Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
La
flexibilización de las sanciones económicas a cambio de mejores condiciones
electorales es funcional a las aspiraciones de los partidos políticos de
aumentar sus cuotas de poder. Pero si los candidatos no tienen una oferta
electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis,
el elector no se sentirá motivado a votar porque no encontrará propuestas
convincentes para mejorar sus precarias condiciones de vida ni superar los
salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, penuria
agravada por los problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, educación,
vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones, inseguridad, etc. que azotan a
las familias venezolanas.
Estos son los
problemas que atormentan a las familias venezolanas y deberían ser la prioridad
de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, prefieren
poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de
cristalizar sus aspiraciones de poder, sin imprimirle a su mensaje un contenido
social y esperanzador que interprete el sufrimiento de una población
empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos.
Levantar la bandera
de flexibilizar las sanciones económicas a cambio de mejorar las condiciones electorales,
pero sobre todo a cambio de mejorar las condiciones sociales, es lo que puede
motivar y movilizar a la ciudadanía para capitalizar electoralmente el enorme
descontento nacional.
La emergencia humanitaria se debe atender sin condiciones
Ante la
gravedad de la emergencia humanitaria, condicionar la flexibilización de las sanciones económicas a la
mejora de las condiciones electorales resulta ruin e inhumano. No se trata de crear un falso conflicto y negar la
importancia de las condiciones electorales para realizar un proceso electoral
competitivo, a tono con los estándares internacionales, pero mientras el
discurso opositor se agote en denunciar el ventajismo electoral del gobierno y
no se conecte con las aspiraciones de la gente por una vida mejor, el clamor de
los electores no se verá interpretado en una retórica que es de exclusivo
interés para quienes ambicionan ganar el poder.
Diferentes encuestas revelan que más del 60 % de
los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente
de los avances en las negociaciones políticas. Atendiendo a este sentir del país, en noviembre de 2022, el
gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en
México y firmaron un Acuerdo para la Protección
Social del Pueblo Venezolano. Acto seguido, el Departamento de Tesoro
emitió una licencia a Chevron para producir petróleo con destino al mercado
estadounidense. Pero el Fondo para la Protección Social no recibió los 3 mil millones de dólares
de la República que están congelados en el sistema financiero internacional.
En 2022,
Citgo reportó una ganancia neta récord de 2.800 millones de dólares. Su presidencia
ejecutiva declaró que gracias a ese desempeño: “Logramos reducir la deuda de Citgo en 1.100 millones de dólares, y
pagamos un dividendo a Citgo Holding, lo cual le permitió reducir su deuda en
489 millones de dólares, manteniendo, a su vez, altos niveles de liquidez". Sin
embargo, ni un solo dólar de esas ganancias se ha destinado a pagar la deuda
social.
Liberar los recursos del país que están bloqueados
en el exterior y flexibilizar las sanciones petroleras para generar ingresos adicionales
que permitan mejorar las condiciones de vida de la población no puede seguir subordinado
a la mejora de las condiciones electorales. Los problemas que involucran la
vida de la población se deben atender sin condiciones. Muchos venezolanos están
pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de
puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han migrado.
Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites
políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana.
La gravedad de la crisis emplaza al gobierno y oposición
a ponerse de acuerdo para atender la emergencia humanitaria. Solo a través de
una negociación política sensata -que priorice el interés nacional y no los
intereses partidistas o ambiciones personales-, será posible avanzar hacia una
solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto
venezolano.
Supervisión
internacional para garantizar el buen uso de los recursos
La dirigencia política
se aleja del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las
sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las
condiciones sociales. Los sectores más radicales
y desconfiados de la oposición se resisten a la flexibilización de las
sanciones y afirman que eso significa oxigenar con más recursos financieros al régimen de
gobierno que quieren cambiar.
A fin de generar confianza y asegurar
el buen uso de estos recursos, desde la sociedad civil se propone la creación de un Fondo Humanitario Nacional administrado bajo supervisión internacional, a fin de garantizar que los fondos
liberados sean destinados única y exclusivamente a atender la emergencia
humanitaria. De
lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo servirá para que Chevron cobre lo que Pdvsa le debe, para que las ganancias
de Citgo se destinen a pagar deudas a los acreedores, para que los tenedores de
bonos cobren sus rendimientos pendientes, y para que los exportadores
estadounidenses y europeos recuperen sus negocios en Venezuela; pero esos recursos
no tendrán ninguna repercusión positiva en la atención de la emergencia
humanitaria ni en la mejora de la calidad de vida de los hogares venezolanos.
Por todas estas razones, gobierno y
oposición están emplazados a solicitar ante la OFAC una licencia que permita
destinar a la emergencia humanitaria los fondos
de la República bloqueados en el exterior, los ingresos petroleros adicionales
que se generen por la flexibilización de las sanciones petroleras, un
porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro de
Venezuela que están retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por
corrupción.
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