Víctor Álvarez R. / Pedagogía Económica
Un día Trump
anuncia que suspende las licencias petroleras, otro día informa que está reconsiderando
su decisión de suspender la licencia a Chevron, y luego amenaza con imponer
aranceles a las exportaciones de todos aquellos países que compren petróleo
venezolano.
Congresistas
del estado de Florida como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira
Salazar, quienes lideran la línea dura contra Cuba, Nicaragua y Venezuela,
criticaron las declaraciones de Richard Grenell, quien afirmó que la política
de Trump para Venezuela no era un cambio de régimen, sino la construcción de
una nueva relación. Estas declaraciones fueron consideradas políticamente incorrectas
por estos congresistas, cuya influencia en el Congreso es crucial para Trump. La
mayoría republicana en la Cámara de Representantes se reduce a cuatro votos, y
la delegación de Florida es muy sensible a cualquier concesión que se haga a
favor del gobierno venezolano. Ante la presión de estos congresistas, Trump
anunció en sus redes sociales la revisión de las licencias petroleras, y el
presupuesto se aprobó por un estrecho margen.
Luego Trump se
reunió con el CEO de Chevron, Mike Wirth, y otros ejecutivos de la industria
petrolera, quienes le alertaron que la salida de las empresas occidentales de
Venezuela permitiría a las empresas chinas y rusas aumentar su presencia en el
país. Si se suspenden las licencias, Venezuela ofrecerá mejores condiciones de
participación a las empresas de Rusia, China, Irán e India. Estados Unidos
necesita asegurar nuevas reservas y Venezuela representa una fuente segura. Sin
embargo, si los rivales de Estados Unidos ocupan los espacios vacíos, luego le
será muy difícil recuperarlos. Reimponer las sanciones generaría efectos
geopolíticos contrarios a las prioridades de Trump de alejar a sus rivales
asiáticos del hemisferio. Por eso Trump expresó su disposición a reconsiderar
el ultimátum que daba a Chevron para cesar sus operaciones en Venezuela. Ahora
se habla de imponer aranceles y sanciones comerciales a los países que compren
petróleo a Pdvsa, con el objetivo de garantizar que la producción controlada
por Chevron se destine a EEUU y no a los mercados asiáticos.
Estas marchas
y contramarchas reflejan la tensión entre el pragmatismo empresarial de Trump y
las presiones ideológicas de los congresistas de Florida en la política
exterior de Estados Unidos.
EEUU pierde más que Venezuela con la suspensión de las licencias
Trump amenazó
con "dejar de comprar petróleo a Venezuela, no necesitamos su petróleo,
tenemos 50 veces más que ellos". Sin embargo, esta afirmación ignora
las realidades del mercado petrolero. Más allá de las consideraciones políticas
internas, existen poderosas razones técnicas, económicas y geopolíticas que
dificultan la implementación de una política de máxima presión hacia Venezuela.
Si bien
Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales productores de
petróleo gracias a la tecnología del fracking, este petróleo liviano no es el
más adecuado para las refinerías estadounidenses, que fueron diseñadas para
procesar los crudos pesados venezolanos. Además, mantener las operaciones de
fracking requiere precios superiores a 60 dólares por barril para cubrir los
altos costos y ser rentables. Si los precios caen por debajo de este nivel, a
Estados Unidos le resultará más barato importar petróleo que consumir el
propio.
Las reservas
estratégicas de petróleo de Estados Unidos se han consumido para evitar una
presión de demanda que incremente los precios. Corporaciones como Chevron
enfrentan el desafío de garantizar su viabilidad a mediano y largo plazo, ya
que sufren una caída en sus reservas, agravada por una baja tasa de reemplazo. Trump
se comprometió a recuperar el nivel de la Reserva Estratégica a 700 millones de
barriles, lo que requeriría inyectar 320 millones de barriles. Pero comprar
semejante cantidad presionaría al alza los precios del petróleo, lo que
contradice su promesa electoral de reducir los costos de los combustibles y la
energía.
La producción
de petróleo en Estados Unidos gira en torno a los 13 millones de barriles
diarios. A ese ritmo, sus reservas durarían 6,4 años. Si Estados Unidos consume
diariamente casi el 20% de la demanda global y Venezuela tiene casi el 20% de
la reserva mundial, a Estados Unidos le conviene recuperar el suministro del
petróleo venezolano. De hecho, según el Departamento de Energía, las reservas
estadounidenses aumentaron cuando Chevron recibió una licencia para reactivar
sus operaciones en Venezuela.
Mantener
sanciones perjudica poderosos intereses económicos de EEUU
Las sanciones
petroleras impiden a las empresas estadounidenses extraer y comercializar el
petróleo venezolano, así como la compra de insumos y diluentes para mejorar y
refinar los crudos nacionales. Para evadir las sanciones, el gobierno
venezolano recurre a transacciones secretas con aliados, a quienes concede
grandes descuentos y acepta elevados sobreprecios en los fletes.
Las sanciones
financieras bloquean e inmovilizan depósitos de la República; los tenedores
privados de bonos de Pdvsa y la República no los pueden negociar ni transferir;
y los bancos estadounidenses han cerrado unilateralmente las cuentas de
empresas, organizaciones y personas venezolanas, lo que dificulta las
transferencias bancarias, la gestión de créditos y otras operaciones
financieras.
Las sanciones
comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con
operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-venta de
bienes y servicios con empresas del gobierno venezolano. Pdvsa, Hidroven,
Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido a sus
tradicionales proveedores estadounidenses, lo que ha afectado sus negocios en Venezuela.
Se han roto las redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que
Venezuela estaba incorporada con Estados Unidos.
La justicia
estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano
para evadir las sanciones. Los infractores corren el riesgo de ser acusados de
conspiración y enfrentar sanciones, multas e incluso penas de cárcel. Esto
perjudica el ambiente de negocios e inversión que las corporaciones
estadounidenses desean recuperar y preservar en Venezuela. La incertidumbre
sobre la interpretación de las sanciones disuade a los proveedores
internacionales estadounidenses y europeos de mantener relaciones económicas y
comerciales con Venezuela. La sobreaplicación de las sanciones ha causado
graves daños a poderosos intereses económicos y financieros de Estados Unidos,
que ahora presionan para que las sanciones sean revisadas y revertidas.
Pragmatismo
empresarial de Trump vs presiones ideológicas
Las marchas y
contramarchas en materia de licencias petroleras reflejan la tensión entre el
pragmatismo empresarial de Trump y las presiones ideológicas en su política
exterior. La suspensión de las licencias podría tener efectos geopolíticos
negativos para Estados Unidos. El gobierno venezolano tomará el control de las
empresas mixtas bajo control de Chevron, y su operación podría pasar a nuevos
socios.
¿Cómo puede
Trump imponer su pragmatismo empresarial sin entrar en conflicto con las
presiones ideológicas de los congresistas de Florida que lo apoyan en la Cámara
de Representantes? ¿Podrá mantener una negociación directa con Maduro para
alinear la flexibilización de las sanciones con los intereses de seguridad
energética, migratorios y geopolíticos de Estados Unidos? ¿Cuánto más se
prolongarán las sanciones financieras, comerciales y petroleras?
Las marchas y
contramarchas en la segunda administración Trump revelan que la política de
Estados Unidos hacia Venezuela aún no está claramente definida y que todavía existe
margen de maniobra para continuar con las negociaciones directas entre la Casa
Blanca y Miraflores. Todo esto mantiene la expectativa de que finalmente Trump se
decantará por una relación más pragmática con Venezuela.
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