Si la derrota electoral se convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el gobierno se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, y de mantener las persecuciones y encarcelamientos contra dirigentes de la oposición, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Por lo tanto, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, tanto de la oposición como también de los que están en el gobierno, en caso de que pierdan las elecciones y tengan que entregar el poder.

Cerrar la vía electoral y pacífica abonaría el terreno para salidas violentas e insurreccionales que pueden desembocar en un golpe de estado o en una intervención extranjera que llevaría a pagar un alto costo humano que es necesario evitar. Las heridas y afanes de venganza que quedan son muy difíciles de sanar, tal como lo demuestran los procesos de paz en varios países de América Latina.

Por otra parte, los cambios políticos no garantizan los cambios económicos que el país necesita. El nuevo gobierno recibirá un país empobrecido con graves desequilibrios macroeconómicos y debilidad institucional, lo cual requerirá la aplicación de drásticos correctivos. Estas medidas no suelen ser bien recibidas y generan resistencia. Para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, lo mejor para el interés nacional sería que los factores en pugna acuerden un Pacto de Convivencia Pacífica en torno a un proyecto de unidad nacional.

Para desarrollar de forma más concreta y específica el contenido de un Pacto de Convivencia Pacífica, en las páginas siguientes intentaremos responder a las siguientes preguntas:

· ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

· ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

· ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

· ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes?

· ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un Pacto de Convivencia Pacífica?

1.1 Reconocimiento y respeto mutuos

La crisis económica y social que azota a los venezolanos tiene en la crisis política una de sus principales causas. Las élites políticas han sido incapaces de ponerse de acuerdo para sacar el país adelante, no se reconocen ni respetan. Son rivales políticos pero se tratan como enemigos. Venezuela está cansada de la polarización y violencia política, está harta de una dirigencia que apuesta a exterminarse, al todo o nada, al ganador se lo lleva todo. El país descontento con el gobierno y la oposición necesita un líder que sea capaz de llamar al reencuentro y la reconciliación nacional, en vez de profundizar la división y enfrentamiento entre venezolanos.

Venezuela necesita un acuerdo político que -en vez de esperar la rendición incondicional del otro-, más bien convierta en aliados a los antiguos rivales y enemigos políticos, en a una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. La solución del conflicto político venezolano no puede ser el exterminio del contrario. Los “todo o nada” no están solo en la oposición, cada lado tiene factores perturbadores que no están dispuestos a reconocer al contrario ni a darles las garantías básicas para destrancar el juego y permitir una solución electoral y pacífica del problema venezolano.

La mejor vía para lograr una solución pacífica del conflicto venezolano es reconociendo al contrario y sentándose a dialogar y negociar hasta lograr un entendimiento que se puede concretar a través de un Pacto de Convivencia Pacífica que abra paso a un Gobierno de Coalición.

1.2 Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación

Según el nivel de aceptación que recibe en diferentes encuestas, habilitar a María Corina Machado (MCM) equivale a permitir su triunfo electoral, cuyo grito de “vamos hasta el final” es interpretado por el chavismo como la inevitable ola de persecuciones, revanchismos y venganzas que sufrirá, en caso de perder el poder. En una reciente entrevista[1] -concedida después de que el régimen de Maduro dictara auto de detención contra sus colaboradores más cercanos a quienes acusan de terrorismo, traición a la patria y lavado de criptoactivos-, MCM dijo que le han creado una imagen de monstruo que no tendrá piedad con sus rivales y enemigos. Para suavizar esta imagen, en la misma entrevista planteó un gran acuerdo para convocar a venezolanos de todos los sectores que piensan distinto, “incluyendo a los chavistas que votaron por mí para que yo ganara”. Pero eso no incluye a Maduro, su régimen ni al chavismo como fuerza política.

