Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.
En una
reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de
María Corina Machado, Carlos Blanco, le
preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás
Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María
Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha
incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”
Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina
Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el
cumplimiento de los Acuerdos Parciales de
Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las
sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos
para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero
no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le
convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo
se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni
alternabilidad en el mando político.
Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la
oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las
elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se
preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si
eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.
Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo
metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede
perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará
excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados
en Barbados.
Por eso juega duro y tensa la soga, aun
a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar
que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar
cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus
participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las
sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse
obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente
pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.
Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.
En este contexto, es clave la mediación internacional para que se
mantenga el diálogo y la negociación, incluyendo los nuevos temas de las
garantías políticas para los rivales en pugna, sobre todo para quien resulte
perdedor en las elecciones. Pero ante la resistencia del chavismo a tocar el
tema en caso de perder, la iniciativa de pactar las garantías políticas de no
persecución tiene que venir desde EEUU y la UE. Para empezar, habría que
eliminar las recompensas. Es un tema difícil porque las reacciones son
desmesuradas y quién se atreve a plantearlo corre el riesgo de pagar unos
costos reputacionales muy altos. Por eso se le saca el cuerpo al tema, pero no
se puede seguir evadiendo. De lo contrario, en Venezuela no habrá elecciones
competitivas ni alternabilidad en el poder.
La solución
electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía
por delitos políticos y poner fin a las
persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición
acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el
reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra
Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado
parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la
prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor
del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra
Venezuela. En un Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen
que ser amnistiados.
Pero la alternabilidad democrática será posible si
se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino
también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las
elecciones. En América
Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la
negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura
y recuperar la democracia. Pinochet y los militares se comprometieron a
reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en
el poder, a cambio de garantías de no persecución. La transición chilena a la
democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes
salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De
lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en el poder por la
vía electoral y pacífica.
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