La crisis actual de Venezuela es causada por
la maldición de la abundancia. Entiéndase por esto la crisis
de un país que no supo aprovechar los auges de la renta y creyó que los precios
del petróleo se mantendrían en alza para siempre; la crisis de un país que ante
cada colapso de los precios creyó que el rentismo había llegado a su fin y
tampoco se preparó para manejar la próxima crisis de abundancia; la crisis de
un país que creyó ser rico por poseer grandes reservas de petróleo, minerales y
materias primas, cuya renta ha sido dilapidada por gobiernos populistas,
clientelares y corruptos.
Es la crisis del extractivismo en sus dos
versiones: la del capitalismo rentístico y la del neo-rentismo socialista, en
el que la voracidad rentista de sus respectivos gobernantes y dirigentes
políticos hace posible lo impensable: la coincidencia de visiones ideológica y
políticamente antagónicas. Para muestra un botón: tanto en el Plan de
la Patria como en el Programa de la MUD se planteó
aumentar la producción de petróleo a 6 MMBPD para maximizar la renta y contar
con cuantiosos fondos para financiar el gasto clientelar que les permitiera
perpetuarse en el poder.
Para salir de la crisis, Venezuela necesita una
dirigencia política con visión petrolera no rentista, que comprenda que en
estos tiempos de transición energética en el que el uso del petróleo proyectará
una tendencia declinante, no tiene sentido el empeño de maximizar las reservas
probadas para proyectar al país como una potencia energética, lo cual solo
conduce a plantearse irracionales metas de extracción de petróleo en sus propuestas
o programas de gobierno.
Si la transición energética desde los
combustibles fósiles hacia las energías renovables -que es asumida por una
creciente cantidad de países- se plantea la meta de lograr emisiones cero en
2050 -en un plazo de 25 años-, ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de 300
MMMBP de reservas que –a razón de 3 MMBPD o 1 MMMBPA anual- necesitarían 300
años para ser aprovechadas plenamente?
Un cuarto de siglo es lo que queda de plazo para
rentabilizar las reservas de petróleo que tiene Venezuela. Si se logra
reconstruir la industria petrolera se podrán rentabilizar unos 25 MMMBP, a
razón de 1 MMMBPA. Inexorablemente, la mayor parte de los 300 MMM de reservas
probadas se quedará en el subsuelo.
Esa crisis actual del rentismo nos impone pensar
en un nuevo estilo de desarrollo que aproveche la esperanza de vida que aún le
queda el petróleo para echar las bases de un nuevo estilo de desarrollo,
socialmente inclusivo, económicamente próspero y ambientalmente sustentable.
Obstáculos para superar el rentismo
En primer lugar, la tradición estatista sobre la industria que permite al gobierno de turno la administración discrecional de la renta petrolera y la usa como un mecanismo de dominación para premiar a sus incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a sus adversarios u opositores. Así, la debilidad organizativa del poder ciudadano que, sin recursos ni instituciones sólidas, es sometido y dominado por el Estado rentista, degenera en una relación desequilibrada y clientelar en la que las familias, empresas e instituciones no gubernamentales pugnan por el reparto de la renta, sin exigir cuentas ni transparencia en el manejo de la misma.
En segundo lugar, la cultura rentista que espera cubrir el gasto público,
financiar inversiones privadas y satisfacer necesidades básicas delos hogares
con ingresos que no son fruto de la actividad, inversión y trabajo productivos.
Los subsidios y gratuidades indebidos abonan toda clase de resistencias a las
iniciativas para superar la dependencia del rentismo, lo cual se expresa en la
crítica a la llamada voracidad fiscal de gobiernos locales que buscaron maneras
de compensar la merma del situado constitucional debido al colapso de la renta,
la crítica al BCV por la insuficiente inyección de divisas al mercado cambiario
que debería vender el sector privado, la crítica por los insuficientes bonos de
la patria y transferencias monetarias de quienes se acostumbraron a vivir de
ingresos que no son fruto de su esfuerzo productivo, la crítica a sincerar tarifas
de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones y precio de la
gasolina por quienes pretenden que todo esto siga siendo subsidiado por la
renta petrolera.