Juan Guaidó le propuso a Nicolás Maduro un Acuerdo de Salvación Nacional, pero no lo hizo desde una posición de fuerza sino de debilidad, cuando ya le habían dividido la Asamblea Nacional (AN) y el gobierno interino estaba cada vez más cuestionado por su inoperancia y escándalos de corrupción. Si Guaidó le hubiese planteado a Maduro un Acuerdo Nacional en los primeros meses de 2019, cuando recibió un explícito respaldo internacional y disfrutaba de gran nivel de popularidad, habría ofrecido incentivos a Maduro para compartir el poder en torno a una agenda de interés nacional. Pero apostó a profundizar la crisis con la expectativa de provocar un estallido popular que sacara a Maduro del poder: lo único a negociar con Maduro era cuándo y cómo se llevaría a cabo su salida del poder o el color del uniforme en la cárcel donde pagaría su condena.

Pero aquella estrategia de máxima presión, de la amenaza creíble con sanciones internacionales y poder dual fracasó. El cambio político no se logró con el experimento de poner a funcionar dos Asambleas Nacionales, dos Tribunales Supremos de Justicia, dos Presidentes de la República. MCM también ha dicho que lo que va a negociar con Maduro es su salida y no su quedada. Sin embargo, el fracaso del cese de la usurpación deja como lección que no se puede perder la capacidad de negociación que otorga una posición de fuerza.

El clamor nacional vería con buenos ojos la firma de un Pacto de Convivencia Pacífica basado en los siguientes principios rectores:

2. Conformación de un Gobierno de Coalición

Experiencias exitosas de transiciones políticas en el mundo han comenzado por un período de coexistencia y cogobierno entre las fuerzas políticas en pugna. Ambos polos no sólo fueron parte activa de esas transiciones sino que luego terminaron integrando los nuevos gobiernos que resultaron de las elecciones. El caso chileno es paradigmático, cuando la voluntad popular se manifestó a favor de las elecciones, las élites militares y políticas que controlaban el gobierno de Pinochet decidieron emprender un proceso de democratización.

El nuevo gobierno tendría que aplicar las medidas de ajuste económico justo antes de las elecciones parlamentarias, gobernadores y alcaldes previstas para 2025, con el riesgo de pagar el costo político-electoral que estas medidas suelen generar, y perder así buena parte de estos espacios de poder que necesita para poder gobernar. Recordemos que un nuevo gobierno tendría que coexistir con una Asamblea Nacional y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del chavismo, con el cual tendría que tratar de entenderse, en vez de seguir viéndolo como un enemigo a exterminar. De lo contrario, el nuevo gobierno quedaría entre la espada y la pared, porque si no aplica los correctivos económicos prolongaría los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio, y si las aplica generaría un impacto social y pagaría el costo político en las Megaelecciones de 2025. Por lo tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico ni de gobernabilidad, ni de paz social.

En el marco del Pacto de Convivencia Pacífica, las partes en conflicto están llamadas a conformar un Gobierno de Coalición, compartiendo los costos y méritos que se puedan generar de las medidas de ajuste económico y reformas institucionales que sean necesario realizar para facilitar la gobernabilidad poselectoral. Por eso, este Pacto tiene que acordarse antes de la fecha de la elección. Así, quien finalmente resulte electo no heredará una bomba de tiempo económica y social, sino una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.

Esto implica la incorporación de la oposición al actual gobierno, y luego la incorporación al nuevo gobierno de quien finalmente quede en la oposición. En el escenario de un cambio en el mando político, la participación del chavismo en un nuevo gobierno de coalición será mucho más viable si Nicolás Maduro incorpora a la oposición a su gobierno, antes de las elecciones. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas económicas e institucionales que gobierno y oposición pactaron en el marco de un Gobierno de Coalición, contribuyendo así a facilitar la gobernabilidad poselectoral. Quien finalmente quede en la oposición, está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

2.1 Concertación del Programa de Reformas Económicas

El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación:

Recibirá una industria petrolera en ruinas y, sin recursos financieros, tendrá que buscar alternativas para reconstruir Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una pesada nómina de trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa.

También será necesario iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica una considerable reducción de las abultadas nóminas públicas.

