El equipo asesor de Henri Falcón adelantó que -de ganar las
elecciones presidenciales- su gobierno entregará tarjetas en dólares. “Nosotros vamos a traer una tarjeta
solidaria a la que tendrán acceso todos los venezolanos, sin ninguna distinción
política, a través de la cual cada adulto recibirá 25 dólares y cada niño 10
dólares”. Así lo anunció Francisco Rodríguez, coordinador del Programa
Económico de Henri Falcón.
Como se recordará, no es la primera vez que un candidato
presidencial ofrece tarjetas de ayuda económica como parte de su promesa electoral.
En 2006, Manuel Rosales ofreció la Tarjeta
Mi Negra y el Gobierno de Nicolás Maduro ha implantado el Carnet de la Patria, a través del
cual reparte bonos y ejerce un creciente control político y social sobre su
clientela electoral.
Los efectos no
deseados de la compensación social
Ciertamente,
la viabilidad de la estabilización y reactivación económica no puede descuidar
el problema de la compensación temporal que será necesario mantener, hasta
tanto la actividad productiva comience a recuperarse y genere más y mejores
puestos de trabajo.
Lo que hay
que dejar claro desde un inicio es que los programas asistencialistas se utilizarán
para aliviar el costo social causado por las políticas de ajuste, en caso de
que éstas contraigan aún más la economía, destruyan empleos y empobrezcan a la
población. En estos casos extremos, tales asignaciones se enfocarán en la
compensación de la pobreza generada por las medidas de ajuste, y no podrán mantenerse
una vez que hayan sido erradicadas las condiciones que las justificaron.
Ahora bien, cuando
se trata de un programa económico expansivo, que libera el crecimiento de las
fuerzas productivas y genera empleos bien remunerados, la necesidad de medidas
asistencialistas -como la Tarjeta Solidaria-, se reduce al mínimo y no debe
tener tanta relevancia en la oferta electoral. Sobre todo si se tiene en cuenta
que estas medidas compensatorias se desnaturalizan al paso del tiempo y terminan
convirtiéndose en derechos adquiridos que en nada contribuyen a la recuperación
del valor del trabajo y a la cultura del esfuerzo productivo.
Los
programas compensatorios no corrigen las causas del problema y su prolongación
en el tiempo los condena al fracaso en la lucha contra la pobreza. La
asignación de bonos que no están asociados al esfuerzo productivo no sirve para
superar la cultura rentista que espera seguir viviendo de ingresos que no son
fruto del trabajo. Este tipo de subvenciones debe ser temporal y condicionado
al logro de metas en capacitación técnica y empresarial para que los desempleados,
excluidos y afectados por el Programa de Reformas puedan reinsertarse como
nuevos emprendedores a la actividad económica. Así podrán generar una creciente
riqueza y serán capaces de satisfacer, con ingresos propios, sus necesidades básicas
de alimentación, educación, vivienda y salud, sin depender de los bonos que
reparte el gobierno.
Tarjeta Solidaria. ¿Un mal necesario?
En una
visión de crecimiento económico, la compensación hay que mantenerla pero será coyuntural.
Dejará de ser un área relevante de la política pública a medida que la
recuperación económica se traduzca en un aumento del empleo estable y bien
pagado. Lo importante es tener claro que la compensación no es lo estratégico.
Lo estratégico es la generación de riqueza a través de nuevas fuentes de trabajo
productivo, lo cual permitirá sostener una permanente mejora de la
participación del factor trabajo y de los nuevos emprendedores en la
distribución del ingreso
Un cambio en
la manera de gobernar requiere un cambio radical en la forma de concebir y
ejecutar la intervención pública para enfrentar la pobreza y la exclusión
social. La política social compensatoria no ofreció antes, ni podrá ofrecer
nunca, una solución estructural al problema de la pobreza. Sus medidas, lejos
de alterar las causas que originan la desigualdad en la distribución del
ingreso, más bien las prolonga en el tiempo. Las políticas compensatorias crean
inercias que condicionan su evolución en el largo plazo. Los bonos se vuelven
“derechos inalienables” que absorben cuantiosos volúmenes de recursos, los
cuales arrojarían mejores resultados si fuesen destinados a la formación empresarial,
la capacitación y asistencia técnica, y el
financiamiento del emprendimiento productivo.
Las
políticas compensatorias no pasan de paliar los efectos de las medidas de
ajuste y de la concentración de la riqueza, pero no atacan las verdaderas causas
de la pobreza, las cuales tienen que ver con la necesidad de democratizar la
educación en todos sus niveles, la capacitación técnica para el trabajo y el financiamiento
productivo. Es así como se podrá democratizar el capital y crear un creciente
tejido de micros y pequeñas empresas en las que se genere trabajo emancipado.
Los efectos progresivos
de la política distributiva no se consiguen con subsidios indirectos que
favorecen por igual a ricos y pobres, ni tampoco con programas compensatorios a favor de los más
empobrecidos. Se conquistan a partir de la ampliación de la estructura
económica que soporta la generación de la riqueza. La mejor política social
será una nueva política económica que, en lugar de generar efectos perversos
sobre la población al destruir la moral de trabajo y llevarla a depender de las
dádivas que reparte el gobierno de turno, más bien estimule el espíritu
emprendedor y el valor del trabajo para multiplicar así el tejido productivo en
el que se genera y distribuye la riqueza.
En los países de mayor desarrollo económico y social,
la calidad de vida de los ciudadanos se sustenta en un amplio tejido de
pequeñas y medianas empresas. Son naciones donde el espíritu emprendedor es
promovido y apoyado a través de políticas públicas que propician un adecuado
entorno para que la iniciativa privada se despliegue y tenga éxito: desde el poder
ejecutivo al que toca crear las condiciones macroeconómicas, de infraestructura
y servicios que respalden la actividad productiva, hasta el poder legislativo al
que le corresponde crear un marco legal claro y estable que estimulen la
inversión, pasando por el poder judicial al que toca hacer cumplir las leyes y
dirimir las controversias con la mayor transparencia y justicia posibles. Así
es como se erradica la pobreza y la exclusión social que han servido de caldo
de cultivo de un electorado clientelar
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