El presidente de EE.UU.
amenazó conque: "Si el régimen de
Maduro impone la Asamblea Constituyente, Estados Unidos tomará medidas
económicas fuertes y rápidas (…) y no se quedará mirando cómo Venezuela se
desmorona". Si
se instala la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ésta comienza por
disolver la Asamblea Nacional (AN) e intervenir la Fiscalía General de la
República (FGR), el gobierno de Donald Trump seguramente cumplirá su amenaza y escalará
las sanciones en contra de altos funcionarios del Estado venezolano, de la
economía nacional y del sistema financiero público. Estas sanciones las
aplicará gradualmente, comenzará con castigos individuales, luego prohibirá las
transacciones comerciales y financieras y, finalmente, suspenderá la compra de
petróleo venezolano.
De hecho, un día después que el
gobierno de Maduro celebró la elección de la cuestionada ANC, la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) designó (léase sancionó)
al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, argumentó que "Las
elecciones ilegítimas confirman que Maduro es un dictador que ignora la
voluntad del pueblo venezolano".
Días antes, trece altos funcionarios venezolanos fueron
sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
En esa ocasión se trató de miembros actuales o ex funcionarios del gobierno,
los cuales fueron clasificados en tres categorías:
·
Por
debilitar la democracia y los derechos humanos: Tibisay Lucena,
Elías Jaua, Tarek William Saab e Iris Varela.
·
Responsables
de violencia y represión: Néstor Reverol, Carlos Pérez Ampueda, Sergio José
Rivero, Jesús Suarez Chourio y Franklin García Duque.
·
Por
corrupción: Rocco Albisinni, Alejandro Fleming, Simón Zerpa y Carlos
Malpica Flores
Ya en
mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había congelado
los activos en territorio estadounidense de ocho miembros del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), al acusarlos de ser responsables de una serie de sentencias
que usurparon la autoridad de la AN, razón por la cual se le prohibió a los
ciudadanos estadounidenses participar en cualquier negocio o transacción
financiera con ellos.
En consecuencia, todos los activos ubicados en la
jurisdicción de los EE.UU. pertenecientes a los funcionarios sancionados quedan
congelados y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.
Vale saber que cada vez que la OFAC ejecuta estas sanciones, la lista de
personas sancionadas es distribuida a todos los bancos e instituciones
financieras que tienen operaciones en Estados Unidos, y si se descubre que
éstas mantienen algún tipo de relación con las personas o activos designados
podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en EE.UU.
Consecuencias
de las sanciones
Estados Unidos es el principal socio comercial de
Venezuela. El comercio bilateral totalizó $ 22.9 millardos en 2016. EE.UU.
exportó a Venezuela $ 11.2 millardos e importó $ 11.7 millardos. Las ventas de
EE.UU se concentraron en combustibles ($1.7 millardos), maquinarias ($ 868
millones), químicos ($ 312 millones) y maquinaria eléctrica ($ 289 millones).
Las importaciones de alimentos desde EE.UU. giran en torno a los $ 750 millones
e incluyen maíz ($ 394 millones), soya
($132 millones), trigo ($ 98 millones), arroz ($ 84 millones) y aceite de soya
($ 41 millones). En 2016, las inversiones directas de EE.UU. en Venezuela
fueron de $ 9.1 millardos, 20% menos en comparación con 2014. Las inversiones
de Venezuela en EE.UU. totalizaron $ 4.2 millardos, concentradas en Pdvsa.
Estas sanciones se traducen en limitaciones
a firmas estadounidenses como Chevron, Halliburton, Weatherford, etc. a la hora
de hacer negocios con PDVSA, cuestión que afectará la extracción de crudos y la
recuperación de la compañía. La sanción puede incluir la prohibición para vender
gasolina y los diluyentes que Pdvsa necesita para mejorar los crudos pesados de
la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Pdvsa compra a proveedores de EE.UU.
200.000 barriles por día de diluyentes para mezclarlos y mejorar el crudo
pesado venezolano.
También el gobierno de Trump podría
prohibir las exportaciones de crudo venezolano a los EE.UU. que están entre 700-800
mil bpd, equivalente al 49% de los barriles que generan liquidez. EE.UU. es
prácticamente el único cliente que le paga en efectivo a Pdvsa, por lo que esta
sanción provocaría que Venezuela deje de recibir el 75% de sus petrodólares. En
tales circunstancias, es previsible que se agrave la escasez de divisas y se desquicie
aún más el dólar paralelo.
