Con la maniobra de
forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su
período legal de siete años y generar así una crisis institucional en el poder
electoral, el gobierno actúa con mucha astucia y malicia a fin de lograr al
menos los siguientes objetivos:
- Abortar la restauración del prestigio institucional del CNE
La legitimidad de desempeño del poder electoral se venía gestando gradualmente
gracias a un arbitraje institucional liderado por los rectores Roberto Picón y
Enrique Márquez, identificados con la oposición, que opacaron al presidente del
CNE, Pedro Calzadilla, y demás rectores principales y suplentes identificados
con el gobierno.
El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los
electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las Presidenciales de
2024 necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los
intereses del gobierno. Con ese fin procederá a nombrar otros rectores espanta
votos, deteriorar las condiciones electorales y crear dudas sobre la protección
de la identidad de los electores y el resultado de las votaciones.
El objetivo del gobierno con esta maniobra es erosionar la confianza en la
institución del voto, aumentar la apatía electoral y la abstención,
a fin de convertir en mayoría su decadente caudal electoral.
A fin de lograr una masiva participación del
electorado opositor se calcula que hace falta instalar 4.000 centros
electorales y 7.000 mesas de votación a lo largo y ancho del territorio
nacional, de lo contrario a muchos electores se les dificultará llegar a los
centros de votación y no podrán votar[1].
La elección primaria del candidato de la Plataforma
Unitaria está prevista para el próximo 22 de octubre, pero la Comisión Nacional
de Primaria (CNP) no tiene la capacidad logística para lograr una cobertura de
esta dimensión y garantizar así unos comicios lo más incluyentes posibles.
Una vez designada la Comisión Preliminar del Comité
de Postulaciones se estima que -si no hay retrasos en el cronograma para
recibir, evaluar y decidir sobre las postulaciones- los nuevos rectores del CNE
deberían ser designados en un plazo de 90 días; es decir, a apenas un mes de la
elección primaria.
Está cantado que el gobierno entorpecerá y demorará
el proceso de evaluación y escogencia de los nuevos rectores para forzar una
elección primaria con baja participación, que impida hacer una gran
demostración de fuerza y capacidad de organización y movilización del
electorado opositor, lo cual tendría un impacto desmoralizador y agravaría la
desesperanza y apatía electoral.
- Evitar la conformación de
una poderosa maquinaria electoral opositora
Se calcula también que para cubrir 4.000 centros
electorales y 7.000 mesas de votación se requiere organizar una maquinaria
electoral de al menos 30.000 personas que, además de los miembros y testigos de
mesa, incluya el personal logístico para el transporte y movilización de los
participantes.
Por lo tanto, otro objetivo encubierto del gobierno
al inducir una primaria auto-gestionada y con limitada cobertura nacional es
evitar la conformación de una poderosa maquinaria electoral a lo largo y ancho
del país que defienda los votos del candidato opositor en las elecciones
presidenciales de 2024.
El gobierno quiere evitar una elección primaria con
la asistencia técnica del CNE que despeje las dudas sobre la protección de la
identidad del elector, con una masiva movilización que deje como saldo una
poderosa maquinaria electoral opositora organizada en los 23 estados y 335
municipios del país
- Enfocar el debate en la
agenda electoral y no en la crisis económica
Con
esta jugada, el gobierno se propone enfocar la opinión pública en la diatriba
político-electoral y desviar la crítica a la incesante inflación, la
pulverización de los salarios; el colapso de los servicios públicos de
electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones; el deterioro de
los sistemas de salud y educación y demás problemas que agobian a los hogares
venezolanos y motivan el creciente rechazo de los electores a la gestión de
gobierno.
El
principal problema que atormenta a las familias no es el político ni el
electoral, es el económico: el ingreso no alcanza para comprar la canasta
alimentaria, mucho menos para adquirir la canasta básica. Con la maniobra de
dinamitar el CNE, el gobierno se propone enfocar el debate en la inviabilidad
de la elección primaria, la elección de un candidato opositor por consenso y la
mejora de las condiciones electorales, pero esto no es lo que preocupa y motiva
a la gente.
Al
gobierno le interesa que sus adversarios descuiden el desarrollo de una oferta
electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis.
Teme que si la dirigencia política finalmente logra conectar su narrativa con
las necesidades de la gente, el elector recuperará la confianza en el voto,
superará su apatía electoral y se sentirá motivado a votar masivamente en la
elección primaria y, sobre todo, en contra del gobierno en las presidenciales
de 2024.
5. Agravar
la desconfianza en el voto y aumentar la apatía electoral
El oficialismo tiene claro que no cuenta con la
mayoría popular. Su caudal de votos ha mermado elección tras elección. Solo si
enfrenta a una oposición dividida en un ambiente de desconfianza en el voto y
de apatía electoral, es que hará concesiones para celebrar unas elecciones que puedan
ser reconocidas nacional e internacionalmente. Pero si el oficialismo calcula
que está comprometida su continuidad en el poder, empañará la transparencia del
proceso electoral para exacerbar la división y abstención que lo pongan a
ganar.
Hay quienes le hacen el juego a la estrategia divisionista
y abstencionista del gobierno y con la designación de un nuevo CNE integrado
por rectores espanta votos, desempolvarán sus viejos argumentos para no medirse
en unos comicios con un árbitro parcializado con el gobierno. Vale recordar que
aun en desventajosas condiciones electorales y con un CNE funcional al
gobierno, la oposición ganó la la Asamblea Nacional de 2015, y conquistó 124
alcaldías y cuatro gobernaciones en las Megaelecciones de 2021, pudiendo haber ganado
14 gobernaciones y más de 200 alcaldías si hubiese competido con un candidato
único y unitario, en vez de haberse presentado dividida.
Con estos resultados se demostró que las favorables
condiciones políticas son más decisivas que las desventajosas condiciones
electorales. Con más del 75º% del electorado en contra de la gestión del
gobierno, no participar apelando a la designación de un árbitro parcializado o alegando
la falta de condiciones electorales, es más un pretexto de quienes temen caer
derrotados si se presentan otra vez divididos al no haber sido capaces de
subordinar al interés nacional sus intereses políticos particulares y sus
ambiciones personales.
Los
mejores estrategas se preparan para los peores escenarios
La
mayoría de los precandidatos de la oposición catalogan al gobierno de Venezuela
como un régimen autoritario, como una dictadura y, sin embargo, esperan de ese régimen
condiciones electorales a tono con los estándares internacionales.
En la
designación del poder electoral, un nuevo CNE con tres rectores del oficialismo
y dos rectores de oposición será la mejor correlación de fuerzas que la
oposición puede esperar de un gobierno al cual
acusa de autoritario y hegemónico. ¿O acaso pretende que la dictadura
que quiere derrocar le conceda una mayoría de 3 a 2 en el ente rector del poder
electoral?
Bajo
un régimen autoritario no hay que esperar elecciones libres ni competitivas. A
una dictadura no se le piden elecciones libres y limpias, se le enfrenta en
desventaja y en las peores circunstancias con base en la organización y
movilización de la inmensa mayoría que quiere un cambio en el mando político
por la vía electoral y pacífica.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de
Pedagogía
Económica y Electoral https://t1p.de/fyuum
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