El nuevo gobierno tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario tendría que sincerar las tarifas y generar ingresos propios que permitan el mantenimiento y repotenciación de estos servicios públicos, lo cual genera mucho malestar y resistencia en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la canasta alimentaria, mucho menos para pagar todos los servicios. .

Por si fuera poco, tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Honrar esos pasivos es crucial para proteger los activos de la República en el exterior que pueden ser rematados para pagar indemnizaciones por expropiaciones, así como cuentas pendientes a socios, acreedores y proveedores.

Por el impacto económico y social que ocasionan, las medidas necesarias para corregir esta problemática no suelen ser bien recibidas por los hogares, empresas e instituciones. El gobierno de turno la aplica a cuenta gotas o las pospone, por temor al costo político que puede pagar en el próximo proceso electoral. Para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, lo mejor para el interés nacional es que los factores en pugna acuerden un Programa de Reformas Económicas que se comprometen a apoyar y continuar, en el marco de un Gobierno de Coalición derivado del Pacto de Convivencia Pacífica.

2.2 Concertación de Programas Compensatorios al impacto social de las medidas de ajuste

Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su gobierno rápidamente habrán perdido su credibilidad. Y una población cansada de tanto esperar y nuevamente defraudada finalmente puede explotar. Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Superar la emergencia humanitaria pasa por superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que azotan al país.

A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. Los sectores más vulnerables protestan cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador y la ola de protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. Javier Milei enfrenta un riesgo semejante con el drástico ajuste que piensa llevar a cabo en Argentina. En Venezuela, la viabilidad económica de una transición política, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países.

El costo de reactivar la economía y vencer la inflación no puede ser recargado sobre los hombros de los sectores más vulnerables. El chavismo en la oposición sería implacable y desataría una ola de protestas que dificultarían la gobernabilidad poselectoral. El Pacto de Convivencia Pacífica, a través de la gestión del Gobierno de Coalición, debe contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste. A medida que armonicen los objetivos económicos y sociales, las familias, empresas e instituciones venezolanas comenzarán a sentir que el Pacto de Convivencia Pacífica a través de un Gobierno de Coalición ha comenzado a dar resultados concretos para superar la problemática que las afecta. Y un proceso electoral, en un contexto de baja inflación, reactivación económica, empleo estable y mejor remunerado, abundancia de alimentos y medicinas, será más difícil manipular con dádivas y prebendas a la clientela electoral.

3. Reinstitucionalización de los poderes públicos

Si su derrota electoral se convierte en una cacería de brujas contra el chavismo, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral. Un Pacto de Convivencia Pacífica pasa por reinstitucionalizar los poderes públicos que han sido colonizados y controlados por el Gobierno, lo cual comienza por la renovación del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR), y así poder convocar las próximas elecciones con independencia de poderes, condiciones electorales a tono con los estándares internacionales, y observación internacional.

3.1 Renovación del CNE con rectores imparciales para asegurar un arbitraje institucional

Lo ideal sería que las elecciones fuese organizadas y dirigidas por un árbitro imparcial, con rectores del CNE reconocidos por su capacidad técnica prestigio e imparcialidad, que dejen de ser cambiados por el gobierno cuando no responden a sus directrices. Con la designación de un nuevo presidente del CNE con un perfil espanta votos que viene de dirigir la Contraloría que inhabilitó a Juan Guaidó, Freddy Superlano y María Corina Machado, el oficialismo busca que la oposición retroceda a sus viejos argumentos de no medirse en unos comicios con un árbitro parcializado con el gobierno.

El oficialismo se esmera en generar dudas sobre el poder electoral para recrudecer la abstención que lo ponga a ganar. En el reciente referendo consultivo sobre El Esequibo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que participaron 10,4 millones de votantes que no se vieron en los centros de votación, pero tampoco publicó las actas para comprobar si realmente hubo tan nivel de participación. Lo mismo ocurrió en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). No olvidemos la declaración del Director Ejecutivo de Smartmatic cuando admitió que el software había sido manipulado para afectar el dato de participación agregando 1 Millón de votos fantasmas. Esta falta de confianza en el poder electoral hace presumir que en las Presidenciales de 2024 el oficialismo podría inflar los números a favor de su candidato.