EE.UU. tiene planificado reducir
sus reservas estratégicas de 680 millones de barriles a 500 millones, por lo
que la suspensión de las compras a Pdvsa le permitiría reducir 125 millones de
barriles. Si EE.UU. deja de comprar la cuota petrolera venezolana, no hay
cliente en el mercado internacional que pueda absorber inmediatamente esa
cantidad de crudo. Conseguir un nuevo mercado para el petróleo pesado es muy
difícil, toda vez que se trata de crudos
con alto nivel sulfúrico que solo procesan refinerías especiales. La suspensión
de la compra de petróleo sería un golpe de gracia en el flujo de caja de Pdvsa
que colapsaría sus operaciones logísticas, comerciales y financieras.
Al perder el 75% de su caja, la
empresa no podría honrar sus pagos de deuda externa, sobre todo en
octubre/noviembre cuando tiene vencimientos de capital. El 49,9% de Citgo está comprometido
por la deuda con Rosfnet y esta garantía
sería ejecutada. El otro 51 % es la garantía que se ofreció a los acreedores
que participaron en el canje del bono 2017 por el bono 2020.
Incluso, el flujo de caja quedaría
en peligro, toda vez que los acreedores tratarán de bloquear el despacho de
petróleo y exigirlo como pago de su deuda. Si Pdvsa cae en default, los
acreedores embargarían los tanqueros de Pdvsa, las cuentas de la compañía en el
sistema financiero internacional y las facturas por cobrar a los compradores del
petróleo venezolano.
Al gobierno se le agota el margen de maniobra
Con esta presión, el gobierno de
los EE.UU.
y la comunidad internacional buscarán que la ANC se auto-disuelva para llamar a
un Gobierno de Transición. Las sanciones agravarán la crisis humanitaria y acelerarán el deterioro
de la precaria base de apoyo social que le queda al gobierno. Aun cuando las
sanciones económicas y comerciales sean utilizadas como una excusa del gobierno
para atizar su retórica antiimperialista y acusar de traidores a la patria a quienes no se cuadren con Maduro en su
enfrentamiento con Trump, lo cierto es que la escasez de alimentos y medicinas viene
de mucho antes.
Si la ANC se instala
y comienza a sesionar, la Oposición mantendrá las protestas en la calle, la
dirigencia será desbordada por la insurrección popular, el caos y la anarquía
cundirán por todo el territorio nacional y esto desembocará en un golpe
militar. Pero si el gobierno se sienta a negociar, tendrá que acordar la coexistencia
de la ANC con la AN, liberar los presos políticos, activar el canal humanitario
y anunciar un cronograma electoral.
En este escenario, la
MUD se divide toda vez que AD, PJ, UNT y AP deciden participar en las
elecciones de gobernadores y alcaldes. Estallan escándalos que revelan el financiamiento
ilegal a dirigentes de la Oposición y se filtra información sobre los contratos
y dádivas que han recibido del Gobierno. Para silenciar el escándalo, los
factores de la Oposición involucrados colaboran con el Gobierno, cuestión que acentúa
el resquebrajamiento interno de la MUD. El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha la
división y, aunque en las elecciones regionales la correlación de fuerzas
cambia a favor de la Oposición, el oficialismo evita ser barrido y logra
preservar buena parte de las gobernaciones y alcaldías como plataforma para su
sobrevivencia y reconstrucción.
Sin lugar a dudas, las sanciones
comerciales provocarían una caída en la extracción y exportación de petróleo,
cuestión que afectaría las exportaciones venezolanas, colapsaría el ingreso en
divisas y llevaría a Pdvsa a caer en un default de su deuda externa. Sin una
renegociación pactada de la deuda externa, Venezuela caerá en un default
desordenado y caótico. La economía venezolana se hundirá en una recesión mucho más
profunda y se desataría una escalada inflacionaria que empobrecería aún más a
la población.
La superación de la crisis política solo será
posible si se aíslan los factores extremistas del Oficialismo y la Oposición
que apuestan a exterminar a su rival. El reencuentro y la reconciliación
nacional solo será posible si los factores en pugna deciden cooperar y
complementarse para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba
de tiempo social. Una vez estabilizado el país, se convocarían elecciones
generales para que el nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país
gobernable.
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