Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencia 2013
En la nueva fase de la ofensiva Económica, el
Presidente Nicolás Maduro se ha planteado reactivar la producción para aumentar
el abastecimiento y estabilizar los precios. Hasta ahora, las medidas para
lograrlo giran en torno a agilizar la entrega de divisas y ofrecer nuevas
fuentes de financiamiento. Pero estas deben ser complementadas con incentivos
para fortalecer las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato
productivo, en función de incrementar la productividad y reducir de forma
drástica los costos. Esto implica un acceso oportuno a los recursos que se
requieren para mejorar los productos y procesos tecnológicos, lo cual pasa por
reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).
Al comienzo de la Locti, las empresas podían escoger
entre utilizar su aporte en inversión puertas adentro, financiar proyectos de universidades
o entregarlo al MCTI. A pesar de que la ley identificaba más de diez formas de vinculación universidad-empresa, el
95% de los aportes se quedó en las compañías, no pocas veces para pagar las
vacaciones de sus ejecutivos en Cancún, simulando que habían sido enviados a un
evento sobre nuevas tecnologías. Solo el 4% se destinó a financiar proyectos
con universidades y centros de investigación y apenas 1% fue depositado en el Ministerio.
Para
evitar este fraude, con la reforma de 2010 todos los aportes se centralizaron en
el Fonacit. Sin
embargo, la producción científica y tecnológica -medida a través de los
indicadores tradicionales de proyectos de investigación, artículos publicados
en revistas indexadas, eventos científicos y patentes-, no ha aumentado en la
misma proporción de los fondos Locti. Solo el número de investigadores y tecnólogos
se incrementó. Paradójicamente, la caída en los demás indicadores se atribuye a
los bajos salarios, cuestión que obliga
a renunciar a muchos investigadores para buscar trabajos mejor
remunerados.
La sola recaudación de Locti no puede ser catalogada
como una inversión. Si así fuera, el monto de 2 % del PIB que se recauda nos ubicaría a nivel de Japón y Alemania,
pero está claro que no hemos alcanzado el grado de desarrollo científico ni
mucho menos económico de esos países. Semejante volumen de recursos no
puede ser absorbido únicamente por las universidades. Por eso es necesario
abrir otros espacios para realizar proyectos de investigación e innovación. Es
aquí donde la empresa pública y privada están llamadas a jugar un importante
papel como locus de una nueva actividad científica y tecnológica que sustente
una abundante producción de calidad y precios solidarios.
El logro de los objetivos PAP requiere una reforma
de la Locti que facilite la inversión empresarial en el fortalecimiento de su
productividad, calidad y competitividad. De esta forma, el insuficiente número
de laboratorios universitarios se complementaría haciendo de cada empresa un
centro de investigación e innovación. Adicionalmente se crearía una
infraestructura de uso común para el fortalecimiento de las capacidades
tecnológicas e innovativas del aparato productivo, el cual remuneraría con
mejores sueldos y beneficios a los profesionales con nivel de maestría y
doctorado que se dedican a la investigación, pero que de acuerdo a las tablas oficiales
apenas reciben 1,2 salarios mínimos.
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