Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el
que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270 legisladores
regionales, 335 alcaldes y 2.471 concejales municipales. En total, se eligieron
más de 3.300 cargos públicos y no habrá más elecciones hasta 2029, cuando se
renueven los gobernadores y alcaldes. Las elecciones parlamentarias y
presidenciales están programadas constitucionalmente para 2030. Gracias a la
abstención y división de la oposición, el gobierno consolidó su hegemonía y
control territorial.
El debate político-electoral entrará en una pausa
de cuatro años. En adelante, la prioridad es la economía y la variable
subordinada será la política. El debate económico pasará al mando y habrá que
estar atentos a las reformas económicas que aplicará el gobierno para amortiguar
el impacto de las sanciones. Con ese fin, profundizará su política de apertura
a la inversión extranjera, desregulación y liberalización de la actividad
económica. El dejar hacer se impondrá
como principio rector de la política económica en los próximos cinco años. El cambio económico sin
cambio político seguirá en marcha y quienes se queden estancados en la diatriba
política perderán las nuevas oportunidades de negocios e inversión que surgirán
en Venezuela.
La agenda económica
es amplia y compleja. Entre las prioridades está restaurar los
equilibrios macroeconómicos y levantar las trabas que alejan a la inversión
privada, en función de lograr una reactivación estable y duradera de la
economía nacional. Las
distorsiones cambiarias y de precios, la voracidad fiscal, el exceso de
regulaciones, la falta de garantías procesales y la violación a los derechos de
propiedad conforman un ambiente hostil que aleja la inversión empresarial. Corregir el déficit fiscal, erradicar la emisión de
dinero sin respaldo, estabilizar el tipo de cambio, conjurar las presiones
inflacionarias, aumentar el crédito bancario y aliviar la presión tributaria
son objetivos a corto plazo de una política económica que ofrezca un ambiente
propicio a la inversión productiva.
La experiencia reciente enseña que no corregir
oportunamente los errores de política económica recrudecen la inflación y escasez. Las medidas de ajuste
económico pendientes se aplicarán a lo largo de estos cuatro años. Por lo
tanto, es necesario estimular el debate económico nacional para que las medidas
sean las correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada.
La normalización de la economía: ¿Espejismo o realidad?
Según
datos del Banco Central de Venezuela (BCV) difundidos por Nicolás Maduro en su
programa semanal, en los dos primeros
trimestres de 2025 la economía venezolana registró un crecimiento del 9 % y 6,65 % respectivamente,
para un crecimiento promedio en el primer semestre del 7,71 % del Producto
Interno Bruto (PIB).
Según la información oficial, la economía
venezolana continúa creciendo y puede que esta tendencia se prolongue si se flexibilizan
las sanciones, se restauran los equilibrios macroeconómicos y se adecúa el
marco legal e institucional para crear un ambiente de seguridad jurídica y
respeto a los derechos de propiedad que estimule la inversión privada nacional
y extranjera.
Con el
agotamiento del rentismo petrolero, el gasto público dejó de ser el motor de la
economía venezolana. El país necesita inversión privada a gran escala para
repotenciar la infraestructura vial, de puertos, aeropuertos y
servicios de
electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. A través de la Ley de Concesiones se puede transferir a
inversionistas privados la repotenciación y gestión de los servicios públicos e
infraestructura que requiere la reactivación del aparato productivo nacional y
la mejora en las condiciones de vida de la población.
La economía venezolana está siendo dinamizada por una
mayor inversión privada que todavía resulta insuficiente para poder hablar de una normalización de la actividad económica. Todavía queda mucho por
hacer. Para estimular una creciente inversión privada en áreas claves de la
economía es necesario contar con estabilidad macroeconómica y reglas del juego
claras y estables, administradas por instituciones sólidas que ofrezcan
seguridad jurídica, garanticen los derechos de propiedad y generen confianza en
el inversionista.
Para lograr la estabilidad macroeconómica hay que corregir el déficit
fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario.
Implica alcanzar un tipo de cambio de equilibrio que a su vez exprese la
verdadera productividad y competitividad del aparato productivo interno.
Para
estimular la iniciativa privada y el emprendimiento productivo que contribuyan
a superar los problemas de escasez, inflación, desempleo, pobreza y exclusión
social, es necesario adecuar el marco legal, fortalecer las instituciones
económicas y poner en marcha una reforma integral del Estado para reducir su
tamaño, mejorar su eficacia y desmantelar el entramado de controles que
propician la discrecionalidad y arbitrariedad de funcionarios corruptos que no
rinden cuentas y convierten la función pública en una fuente de privilegios y
enriquecimiento ilícito
La independencia del poder judicial para dirimir controversias entre
privados y el Estado, la autonomía del BCV, la disciplina fiscal y monetaria,
la estabilidad cambiaria y de precios son puntos claves en una agenda económica
que se plantee lograr una recuperación económica sostenida.
En materia
petrolera, Trump quiere evitar que Venezuela busque apoyo en los rivales
geopolíticos de EEUU y que Pdvsa entregue a Rusia, China, Irán o Turquía el
control de las empresas mixtas en las que participa Chevron. No es conveniente
para los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU perder el control operativo que tiene Chevron en las
cuatro empresas mixtas que tiene con Pdvsa para que estas pasen a manos de sus
rivales geopolíticos.
Para conjurar esta amenaza, a través de la licencia
a Chevron se han reactivado las exportaciones de petróleo venezolano al mercado
estadunidense. Por lo pronto, la licencia a Chevron prohíbe el pago
directo de regalías e impuestos al gobierno de Venezuela, pero estos pagos no los hace Chevron sino las cuatro empresas mixtas en las
que participa como accionista minoritario. El acuerdo consiste en que la
empresa mixta le traslada el control de la operación productiva a su socio
Chevron, pero es la empresa mixta con mayoría accionaria de Pdvsa quien paga
las regalías e impuestos al Estado venezolano. De esta forma Chevron
se libera de cualquier penalización.
Con una oposición dividida y derrotada, sin poder institucional, el
diálogo y la negociación se trasladan a la esfera geopolítica y serán las
negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores las que crearán el
ambiente para la recuperación sostenida de la economía venezolana. La
flexibilización de sanciones a cambio de recibir migrantes y liberar presos
políticos y estadounidenses será un indicador de la evolución de las
negociaciones.
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