En tercer lugar, los obstáculos al emprendimiento productivo, asfixia
regulatoria, desequilibrios macroeconómicos, deterioro de la infraestructura y
servicios públicos, inseguridad jurídica y desconfianza. Todo esto crea un
ambiente adverso que trunca las iniciativas para generar riqueza, prosperidad e
ingresos fiscales y divisas no rentísticas.
¿Venezuela puede superar el rentismo reformando el rentismo?
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Así como la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, la
era del petróleo no terminará porque se agote el petróleo. La transición
energética tiende a desplazar al petróleo y quedarán muchas reservas sin
rentabilizar en el subsuelo. Pero al menos en el próximo cuarto de siglo, el
petróleo seguirá teniendo un peso relevante en la matriz energética mundial.
Por lo tanto, seguiremos siendo un país petrolero. Irónica o paradójicamente,
el reto es rentabilizar el mayor volumen de reservas posible para invertirlo en
superar las patologías que nos ha dejado el rentismo.
En el corto y mediano plazo, Pdvsa no tiene la capacidad financiera, técnica,
ni gerencial para reactivar sus campos y la mayoría de las empresas mixtas se
mantienen a la expectativa de la flexibilización de las sanciones, con apenas
una actividad de mantenimiento, pero sin planes concretos de expansión, a pesar
de que tienen asignadas el 70% de las reservas probadas del país.
El incentivo a las inversiones extranjeras en la industria petrolera venezolana
no depende tanto del volumen de reservas probadas, sino de los límites que
imponen las sanciones petroleras, de una visión estatista que limita la
inversión privada nacional y extranjera, y de un ambiente de inseguridad
jurídica y desconfianza.
Reconstruir la industria petrolera pasa por adecuar la viabilidad fiscal,
legal, contractual y financiera de la explotación petrolera en Venezuela. Esto
implica un nuevo acuerdo nacional con base en un nuevo marco legal, un nuevo
entorno institucional y una nueva política petrolera que haga posible la
optimización del recurso en el plazo que todavía le queda al petróleo como
principal fuente de energía.
Esto requiere una nueva visión de la soberanía petrolera que -reafirmando la
propiedad pública o común de todos los venezolanos sobre la riqueza petrolera-,
permita una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera
en las empresas mixtas que se encargarán de perforar los pozos, construir los
oleoductos y tanques, y mantener los puertos, muelles y refinerías para así
poder aumentar la capacidad de producción y rentabilizar el mayor volumen de
reservas posibles.
Ratificando que los yacimientos de petróleo y gas son propiedad común de todos
los venezolanos, es necesario para el interés nacional reformar la Ley Orgánica
de Hidrocarburos a fin de abrir el desarrollo de la industria petrolera que
extrae y rentabiliza esos yacimientos, a la inversión privada nacional y
extranjera en empresas mixtas que bien pudieran tener mayoría accionaria del
socio privado.
La estrategia sería promover un nuevo acuerdo nacional que exija y apoye la
creación de un marco legal y entorno institucional que establezca un claro mandato
para que el mayor porcentaje de las regalías, impuestos, ganancias y otros
ingresos de origen petrolero que paguen las empresas mixtas se destinen a la
creación de Fondos Soberanos.
La misión de estos Fondos no es gastar la renta sino invertirla en acciones,
bonos, valores, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos de alta
rentabilidad, cuyos rendimientos serían destinados a financiar el desarrollo
del capital humano, de capacidades científicas y tecnológicas y al
fortalecimiento del sistema de seguridad social para garantizar jubilaciones y
pensiones dignas.
De esta forma, el gobierno de turno no podrá despilfarrar la renta en su
política clientelar y solo podrá utilizar un porcentaje de los nuevos ingresos
de origen petrolero y de los rendimientos de los Fondos como fuente
complementaria del presupuesto público, el cual deberá comenzar a financiarse
con los impuestos que paguen los contribuyentes.
Esta transición de la cultura rentista a la cultura tributaria dará
mucho más poder a los ciudadanos que podrán reclamar a los gobernantes de turno
pulcritud y transparencia en la administración de sus impuestos, en vez de
estar esperando las dádivas y prebendas del reparto clientelar de la renta. La
expansión de las libertades ciudadanas necesita mecanismos que impidan el uso
de la renta petrolera como un instrumento de dominación del Estado contra la
sociedad.
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