La contrarrevolución burocrática

Una de las causas que determinaron el fracaso de lo que se llamó “socialismo real” en el siglo XX fue el burocratismo. La propiedad estatal absoluta sobre los medios de producción maduró las condiciones para que élites burocráticas secuestraran la propiedad estatal y la administraran con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara, impidiendo que los trabajadores y ciudadanos se sintieran verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción estatizados.

La propiedad no puede verse únicamente desde su forma jurídica, sino como expresión de las relaciones sociales que se establecen no solo para la producción material sino también para la propia reproducción de las relaciones de explotación o cooperación que signan un sistema económico. Por eso, estatizar no necesariamente implica socializar. De allí la necesidad de superar la creencia limitante que imponen los intereses del burocratismo sobre la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social. El socialismo del siglo XXI será exitoso si logra concretar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad sobre los medios de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, dejando claro que los recursos naturales y los sectores estratégicos como petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, puertos, ferrovías, etc. deben permanecer en manos del Estado.

En lugar de expropiar para convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada e incubar así el germen del capitalismo de Estado, la clave está en democratizar la propiedad a través de nuevas formas de pertenencia que aseguren que los trabajadores y la comunidad sean y se sientan los verdaderos copropietarios sociales de los medios de producción expropiados, estableciendo que los excedentes no serán distribuidos como dividendos o ganancia individual, sino que serán la fuente para financiar la inversión social y comunitaria que decidan de mutuo acuerdo los Consejos de Fábrica y Comunales.

Gracias a la inversión social de la renta petrolera, en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Organismos internacionales como ONU, FAO, OEA, UNESCO así lo han reconocido. Pero una revolución social sin una verdadera revolución económica es una revolución insostenible, sobre todo en un contexto de caída prolongada de la renta petrolera. Y eso puede ocurrir.

El bloque soviético se desplomó no por un ataque imperialista sino por su propia erosión interna. La fuerza que más corroe una Revolución no está ni en la amenaza externa ni en la oposición interna, sino en la contrarrevolución burocrática que se enquista en la estructura del Estado para represar y medrar del poder que debe ser transferido al pueblo organizado. Erradicar las causas del desempleo, la pobreza y la exclusión social no dependen de seguir ganando elecciones o de la inversión social de la renta petrolera, sino de un nuevo orden político, económico y social basado en verdaderas formas de propiedad social y empoderamiento popular, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.