El régimen tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las próximas elecciones necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los intereses del gobierno. Lo que más le interesa al oficialismo es atizar la desconfianza en el voto y aumentar la apatía electoral. Tiene claro que no cuenta con la mayoría popular. Su caudal de votos ha mermado elección tras elección. Con más del 75º% del electorado en contra de la gestión del gobierno, no participar apelando a la designación de un árbitro parcializado o alegando falta de condiciones electorales, es más un pretexto de quienes temen no poder inscribirse por estar inhabilitados o caer derrotados si se presentan otra vez divididos por no haber sido capaces de subordinar al interés nacional sus intereses políticos particulares y sus ambiciones personales.

Los partidos de la oposición argumentan que no se puede competir en tan desventajosas condiciones, con un árbitro electoral parcializado, sin actualizar el registro electoral para que se inscriban los jóvenes y puedan votar los venezolanos en el exterior, con electores a los que se les cambian sus centros electorales para que no puedan votar, sin garantías de que se realizarán todas las auditorías y se publicarán las actas de votación. La mayoría de los precandidatos de la oposición catalogan al gobierno de Venezuela como un régimen autoritario, como una dictadura y, sin embargo, esperan de ese régimen condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. Bajo un régimen autoritario no hay que esperar elecciones libres ni competitivas. A una dictadura no se le piden elecciones libres y limpias, se le enfrenta en desventaja y en las peores circunstancias, con base en la organización y movilización de la inmensa mayoría que quiere un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

3.2 Renovación del TSJ para evitar maniobras que impugnen resultados electorales

Se requiere un Tribunal Supremo de Justicia que no se preste a maniobras para impugnar resultados electorales, judicializar e intervenir partidos políticos, e inhabilitar candidatos. En el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las elecciones presidenciales de 2024: “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”. Cada uno de los interesados asume el compromiso de:

ž Respetar la Constitución y las leyes.

ž Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución.

ž Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.

ž Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

Vale recordar que en Venezuela no hay autonomía de los poderes públicos y el Poder Judicial es funcional al Poder Ejecutivo.

3.3 Renovación de la CGR para impedir inhabilitaciones administrativas

Al frente de las instituciones públicas deben quedar ilustres venezolanos, reconocidos por su imparcialidad y neutralidad. Elvis Amoroso -ex diputado del PSUV- ejerciendo el cargo de Contralor de la República inhabilitó a Juan Guaidó, Freddy Superlano y María Corina Machado. Luego fue designado como presidente del CNE en el marco de una estrategia claramente concebida para generar desconfianza en el poder electoral y exacerbar la apatía y abstención electoral que convierta en mayoría el decadente caudal electoral del oficialismo.

Es necesaria una Contraloría General de la República (CGR) que no se preste a maniobras para impugnar resultados electorales, judicializar e intervenir partidos políticos, e inhabilitar candidatos potencialmente ganadores o que resulten incómodos para el gobierno.

3.4 El papel de la FANB como garante del resultado electoral

Un Pacto de Convivencia Pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Para que no se trunque la solución electoral y pacífica del conflicto venezolano hay que bajarle el volumen a los gritos y tambores de guerra que empiezan a sonar al calor del reclamo histórico del Esequibo como territorio que pertenece a la nación. En el caso argentino, el gobierno militar intentó conjurar la rebelión interna buscando un enemigo externo, razón por la cual inició la Guerra de Las Malvinas que ganó Gran Bretaña y provocó la convocatoria a unas elecciones presidenciales en Argentina. El gobierno de Maduro intenta crear un espíritu de unidad nacional en torno al reclamo histórico del Esequibo, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no está en capacidad ni se les nota dispuestas a intentar una confrontación bélica con Guyana, que cuenta con el apoyo del Reino Unido y de EEUU..

4. Garantías políticas

El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones.

