Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de Mercado

Texto completo de la entrevista concedida a la periodista Luz Mely Reyes,

editada y publicada en El Mundo: Economía y Negocios

¿Cuáles son los principales retos del Gobierno en el aspecto económico para 2011?
El principal reto no será reactivar la economía capitalista sino transformarla en un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social. Una década de ayudas al aparato productivo existente dejó claro que la actividad económica centrada en el afán de maximizar las ganancias nunca podrá erradicar las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión social. Solo una economía en manos de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad podrá generar empleos estables y bien remunerados, producir una abundante oferta de bienes y servicios para satisfacer las crecientes necesidades de la población, abatir la inflación y derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.

Hay quienes plantean un escenario de radicalización en lo económico y flexibilización en lo político por parte del gobierno en el 2011. Esta radicalización implicaría nacionalización de la banca y de empresas en sectores estratégicos. ¿Cuál cree usted será el eje estratégico del Gobierno en el ámbito económico para 2011? ¿Cuáles cree Ud. deberían ser las líneas de acción?
En Venezuela, hay sectores que por sus implicaciones en la dinámica económica y social deben estar en manos del Estado. Me refiero al petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, industrias básicas, red ferroviaria, metros, puertos, aeropuertos. Una vez que ya están controlados, el eje estratégico del gobierno en 2011 tiene que ser impulsar un mayor crecimiento de una economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, particularmente en las ramas relacionadas con las canastas alimentaria y básica. Es allí donde la gran mayoría de los venezolanos gasta el 100 % de sus ingresos, es en estos donde se concentra el mayor impacto inflacionario, castigando el poder adquisitivo y, por lo tanto, la calidad de vida y el bienestar del pueblo trabajador. Transferir el poder económico en estos sectores a los principales dolientes sociales debe ser el eje estratégico del gobierno en el ámbito económico en el 2011. Es así como podrá vencer la inflación y asegurar un creciente nivel de empleo productivo, que es lo que más interesa a la mayoría de la población.

Ud ha afirmado que el capitalismo de Estado ha crecido en esta década. ¿Observa posibilidades de algún cambio que implique mayor involucramiento de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas expropiadas?
Lo que yo he dicho y demostrado a la luz de mis investigaciones es que en esa primera década la economía se hizo más capitalista y que -en ese sector privado- se recrudeció la explotación de los trabajadores. En esos años la mayoría de los incentivos de la política económica es aprovechado por empresas portadoras y reproductoras de las relaciones capitalistas de producción a través de los incentivos de la política económica que se utilizaron para reactivar el aparato productivo existente con el fin de reducir las altas tasas de desempleo y aliviar los estragos de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Por eso el sector privado creció a mayor velocidad que el sector público y que la economía social. Lo que también he hecho es alertar para que, tras el objetivo de erradicar las causas estructurales de la explotación del trabajo ajeno, no se reediten en Venezuela las mismas causas que provocaron el derrumbe del socialismo del siglo XX. El absolutismo estatal en la economía dio origen a un capitalismo de Estado en el que fermentaron poderosas élites burocráticas. Estas secuestraron la propiedad estatal y la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Por eso, ni los trabajadores ni el ciudadano de a pie se llegaron a sentir copropietarios sociales de las empresas públicas. Según sea la forma de propiedad que finalmente predomine, el plusvalor quedará en manos de los capitalistas privados, del capitalismo de Estado o de la asociación de productores libres e iguales. Yo creo y defiendo el control obrero y comunitario en las empresas que han sido expropiadas y estatizadas como la vía para construir una verdadera economía social, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo y en la que sean los trabajadores y la comunidad quiénes decidan que, cómo y cuánto se produce y cómo se invierten los excedentes.

