jueves, 18 de septiembre de 2025

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz en Venezuela

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

En una reciente entrevista, el comisionado especial de Trump para Venezuela, Richard Grenell, dijo: “He visitado a Nicolás Maduro, me he sentado frente a él, le he expresado la postura de América Primero, y entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo, creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra”.

La estrategia de máxima presión desplegada por la primera Administración Trump fracasó para forzar un cambio en el mando político de Venezuela. Insistir en la estrategia del todo o nada impide avances parciales para avanzar hacia objetivos superiores. El despliegue naval y los ataques letales que amenazan con una situación de violencia y destrucción para forzar un cambio en el mando político no garantizan la paz ni la gobernabilidad del país.

Forzar un cambio en el mando político por la vía violenta e insurreccional no garantiza una solución del conflicto venezolano, tal como ha quedado demostrado en Irak, Libia, Siria y Afganistán. Para derrocar a Sadam Husein se convenció al mundo de que en Irak se estaban desarrollando armas de destrucción masiva, con ese pretexto se justificó la invasión militar pero tales armas no se encontraron y el país quedó sumido en la violencia y destrucción. Las guerras civiles en Libia y Siria y los ataques militares externos forzaron el derrocamiento y muerte de Muamar Gadafi, y la huida de Bashar al Asad a Rusia, pero el violento cambio en el mando político no llevó al fin del conflicto ni mucho menos a la paz. En Afganistán, las tropas de EEUU se retiraron después de 20 años de ocupación sin resolver el conflicto interno ni garantizar la paz, los talibanes volvieron a la ofensiva, fueron tomando las capitales de provincia hasta llegar a la capital y retomar el poder central, sembrando de violencia y terror al país. Todos esos países siguen hundidos en una prolongada espiral de violencia y destrucción que los ha dejado en ruinas.

Trump genera matriz de opinión internacional para justificar intervención militar

 

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Política 

La Administración Trump declaró al Cartel de los Soles (CDS) y al Tren de Aragua (TDA) como organizaciones terroristas y publicó un comunicado en el que acusa a Nicolás Maduro de estar vinculado a esas bandas criminales. Marco Rubio no considera a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela sino como el jefe de un cártel narcoterrorista. La fiscal general, Pam Bondi, anunció el aumento de la recompensa por Maduro a $ 50 millones.  La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt afirmó que Trump estaba "dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir la entrada de drogas en EEUU y llevar a los responsables ante la justicia". Y The New York Times reveló que Trump había "firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos que han sido calificados como organizaciones terroristas".

Todas esas declaraciones alimentan una matriz de opinión internacional para convencer al mundo de que Venezuela es un narcoestado que está llenando a EEUU de drogas del CDS y delincuentes del TDA, lo cual expone a los migrantes venezolanos a la sospecha generalizada de estar vinculados a esas organizaciones criminales y justificar así su persecución y deportación masiva y forzada.

Reforma del Sistema Electoral Venezolano: ¿Cómo serán las próximas elecciones?

 

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Electoral

En el debate político nacional está planteada una reforma del sistema electoral. Las hipótesis y especulaciones no se han hecho esperar. Unos ven esta reforma como una oportunidad para mejorar las condiciones electorales, recuperar la confianza en la institución del voto, y preparase con tiempo para encarar en mejores condiciones el próximo ciclo electoral; otros lo ven como una amenaza al voto universal, directo y secreto, tal como hasta ahora lo hemos conocido.

Las elecciones presidenciales de 2024 generaron un efecto desmovilizador en el país descontento. El poder electoral anunció una totalización de votos que dio como ganador al candidato oficialista, un inesperado resultado contrario a las encuestas preelectorales, a las mediciones en boca de urna, y a las actas en manos de los testigos de la oposición. Cuando esto se repite una y otra vez, el elector se convence de que su voto no tendrá ningún efecto en el resultado, y esa frustración e impotencia se expresa en una creciente abstención que convierte en mayoría a la minoría oficialista en las siguientes elecciones.

La desesperanza aprendida es un concepto de la psicología que se refiere a un estado mental en el que una persona aprende a comportarse pasivamente al ver que es inútil su acción para cambiar un resultado que cree predeterminado. Esto genera frustración, impotencia y desmovilización. La desesperanza aprendida se revela como una estrategia de dominación implantada para influir en la conducta electoral y provocar la abstención que convierte en mayoría a la minoría oficialista. se manifiesta en consignas como: “en Venezuela se vota, pero no se elige”, “no quiero que me vuelvan a robar el voto”, “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.

Lecciones para el futuro

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270 legisladores regionales, 335 alcaldes y 2.471 concejales municipales. En total, se eligieron más de 3.300 cargos públicos y no habrá más elecciones hasta 2029, cuando se renueven los gobernadores y alcaldes. Las elecciones parlamentarias y presidenciales están programadas constitucionalmente para 2030. Gracias a la abstención y división de la oposición, el gobierno consolidó su hegemonía y control territorial.

El debate político-electoral entrará en una pausa de cuatro años. En adelante, la prioridad es la economía y la variable subordinada será la política. El debate económico pasará al mando y habrá que estar atentos a las reformas económicas que aplicará el gobierno para amortiguar el impacto de las sanciones. Con ese fin, profundizará su política de apertura a la inversión extranjera, desregulación y liberalización de la actividad económica. El dejar hacer se impondrá como principio rector de la política económica en los próximos cinco años. El cambio económico sin cambio político seguirá en marcha y quienes se queden estancados en la diatriba política perderán las nuevas oportunidades de negocios e inversión que surgirán en Venezuela.

La agenda económica es amplia y compleja. Entre las prioridades está restaurar los equilibrios macroeconómicos y levantar las trabas que alejan a la inversión privada, en función de lograr una reactivación estable y duradera de la economía nacional. Las distorsiones cambiarias y de precios, la voracidad fiscal, el exceso de regulaciones, la falta de garantías procesales y la violación a los derechos de propiedad conforman un ambiente hostil que aleja la inversión empresarial. Corregir el déficit fiscal, erradicar la emisión de dinero sin respaldo, estabilizar el tipo de cambio, conjurar las presiones inflacionarias, aumentar el crédito bancario y aliviar la presión tributaria son objetivos a corto plazo de una política económica que ofrezca un ambiente propicio a la inversión productiva.

La experiencia reciente enseña que no corregir oportunamente los errores de política económica recrudecen la inflación y escasez. Las medidas de ajuste económico pendientes se aplicarán a lo largo de estos cuatro años. Por lo tanto, es necesario estimular el debate económico nacional para que las medidas sean las correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada.

La normalización de la economía: ¿Espejismo o realidad?