La alternabilidad en el poder será posible si se garantizan los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de que pierdan y tengan que entregar el poder. Estas garantías políticas pueden requerir una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos de salida -sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel- para que el chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

4.1 Rehabilitación de candidatos, liberación de presos políticos, retorno de exiliados

La clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber invocado una intervención externa a través del TIAR.

4.2 Amnistía por delitos políticos y garantía de derechos al sector que resulte derrotado

Todo aquel dirigente político o precandidato o precandidata a presidente, diputado, gobernador o alcalde que hayan solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, promovido nacional e internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN2015, TSJ en el exilio, de haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela, está acusado de traición a la patria y violencia política. La amnistía por delitos políticos es un punto clave para concretar el Pacto de Convivencia Pacífica.

Mejorar las condiciones electorales es parte de un proceso de negociación -previo al proceso electoral- que solo puede avanzar si se aborda el tema de las garantías políticas a quien resulte perdedor. El chavismo también teme que lo proscriban como movimiento político y no pueda participar en ningún tipo de elección.

4.3 Justicia transicional para violaciones a DDHH y delitos de lesa humanidad

Otro tema clave para la reconciliación, el reencuentro y el perdón que hagan posible una convivencia pacífica tiene que ver con el sensible tema de la justicia transicional para el tratamiento de crímenes relacionados con la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Las salidas para la crisis venezolana van desde la que logró Pinochet, cuando aseguró seguir al mando del Ejército y ser designado como senador vitalicio, hasta el clásico exilio de los gobernantes derrocados. No negociar puede llevar a que Maduro se aferre al poder por un tiempo indefinido o -en el otro extremo-, a una rendición incondicional que lo obligaría a enfrentarse a la justicia internacional, en cuyos tribunales seguramente sería condenado sin contemplaciones por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de los que se le acusan a él y a los funcionarios de su gobierno. En este contexto, la solución menos traumática para el oficialismo es negociar la protección de sus derechos políticos y un proceso de justicia transicional, a cambio de unas condiciones electorales básicas que permitan que la ciudadanía sea la que decida quien quiere que lo gobierne.

Todo esto como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.

5. El papel de la comunidad internacional

En vez de reimponer o endurecer las sanciones internacionales -que serían un tiro de gracia para lograr unas elecciones competitivas-, lo que hay que ampliar son los incentivos internacionales para firmar un Pacto de Convivencia y conformar un Gobierno de Coalición con la incorporación de la oposición y garantías políticas de que los perdedores no serán perseguidos, siempre y cuando apoyen las medidas de ajuste para sanear la economía, la reinstitucionalización de los poderes públicos y avanzar en el desarme de los colectivos y las milicias.

El Gobierno de Coalición se puede conformar antes de las Presidenciales de 2024 si la mediación internacional lo acompaña y apoya con la flexibilización de las sanciones, el refinanciamiento de la deuda y la reinserción de Venezuela a los mercados financieros internacionales e inversiones extranjeras para reactivar la producción nacional.

El país y la comunidad internacional podrán apreciar con claridad los avances y ventajas de una solución negociada, en comparación con las consecuencias negativas del deterioro de las condiciones electorales, la intensificación de la represión política y el recrudecimiento de las sanciones. El proceso de negociación dejará de ser una maniobra del gobierno para ganar tiempo. Así se contribuirá también a bajar el volumen y des-radicalizar el discurso de la polarización política, en función de crear un clima de creciente entendimiento nacional.

El seguimiento de los acuerdos y la solución de controversias se pueden hacer con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales imparciales, con conocimiento y experiencia técnica en cada área. Esto generará una creciente confianza entre las partes, bajarán las tensiones y se crearán mejores condiciones para celebrar unas elecciones Presidenciales y Megaelecciones limpias y transparentes, a tono con los estándares internacionales. Y finalmente, quien resulte ganador, recibirá una economía saneada, un país reinstitucionalizado, desarmado y pacificado en el que no será necesario aplicar drásticas medidas que generen malestar social, decepción y desilusión, prolongando la crisis de gobernabilidad.