Podría hacer un balance sobre los aspectos fuertes que tiene el Gobierno para enfrentar 2011 y las debilidades que tiene.
Ya quisiera cualquier gobierno de América Latina y el mundo contar con las fortalezas que tiene el gobierno venezolano. Además de administrar la riqueza petrolera y gasífera, tiene bajo su control las industrias básicas, puertos, aeropuertos y todos los demás sectores estratégicos que antes mencioné: electricidad, telecomunicaciones, etc. Además, puede hacer uso de una amplia gama de poderosos incentivos arancelarios, fiscales, financieros, monetarios, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, capacitación técnica de la fuerza de trabajo, etc., bien sea para reactivar o para transformar la economía. La gran debilidad sigue siendo las indefiniciones en torno al modelo productivo que se quiere construir, sobre todo en una economía en la que el sector privado genera el 70 % del PIB, una agricultura que apenas pesa 5 % cuando debería estar en un 12 % del producto y una industria decadente que -de aportar casi 19 % del PIB- ha caído a 15 %. Declarar como socialista el modelo productivo que se quiere construir es necesario más no suficiente. Enfrentar con éxito el 2011 pasa por definir con más precisión cuáles son los nuevos sectores que el Estado se va a reservar y por qué razón; cuáles son los sectores en los que se van a reservar a la economía social, para concentrar en ellos el impacto de los incentivos de la política económica; y, pasa también por aclarar en cuáles sectores la inversión privada nacional y extranjera podrá desarrollar su actividad. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado pueden ser las opciones en las que se debata la construcción de una economía socialista en Venezuela. En la transición al socialismo tanto el Estado como el mercado tienen su lugar, pero lo más importante es el espacio en el que debe crecer la nueva economía social. De cara al 2011, hay que aclarar en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es preferible dejar esos sectores a la inversión de capitales privados.

¿Qué posición tiene frente al proyecto de Ley de Comunas?
Para los que somos partidarios de un nuevo socialismo es una ley largamente esperada. Es una ley clave, en mi opinión la espina dorsal para crear el marco legal y el entorno institucional que apoye la construcción del socialismo venezolano. Es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder. La Ley contribuye a aclarar el marco conceptual, toda vez que en su contenido se explica lo que se va a entender por socialismo, comuna, consejo comunal, comunidad, parlamento comunal, estado comunal, ordenación del territorio y otra serie de definiciones fundamentales para tener cada vez más claro el modelo de sociedad que se aspira a construir. Estas definiciones permitirán orientar las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna como base para impulsar nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal y que vayan mucho más allá de la necesaria pero insuficiente contraloría social o control obrero contemplativos que muestran sus limitaciones a la hora de reconocer un mayor poder de decisión que impide el despliegue de todo el potencial de un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, convirtiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

¿Qué instrumentos legales considera debería aprobar la Asamblea Nacional para viabilizar el proyecto del Gobierno del presidente Chávez?
La nueva etapa en la que ha entrado la Revolución Bolivariana -a partir de la declaración de su carácter socialista y de la aprobación del Primer Plan Socialista de la Nación-, tiene que ponerle fin a las concesiones al sector capitalista. En adelante hay que acelerar el diseño y ejecución de un nuevo marco legal realmente revolucionario que de verdad cree nuevas relaciones de poder a favor de los productores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada. En este sentido, creo que la próxima Asamblea Nacional debería aprobar un conjunto de leyes que viabilizaría el Proyecto de Gobierno del presidente Chávez orientado a erradicar la pobreza y la exclusión social, entre las cuales puedo mencionar:
• Ley para el logro de la soberanía productiva, con el fin transformar una economía rentista que todo lo importa y poco produce en un nuevo modelo productivo centrado en la cultura del trabajo, capaz de sustituir con producción nacional el enorme volumen de importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la exagerada dependencia de la renta petrolera. Esta ley daría claros mandatos a los entes públicos que administran los instrumentos de la política económica para superar la aplicación discrecional, fragmentada y dispersa de los mismos y concentrar su impacto en torno a los sectores de la economía real y social.
• Ley para la democratización de la propiedad, con el fin de erradicar de manera sostenida la explotación del trabajo ajeno y las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión. Se trata de aplicar un principio de elemental reciprocidad al condicionar los incentivos de la política económica al cumplimiento de programas de participación laboral y comunitaria en la estructura accionaria de las empresas. Así, quienes deseen tener acceso a los dólares de Cadivi, participar en licitaciones, recibir préstamos a la banca pública, etc. deberán hacerlo con el aval de los Consejos de Fábrica y Comunales que han pasado a ser copropietarios de un porcentaje de las acciones de esa empresa. Las ganancias correspondientes a estos consejos no serán distribuidos como dividendos individuales sino invertidos como ganancia social para resolver problemas comunes de los trabajadores y de la comunidad.
• Ley para la inversión social de las ganancias, que obligue a las empresas a asumir un firme compromiso en la lucha contra la exclusión social al destinar un porcentaje de sus ganancias a la implantación de las misiones sociales para el beneficio de todos y cada uno de los trabajadores/as de su nómina, de tal forma que ellos y sus hijos alcancen un creciente grado de escolaridad primaria, media y superior; tengan acceso a alimentos de calidad y buenos precios en los mercados de la empresa; se les asegure atención médica en la empresa, adquieran vivienda propia; etc. En la nueva sociedad la lucha contra la exclusión social no puede recaer única y exclusivamente sobre la responsabilidad del Estado, todas las empresas están obligadas a asumir una mayor responsabilidad social.
• Ley para promover el desarrollo armónico y proporcional del territorio, consiste en incentivos especiales para toda inversión pública, privada o de la economía social en las regiones con un PIB y nivel de empleo por debajo de la media nacional, así como en los distritos motores de desarrollo decretados por el Gobierno para aprovechar las ventajas comparativas de diferentes ámbitos geográficos y consolidar el poder popular como fundamento de la estructura social y económica del nuevo modelo de desarrollo socialista.

