte público, de tal forma que el ajuste del precio del combustible, en lugar de perjudicar a los sectores populares, más bien los beneficie al mejorar y abaratar el transporte colectivo.  

En comparación con los precios en la frontera, 12Bs/litro seguiría siendo un precio muy barato que seguiría estimulando el contrabando de extracción. Otra   aproximación a un precio justo pudiera lograrse con base en el precio promedio del combustible en los países de Suramérica y, sobre esta base, sincerar el precio en un plazo de tres años. En el primer año, el nuevo precio de la gasolina sería el 50% de ese precio promedio suramericano, equivalente a 0,50 $/litro. Una vez que los sectores populares hayan recibido el beneficio del transporte colectivo financiado con las ganancias que genera el nuevo precio de la gasolina, en el segundo año el precio del combustible se elevaría al 75% del promedio suramericano. Esto generaría aún más recursos para ampliar la cobertura del transporte colectivo hacia las urbanizaciones de la clase media, en el marco de un programa de desautomovilización de las ciudades que contribuya a aliviar el colapso del tráfico y a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, en el tercer año, el precio de la gasolina en el mercado interno se elevaría al 90% del precio promedio en los países vecinos, lo cual haría poco atractivo el contrabando de extracción, y generaría recursos adicionales para repotenciar la vialidad del país. La conversión en bolívares del precio promedio en dólares se haría a la nueva tasa de cabio oficial que surja, una vez que se unifiquen las actuales tasas de Cencoex y Sicad.

Los temores del Gobierno

En medio de la más severa crisis de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que en Venezuela se recuerde, más de uno piensa que el aumento de la gasolina puede terminar siendo el detonante de fuertes protestas populares, semejantes a las del Caracazo. Como se recordará, aquellos conflictos estallaron como respuesta al programa de ajuste macroeconómico que afectó severamente a los trabajadores y agravó los flagelos de la pobreza y la exclusión social.

Una inflación que ronda el 200% en el año 2015 pulverizó los salarios reales y sentencia un incremento de la pobreza en términos absolutos y relativos. No hace falta que el BCV o el INE publique los datos de inflación y pobreza para comprobar el creciente deterioro y precarización de las condiciones de vida de los hogares que viven de un ingreso fijo. 

Por los supuestos impactos sociales y costos políticos que se le atribuyen al aumento de la gasolina, el Gobierno una y otra vez ha convocado a un debate para sincerar el precio de los combustibles, sin llegar a tomar ninguna decisión. Si nuevamente la pospone, la determinación de un precio justo para la gasolina y el destino de los recursos que por este aumento se generen, podría ser sometido a un referendo consultivo popular, tal como lo plantea el artículo 71 de la CRBV.

Si se deja claro que un porcentaje de la recaudación por el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de transporte público en todo el país, y que el precio de los pasajes no se incrementará, la ciudadanía respaldará masivamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina, toda vez que se trata de reorientar hacia la inversión social un subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que más tienen. Este escandaloso subsidio se ha convertido en el principal incentivo no solo para el contrabando de extracción, sino también para su despilfarro y consumo irracional que hace de las ciudades venezolanas las de mayor emisión de gases de efecto invernadero en América Latina. @victoralvarezr