5.1 Observación internacional de todo el proceso electoral

La observación nacional e internacional a lo largo de todo el proceso electoral, y no solo del acto final de votación, es una condición electoral básica para refrendar y certificar que se realizaron unas elecciones libres y transparentes. En este sentido, es necesaria una observación internacional, garante de la transparencia de todo el proceso electoral y no solo de la votación, lo cual incluye las condiciones para la postulación de candidatos, el financiamiento de la campaña electoral y el no uso de los recursos públicos para promover candidatos.

La observación internacional tiene que comenzar desde el mismo momento en que se convocan las elecciones, verificando que la fecha sea mutuamente convenida y no cuando solo convenga al gobierno. En las Megaelecciones de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) hizo un balance de los aspectos negativos y positivos y formuló una serie de recomendaciones:

Positivos:

ü Arbitraje institucional con CNE más equilibrado.

ü Participación mayoritaria de los partidos de la oposición: 42 partidos nacionales y 64 regionales, 6 organizaciones indígenas nacionales y 24 regionales.

ü Realización de 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral.

ü Actualización más amplia del registro electoral.

Negativos:

ü Falta de seguridad jurídica, inhabilitación de candidatos, repetición de elecciones en Barinas, entrega de símbolos y tarjeta electoral de partidos judicializados a facciones internas minoritarias, uso de recursos del Estado en la campaña y acceso desigual de los candidatos a medios de comunicación públicos.

ü Falta de independencia judicial y al Estado de Derecho que comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia en las elecciones.

ü Escasa información a los votantes sobre el registro electoral y comportamiento partidista de funcionarios del CNE.

ü Rechazo de candidaturas a través de procesos administrativos, sin notificación ni motivación real, con base en decisiones de la Contraloría a 15 candidatos del Partido Comunista de Venezuela y al candidato de la MUD, Freddy Superlano.

ü Criminalización de medios de comunicación, sanciones de Conatel, patrones de censura como bloqueo de páginas web, campañas de desprestigio contra periodistas, autocensura y cambio de línea editorial por temor a ser sancionados.

5.2 Levantamiento de sanciones económicas

Amenazar con reimponer las sanciones financieras, comerciales y petroleras si el gobierno incumple los Acuerdos de Barbados, lejos de inhibir o disuadir al gobierno venezolano, genera un efecto totalmente contrario, toda vez que lo induce a ampliar y consolidar sus alianzas con los rivales geopolíticos de EEUU y Occidente que no creen en la democracia y no ponen como condición para sus apoyos que se mejoren las condiciones electorales que pueden desembocar en una derrota del chavismo y su desplazamiento del poder.

Reimponer o endurecer las sanciones contra Venezuela aleja las posibilidades de las elecciones presidenciales competitivas que permitan la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica. La ineficacia de las sanciones para forzar un cambio político en Venezuela ha reeditado la experiencia de Cuba, donde el bloqueo económico lanzó la isla a los brazos de la URSS y terminó convertida en un satélite soviético en el Mar Caribe. El régimen cubano tiene más de 60 años, las sanciones internacionales afectaron severamente las condiciones de vida del pueblo cubano que se lanzó a la diáspora, pero no funcionaron para provocar un cambio en el mando político en Cuba.

A medida que se cierren los mercados económicos y financieros en EEUU y la UE, Venezuela será lanzada a los brazos de Rusia, China e Irán, quienes tienen una presencia económica y militar cada vez mayor, sobre todo en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco. Además de suministrar los insumos, repuestos y maquinarias que el gobierno requiere, el gobierno de Maduro mantiene una estrecha cooperación militar con Rusia que la provee de aviones Sukhoi, helicópteros, tanques de guerra y fusiles Kalashnikov.

[1] MCM: un acuerdo nacional debe incluir a chavistas https://elestimulo.com/destacados/2023-12-08/maria-corina-machado-un-acuerdo-nacional-debe-incluir-a-chavistas-entrevista/

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miércoles, 27 de diciembre de 2023

Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica

1. Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica