Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de septiembre fue de 6%, la acumulada entre enero-septiembre sumó 159,4% y la anualizada entre septiembre 2022-septiembre 2023 llegó a 396%. Faltan menos de tres meses para terminar el año y, de mantenerse esta tendencia, se desvanece la expectativa de lograr una inflación considerablemente menor al 234% de 2022.
En lo que resta de año será difícil remontar la caída promedio del 7 % de la actividad económica registrada en el primer semestre de 2023. La Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria registró una caída promedio de la producción industrial de 7,6% en el primer semestre y Consecomercio reportó una disminución de las ventas en torno al 40 %.
El 82% de los venezolanos consideran que la inflación, la contracción económica, la falta de trabajo bien remunerado y el empobrecimiento generalizado son los problemas que más preocupan a los hogares venezolanos. La falta de trabajo estable y bien remunerado en el sector privado y la mayor precariedad de los sueldos en el sector público que -sumados salario, bono de alimentación y bono de guerra económica apenas sobrepasan los 70 $/mensual-, sentencia que la mayoría de los hogares no puedan comprar los productos de la canasta básica familiar (CAF) que, según los cálculos del CENDAS-FVM, registró un costo de $ 491 en el mes de agosto.
Según la Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) que realiza la UCAB:
ü
El 81,5% no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
ü El 53,3% no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.
En 2023, la tasa de cambio oficial ha subido de 17,48 Bs/$ registrado el
1 de enero de 2023 a 34,8 Bs/$
registrado el 10 de octubre. Esto equivale a una maxi-depreciación del 100% de
la moneda nacional que, aun así, no lograr corregir el rezago en comparación
con la inflación que acumula 159,4% en lo que va de año.
El
precio del dólar aumenta pero en un porcentaje menor que la inflación. En consecuencia, se aprecia el tipo de cambio
real. El precio del dólar se abarata en comparación con el encarecimiento de
los demás bienes y esa apreciación del tipo de cambio real se traduce en importaciones
baratas que compiten ventajosamente con la producción nacional.
Cuando el BCV no puede contener la apreciación acumulada del tipo de
cambio real, bien sea por falta de divisas para alimentar el mercado cambiario
o porque hace pagos en bolívares a la nómina pública, proveedores y
contratistas que inmediatamente tienden a convertir esos bolívares en dólares,
entonces el tipo de cambio se dispara a grandes saltos.
Ante
la certeza de que más temprano que tarde el precio del dólar pegará esos
brincos, todo ingreso en bolívares tiende a convertirse en dólares. Y cuando finalmente el precio del dólar se
dispara, entonces se recrudece la inflación.
Para frenar el precio del dólar, el gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje legal que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo privado, componente clave de la demanda agregada que mueve la economía. El gobierno impide la creación de dinero bancario pero sin dejar de emitir dinero sin respaldo para financiar su propio gasto.
Sin
recuperación de los salarios será más difícil la recuperación económica
El costo del ajuste
fiscal lo está pagando sobre todo la nómina de funcionarios públicos y
jubilados cuyos salarios y pensiones permanecen congelados. En efecto, para reducir el déficit fiscal, el gobierno
minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional.
Esto castiga el
consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no
encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y
agravan la caída de la producción agrícola e industrial.
La reducción del
gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento y desinversión en
los servicios e infraestructura. La reactivación económica requiere servicios
públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de
agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la
escasez de combustibles obligan a paradas no programadas de la producción y
a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los
productos importados.
Al no mejorar la recaudación de impuestos, el gobierno no puede aumentar
la inversión pública, y así el gasto corriente y el déficit fiscal los financia
con emisiones de dinero inflacionario. Cada vez que monetiza su
déficit y lo financia con dinero inorgánico, en los hechos está aplicando un
voraz impuesto inflacionario. Al inyectar esa masa de dinero a una economía
contraída con altos índices de escasez, lo que hace es desquiciar los precios y
recrudecer la inflación.
Un decálogo para vencer la inflación
Un decálogo al alcance de la mano para erradicar la
inflación pudiera estar conformado por las siguientes medidas:
1. Nuevo marco legal y entorno
institucional que garantice la seguridad jurídica, el respeto a los derechos de
propiedad y la trasparencia en los trámites administrativos para estimular
nuevas inversiones en empresas que compitan entre sí, en precios y calidad.
2. Superar los obstáculos estructurales
que contraen la producción nacional a fin de generar una abundante oferta de bienes
y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la
sociedad.
3. Erradicar los factores propagadores
de la inflación derivados del financiamiento del déficit fiscal con emisiones
de dinero sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción.
4. Implementar una política monetaria
expansiva, que libere el encaje legal para reactivar el crédito a la producción
y el consumo.
5. Dejar libre el precio del dólar hasta
alcanzar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad y
competitividad del aparato productivo nacional.
6. Racionalizar el arancel de aduanas
y revisar la caótica apertura comercial en función de evitar la competencia
desleal que desplaza y arruina a la producción nacional.
7. Incentivar la inversión privada para mejorar los
servicios de agua, electricidad, gas, combustibles.
8. Ley de
Concesiones a la inversión privada para repotenciar la infraestructura vial,
ferroviaria, puertos y aeropuertos, así como la infraestructura nacional de
telecomunicaciones.
9.
Renegociar la deuda externa, incluyendo
canje de deuda por participación accionaria en empresas públicas deficitarias,
a fin de reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales.
10. Subasta de
empresas expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la
corrupción y dependen de las transferencias del gobierno derivadas de emisiones
de dinero inflacionario.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía
Económica y Electoral https://t1p.de/0gx17
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