La Corte Suprema de Estados Unidos negó la
apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la
Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y permite a los acreedores de la República
cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales
como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las
acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de
Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las
Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.
En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de
Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de
Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones
gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las
acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela
surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)
cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a
Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía
pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios
generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la
indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en
Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal
aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones
de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.
¿En qué consiste el principio del alter ego?
Pdvsa y Citgo nunca tuvieron negocios con
Crystallex. El litigio de la minera canadiense es contra la República de
Venezuela, pero el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el
impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. En EEUU
no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del
dueño, toda vez que legalmente son dos entidades distintas y separadas. Por lo
tanto, ni las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República
deberían cobrarse con cargo a Citgo porque son figuras jurídicas distintas.
Citgo formalmente es propiedad de Pdvsa y no de la República.
Sin embargo, la República de Venezuela cuando
estuvo representada en EEUU por el interinato utilizó fondos de Citgo y dio
base para que el juez sentenciara que República y Pdvsa-Citgo son un mismo patrimonio
contra el cual se podían cobrar las indemnizaciones y deudas que reclama Cristallex,
los tenedores del Bono 2020 y otros acreedores cuyos reclamos al Estado
venezolano superan ampliamente el valor de Citgo. La
sentencia firmada por el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware dice que: "Los
actos del Gobierno de Guaidó son los actos pertinentes para el análisis del
alter ego porque el Gobierno de Guaidó es reconocido por Estados Unidos como el
gobierno legítimo de Venezuela." La
apelación fue presentada por la directiva ad hoc de Pdvsa designada por
el gobierno interino de Juan Guaidó porque es la que representa a Citgo ante
los tribunales estadounidenses. Pero la Corte Suprema acaba de rechazar esta
apelación y así el remate de Citgo se llevará a cabo una vez que a mitad de año
se venza la prohibición de rematar Citgo dictada por la OFAC.
Las demandas contra la República tienen su origen
en las de expropiaciones y emisión de
deuda garantizada con las acciones de Citgo, mientras que el remate de sus
acciones para pagar esas deudas fue facilitado por el mal manejo de los
recursos de Citgo para financiar el interinato. La Corte estadounidense encontró
evidencias para determinar la aplicación del alter ego, según el cual se identifica como un solo
patrimonio, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como
el patrimonio de Pdvsa-Citgo y sentenció el remate de las acciones
para pagar las indemnizaciones y deudas que tiene el Estado venezolano con sus
acreedores, a los cuales Citgo no debe nada.
Destinar
ganancias de Citgo a financiar repatriación de migrantes venezolanos en EEUU
Las opciones para salvar la compañía más importante
que Venezuela tiene en el exterior son cada vez más limitadas. En el marco de
las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender
la licencia que impide actuar contra de Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de destinar las ganancias
de Citgo a financiar la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU que
quieren regresar para reconstruir su vida en el país que los vio nacer.
El costo social del conflicto venezolano es
distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia política
y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de
perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela
las víctimas más numerosas del conflicto han sido los más de 7 millones de
migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida,
debido a los errores de la política económica que causaron la contracción de la
economía, la destrucción de empleos y una persistente inflación que disolvió el
poder adquisitivo de los hogares. Esta problemática fue agravada por la
confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las
sanciones económicas. La ruta violenta e insurreccional para forzar un cambio
en el mando político y las sanciones agravaron la crisis que tiene entre sus
principales víctimas a la incesante migración de venezolanos azotados por el
desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la exclusión social.
La mayoría
de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la
discriminación y xenofobia por la competencia laboral que representan para los
trabajadores locales, y por la presión que ejercen sobre los servicios públicos
y sociales. Esto genera creciente tensiones con los países en los que se
concentra la migración venezolana. Donald Trump promete una deportación masiva
de inmigrantes sin papeles si es reelegido presidente, los acusa de “envenenar
la sangre de EEUU”.
Una solución digna para
los migrantes venezolanos debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones
directas entre la Casa Blanca y Miraflores. En el marco de las Presidenciales
de 2024 en EEUU, a la Administración Biden le conviene abrir una válvula de
escape para aliviar la presión de los migrantes, y el gobierno de Nicolás
Maduro está obligado a ofrecer incentivos para la repatriación de migrantes venezolanos de diferente
calificación técnica y profesional que apenas sobreviven desempeñando otros
oficios, pero el país los necesita para su reconstrucción.
Los millones de migrantes venezolanos son el
equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes se
les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para
facilitar su repatriación y reinserción productiva. Muchos de ellos estarían
dispuestos a regresar si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus
condiciones de vida y sostener sus familias. La reparación de daños a los
migrantes es clave para el reencuentro y la reconciliación nacional.
En 2022 Citgo generó ganancias por $ 2.800 millones
y en 2023 reportará ganancias semejantes. Actualmente tiene en caja más de
$1.400 millones. Las negociaciones entre Washington y Caracas pueden acordar
que la OFAC proteja a CITGO del remate siempre y cuando sus ganancias se
destinen a la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU, financiando los
siguientes incentivos:
ü
Asignación de 500 $/mensual por migrante (costo de
la canasta alimentaria) para la repatriación de 50.000 migrantes (50 x 12 x
50.000 = $ 300 millones)
ü
Créditos en condiciones preferenciales de montos,
plazos y garantías para la adquisición de taxis y otros emprendimientos
productivos.
ü
Adjudicación en condiciones preferenciales de un
porcentaje de acciones de CITGO y otras empresas públicas que pasen a cotizar
en la Bolsa de Valores.
ü
Préstamos hipotecarios para la adquisición de
vivienda y subvenciones para equipamiento del hogar.
ü
Becas para hijos de migrantes en educación
primaria, media y superior.
ü
Seguro de hospitalización y cirugía.
ü
Exoneración de impuestos sobre la renta por tres
años.
El
problema de la migración venezolana tiene solución. Lo que hace falta es
voluntad política.
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