¿Qué líneas de investigación considera primordiales para apoyar la toma de decisión por parte del Ejecutivo?
La Revolución Bolivariana ha triunfado política y socialmente pero todavía no ha triunfado en materia económica. En este campo, la Revolución Bolivariana no ha sido bien estudiada. Muchos se asombran cuando se les demuestra que después de una década de Revolución la economía se hizo más capitalista. Su lento y zigzagueante avance en el campo económico, lejos de significar su fracaso, pone en evidencia la complejidad de las transformaciones que impulsa. Por la trascendencia de sus objetivos se abre paso con dificultad ante la resistencia que opone el viejo orden económico y lo complejo que implica construir la nueva economía social. Y esto se explica porque -a pesar de la retórica antiimperialista, capitalista y prosocialista y del discurso alarmista de los gremios empresariales-, los incentivos de la política económica bolivariana son los que han sostenido los procesos de acumulación y reproducción del capital. Incluso, la inversión social de la renta petrolera, a través de las Misiones sociales, contribuyó a activar una válvula de escape para aliviar la conflictividad laboral y crear mejores condiciones para la acumulación y valorización del capital. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que complementan y compensan el precario salario que devengan los trabajadores, liberando a los patronos de la presión sindical para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.
Más allá de la retórica, hay que estudiar científicamente hasta dónde se ha avanzado en la sustitución de las relaciones de explotación por nuevas relaciones de cooperación. Estudiar que hacer ante un comportamiento errático de la renta petrolera que hace inestables las fuentes de ingresos fiscales para sostener el gasto público. Analizar y diseñar políticas y estrategias para impulsar el crecimiento y desarrollo a la industria, la agricultura y la construcción de viviendas. Investigar sobre nuevas formas de propiedad social para empoderar a los trabajadores directos y y a la comunidad sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.
El creciente debate en la Revolución Bolivariana sobre los diferentes modelos para construir el socialismo venezolano es una clara expresión de que el mismo se construye sin recetas ni fórmulas preconcebidas. Se enfrentan las tesis que defienden el viejo dogma de la propiedad estatal sobre todos los medios de producción, hasta las que justifican el apoyo público al capital privado, pasado por las propuestas de priorizar una nueva economía social y popular en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada.
La Revolución económica -además de plantearse el desarrollo de nuevas relaciones de producción que liberen a los asalariados de la explotación del capital-, tiene que plantearse también el reto de multiplicar y hacer crecer exponencialmente el número de empresas con el fin de construir un sólido y pujante aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. Por lo tanto, hay que definir criterios claros de los sectores y empresas que deben quedar bajo control del Estado, distinguir los sectores en los que se impulsará y protegerá la economía social y precisar aquellos en los que se mantendrá la inversión privada. Así se tendrá más claro en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es mejor destinar esos recursos a aumentar el número de nuevos emprendimientos de la economía social para asegurar un crecimiento absoluto y relativo de la nueva economía socialista, planteándose metas clara para aumentar la densidad de empresas de la economía social por cada mil habitantes, en función de reindustrializar la economía nacional y alcanzar la soberanía productiva.
Estas definiciones reducirán el riesgo de repetir la historia del socialismo del siglo XX. Cuando los trabajadores directos y los miembros de la comunidad se sientan verdaderos copropietarios de las empresas donde trabajan, entonces le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. En este sentido, las líneas de investigaci´pon que considero prioritarias son aquellas que permitan generar un conocimiento científico, revolucionario y transformador, que sea útil para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas a:
a) Trascender la noción de la democratización del capital y del aumento de la propiedad estatal, toda vez que estas son el fermento del capitalismo de mercado y del capitalismo de Estado.
b) Construir un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
c) Impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen realmente a los productores directos y a la comunidad sobre los procesos de producción.