Por. Víctor Álvarez R.
Desde la época de la Colonia, con su “Leyenda
de El Dorado”, comenzó en Venezuela la extracción de oro, diamantes y otros
minerales. 500 años después, los pueblos indígenas y comunidades mineras
todavía viven en precarias condiciones y ven morir a sus hijos contaminados de
mercurio o tapiados por los taludes de la actividad extractiva.
A diferencia del extractivismo minero impuesto
por las grandes potencias industrializadas que condenaron a los países subdesarrollados
a ser simples exportadores de materias primas a precios viles, los gobiernos
progresistas y de izquierda de América Latina han reivindicado la soberanía
nacional sobre los recursos naturales. A la explotación de recursos energéticos
y minerales con el fin de destinar los recursos que se obtienen a la lucha
contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, se le ha conceptualizado
como neo-extractivismo.
Así, en Perú el gobierno de Ollanta Humala se
ha planteado explorar reservas de gas en los territorios indígenas; en Uruguay,
el presidente Mujica promueve un proyecto de megaminería de hierro a cielo
abierto, a través de una infraestructura que incluye un mineraloducto, un
puerto de aguas profundas, energía eléctrica e incentivos fiscales; en Bolivia,
el gobierno de Evo Morales enfrenta la resistencia indígena por su
determinación de construir una autopista que atravesará un parque nacional y
territorios protegidos en los que subyace un enorme potencial minero; y en
Ecuador, el presidente Correa anuló la decisión que impedía la explotación
petrolera en el parque Yasuní, en la Amazonia de Ecuador. Incluso en Colombia,
el presidente Santos reprime con fuerza la resistencia indígena y campesina a
los proyectos mineros.
Neo-extractivismo
o pobreza
Sea la megaminería, la extracción de petróleo
o las grandes superficies de monocultivos, al neo-extractivismo se le presenta
como la gran oportunidad de aumentar las exportaciones y generar los recursos que
permitan enfrentar los flagelos sociales, sin detenerse a considerar los daños
irreversibles que se causan a los pueblos indígenas y comunidades campesinas
que habitan en territorios ricos en biodiversidad y aguas dulces.
Ante la falta de soluciones innovadoras para
encarar la problemática social, los gobiernos de izquierda y derecha lucen
atrapados en la dicotomía de “extractivismo o pobreza”. Si bien es cierto que
las multimillonarias regalías obtenidas por la intensificación del
extractivismo ha ayudado a disminuir los elevados niveles de desempleo, pobreza
y exclusión social, está práctica no se puede asumir como si no hubiera otra
alternativa.
El
Arco Minero del Orinoco
Además de la explotación de la Faja
Petrolífera del Orinoco, ahora se propone intensificar el extractivismo en el
Arco Minero del Orinoco. En
la región Guayana, donde tienen asiento las industrias básicas del hierro,
acero, bauxita, aluminio, oro, diamante, etc. está previsto un plan de inversiones
a través de una serie de proyectos conjuntos entre PDSA y la CVG. Con este fin,
se suscribió un convenio con la República Popular China, cuyo objeto es cuantificar y
explotar los minerales que subyacen en los estados Bolívar y Amazonas, a
contrapelo de lo establecido en el Decreto Presidencial N° 269
que prohíbe toda actividad minera en el Estado Amazonas, y de los decretos que
crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco.
Si alguna lección nos ha dejado el
extractivismo en Venezuela, es su voraz capacidad para contaminar el agua de
nuestros lagos y ríos, depredar el ambiente y desplazar etnias indígenas y
comunidades campesinas. Quienes vimos cómo año a año se fue contaminando el
Lago de Maracaibo, tenemos que alertar que la extracción del petróleo está
asociada al riesgo de accidentes, derrames de crudo y otra serie de problemas
ambientales que representan una amenaza real para el río Orinoco. Las nuevas
tecnologías no conjuran la amenaza sobre el ambiente que viene de la mano de la
extracción del petróleo y del extractivismo minero, aún cuando esto se haga por
parte de empresas estatales.
En el caso concreto del extractivismo minero vinculado
a las empresas básicas de Guayana, es patético su poco aporte al desarrollo
económico, la generación de divisas y los ingresos fiscales, al extremo que
actualmente sobreviven gracias a las transferencias y créditos adicionales que reciben
del presupuesto nacional.
Del
rentismo a la cultura del trabajo
Reivindicar la soberanía nacional sobre los
recursos naturales fue un paso absolutamente necesario para comenzar a pagar la
deuda social. Pero en lugar de limitarse a exportar petróleo y minerales sin
valor agregado, hay que plantearse la industrialización de los hidrocarburos y de
la riqueza minera.
Asumir el extractivismo como la única opción
para encarar los problemas sociales es propio de la mentalidad cortoplacista y rentista
que es necesario sustituir por una nueva cultura del trabajo. En adelante, se
impone utilizar de manera inteligente parte de esa cuantiosa renta en proyectos
productivos, evitando la sobrevaluación de la moneda que implanta la tendencia
a importar lo que bien pudiera producirse localmente, toda vez que esto solo
conduce a enterrar bajo un alud de productos extranjeros las débiles
agriculturas e industrias nacionales. Solo así los venezolanos podremos vivir de
nuestra capacidad emprendedora y esfuerzo productivo. @victoralvarezr
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