Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Poner precio a la cabeza
de Maduro y sus principales colaboradores para forzarlo a negociar su salida
del poder no es una amenaza creíble para una coalición difícil de asustar. Por
el contrario, tiene un efecto contraproducente: mientras más se les amenace y menos garantías se les den, más se
cohesionarán y aferrarán al poder.
El Departamento
de Justicia imputó cargos
penales a Maduro y 14 funcionarios y ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de
dólares por cualquier información que permita detenerlos o procesarlos.
En lugar de seguir creando desconfianza en el seno de la coalición dominante,
EEUU ahora los acusa a todos por igual, lo cual genera un efecto
contraproducente para su propia estrategia divisionista. Cualquier incentivo
que hubiesen podido tener los funcionarios acusados para presionar a Maduro a dejar
el poder, ahora desaparece. Al ser judicializados, todos cierran filas para
aferrase al poder y poner a salvo sus cabezas.
Emplazados por la amenaza del coronavirus, una
negociación entre Maduro y Guaidó para gestionar la ayuda humanitaria, el canje
de petróleo por alimentos y medicinas, así como la asistencia financiera del
FMI bajo la administración de organismos internacionales como el PNUD, la OMS y
la CRI, estaba cobrando fuerza en la opinión pública nacional, como parte de
una agenda común en torno a la cual Oficialismo y Oposición complementan sus
capacidades y recursos para enfrentar juntos la amenaza del coronavirus y
evitar que se propague masiva y aceleradamente a lo largo y ancho del
territorio nacional.
Pero la judicialización de Maduro y sus
colaboradores, así como la millonaria recompensa que se ofrece por sus cabezas,
dinamita la posibilidad de un acuerdo político autónomo entre el Oficialismo y
la Oposición, sin la tutoría de las potencias externas que se disputan a
Venezuela como un espacio de su tablero geopolítico.
Esta acción no puede interpretarse como un paso a
favor de una solución política y negociada de la crisis venezolana. La
judicialización los convierte en criminales buscados por la justicia
estadounidense con los cuáles no se puede negociar. Los factores de la Oposición
que han recibido un explícito respaldo de la Casa Blanca no querrán ser
considerados como cómplices de unos delincuentes buscados internacionalmente.
En consecuencia, tales acusaciones abortan
el proceso de negociación que se había reactivado entre Oficialismo y
Oposición, el cual ya había dado sus primeros resultados con la designación del
Comité de Postulaciones para elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
A pocos días de que el policía malo de la Fiscalía
General de EEUU judicializara a Maduro y sus colaboradores y pusiera precio a
sus cabezas con unas jugosas recompensas, el policía bueno del Departamento de
Estado anuncia un Marco Democrático para Venezuela.
La nueva estrategia de la Casa Blanca tiene como
punto de partida que Maduro y Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a
un Consejo de Estado de cinco miembros que gobernaría el país hasta que se
puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en un lapso entre
6-12 meses. “Yo acepto”, dijo Guaidó, pero Maduro ya anunció que no se va a
someter a un plan en el cual él no participó.
Si bien es cierto que el plan del Departamento de
Estado recoge propuestas que han venido haciendo diferentes sectores que se
pronuncian a favor de una solución política y electoral de la crisis
venezolana, el primer problema que tiene el Marco Democrático es que no fue precisamente el resultado de un
proceso de diálogo, negociación y acuerdo democrático entre los factores internos
en conflicto, sino un producto prefabricado por el Departamento de Estado y
anunciado unilateralmente como un manual de instrucciones que las partes deben
seguir.
Otro problema que tiene la propuesta del Departamento
de Estado es que plantea elecciones en un lapso de 6-12 meses, pero ¿cómo
convocar elecciones en tan breve lapso, justamente cuando la pandemia del
coronavirus apenas comienza en Venezuela y las concentraciones multitudinarias,
propias de toda campaña electoral, irían a contravía de las medidas de
aislamiento social que hay que cumplir para evitar una masiva y acelerada
propagación de la enfermedad?
Un tercer problema que tiene el plan de la Casa
Blanca para Venezuela es que, para la designación de los miembros del Consejo
de Estado, cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de
miembros de la Asamblea Nacional (AN) selecciona un miembro. El
quinto miembro -que se desempeñaría como presidente interino hasta que las
elecciones se realicen-, sería nombrado por los otros miembros del Consejo. Este
procedimiento requiere unos acuerdos políticos previos, toda vez que la AN está
dividida y tiene dos directivas, una presidida por Juan Guaidó, y la otra por
el parlamentario disidente de la oposición, Luís Parra, quien cuenta con el apoyo
de la bancada oficialista.
Si dejamos de lado las opciones extremistas que
plantean una intervención militar o quirúrgica y nos enfocamos en la
conveniencia de lograr una solución política, electoral y pacífica a la crisis,
en Venezuela es inviable cualquier fórmula que sea diseñada sin la
participación y aprobación del gobierno de Nicolás Maduro, quien además de
controlar el aparato de la Administración Pública, cuenta con el apoyo de las
Fuerzas Armadas Nacionales, 19 de 23 gobernaciones, casi 300 de 335 alcaldías,
y es quien detenta el poder real sobre el territorio nacional.
Judicializado y con una recompensa por su cabeza,
Maduro y sus colaboradores no van a apartarse del poder. Eso solo es pensable y
discutible si a Maduro se le asegura la protección de sus derechos políticos y EEUU
lo absuelve de las acusaciones que lo criminalizan de formar parte de una
conspiración narcoterrorista. Mientras la nomenclatura madurista se sienta
expuesta al sistema de justicia de los EEUU no habrá Marco Democrático para Venezuela que camine, cuestión que mantiene
sobre la mesa la opción de una intervención militar, la cual nuevamente cobra
fuerza con el reciente despliegue aéreo y naval de los EEUU.
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