Víctor
Álvarez R.
Citgo
está a punto de ser rematada por un tribunal de EEUU, mientras el gobierno y la
oposición no hacen sino echarse la culpa de quién es el responsable de su
inminente pérdida. La oposición acusa al gobierno por las expropiaciones y
emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo y el gobierno acusa a la
oposición por el mal manejo que ha hecho de los activos de la República en el
exterior.
En EEUU no se puede embargar los activos de una
compañía para cobrar una deuda del dueño porque se trata de dos figuras
jurídicas distintas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones, ni los
laudos contra la República, deberían cobrarse con cargo a Citgo porque ésta jurídicamente
es propiedad de Pdvsa, y no de la República.
Sin
embargo, las cortes estadounidenses argumentan que el gobierno interino de Guaidó dio base para demostrar que la República
y Pdvsa son la misma figura jurídica y que tienen un mismo patrimonio contra el
cual se puede cobrar la indemnización que reclaman los acreedores de la
República.
A partir de 2019 el gobierno de
EEUU reconoció a Juan Guaidó -para entonces Presidente de la Asamblea Nacional
2015-, como Presidente de la República, y en esta dualidad de funciones Guaidó
procedió a designar la nueva Junta Directiva ad hoc de Citgo. El juez Leonard Stark encontró pruebas para demostrar que el gobierno
interino ejerció un control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de sus filiales para sus propios fines, ordenar a
Pdvsa suspender pagos del Bono 2020 y anunciar que la deuda de Pdvsa y la
República tendrían el mismo trato.
Aunque
Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense
es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla
la figura del alter ego que permite
al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del
deudor moroso. Con las evidencias mencionadas, el juez Stark determinó la aplicación del
principio de alter ego que identifica
como uno solo, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como
el de Pdvsa y sobre esa base sentenció el remate de las acciones de PDV Holding
para pagar la indemnización que reclama Crystallex a la República.
Este fallo basado en la figura del
alter ego sentaría un precedente
jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar
indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior.
Citgo
también está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa, el cual se emitió
con una garantía del 51% de las acciones de Citgo, así como de otros acreedores
que reclaman a la República el pago de deudas pendientes. El interinato se negó a pagar el
Bono 2020 por considerar que fue emitido ilegalmente, sin la aprobación de la
AN-2015.
Después que la Corte de Apelaciones ratificó el
control que el gobierno interino ejerció sobre Pdvsa, la Corte Federal de
Distrito, en Delaware, emitió la orden de vender
las acciones de PDV Holding y el Juez Leonard Stark presentó el
cronograma de subasta.
¿Por qué no se ha concretado el remate de Citgo?
Recordemos
que el 19 de julio de 2018, con Nicolás Maduro en los últimos meses de su
primer mandato reconocido por EEUU, la OFAC emitió la Licencia General 5 (LG5)
que eliminó el obstáculo impuesto por la Orden Ejecutiva para
que los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecutaran la garantía del 51,1% de las
acciones de Citgo. Después,
el 24 de octubre de 2019 -y ya con Guaidó como presidente interino-, la LG5 fue
sustituida por la Licencia General 5A, que pospuso la autorización para ejecutar la garantía.
El remate
de Citgo no se ha concretado porque aún está protegida por una licencia de la
OFAC que impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir las sentencias
de los jueces y confiscar sus propiedades. Para evitar que la responsabilidad del
remate de Citgo cayera sobre el gobierno interino reconocido por EEUU, el
Departamento del Tesoro decidió proteger a Citgo de los acreedores y
desautorizó cualquier tipo de transacción con las acciones de Citgo.
Disuelto el interinato: ¿Quién asume la
defensa de los intereses de la República en EEUU?
El pasado 3 de mayo, la OFAC concedió la Licencia
General 42 que autorizó a la AN-2015 a negociar con los acreedores las deudas
de Pdvsa y la República. Y el 5 de mayo, Citgo consiguió una nueva prórroga para
evitar el remate de las acciones que los acreedores gestionan ante las cortes
estadounidenses. Sin embargo, la
vicepresidenta Delcy Rodríguez, considera que esta licencia “autoriza a la estafa que se autodenomina AN
de 2015 para que se relacione e inicie procesos de negociación con acreedores
contra Venezuela o Pdvsa" y rechazó la decisión.
Si
el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, Venezuela
perderá Citgo, una vez que la OFAC permita el remate de
las acciones para pagar las indemnizaciones que la República tienen pendientes.
A
todas estas, el juez federal Paul B. Matey, accedió a una moción de suspensión
del embargo que fue solicitada por la Junta Directiva ad hoc de Citgo designada
por el interinato y que aún es reconocida por el gobierno y el sistema de
justicia de Estados Unidos. Pero la disolución
del interinato genera varios problemas legales ante la justicia estadounidense
y venezolana, toda vez que el destino de Citgo quedó en manos de un Consejo de
Administración y Protección de Activos designado por la AN-2015. Pero en el derecho constitucional venezolano, la negociación de la deuda pública
es competencia del Ejecutivo Nacional, razón por la cual ni la AN-2015 ni la
AN-2020 pueden controlar la negociación de la deuda.
En cualquier
caso, la suspensión de estas causas concede un tiempo extra para que el
gobierno y la oposición -en vez de seguir echándose las culpas- gestionen
conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de EEUU un compromiso de pago
que evite el remate de Citgo. Esto pasa por corregir la falta de autonomía de
Pdvsa ante el gobierno interino. Dinorah Figuera es reconocida como presidenta
de la AN-2015 por el gobierno de EEUU y puede designar otra Junta Directiva ad hoc de Citgo que cumpla con los
principios básicos sobre el manejo de empresas y corregir los errores del
interinato que dieron origen a la aplicación del alter ego
El remate de Citgo sería un lamentable desenlace para Venezuela. Se perdería
un importante complejo refinador muy necesario para generar recursos que
apuntalen la reconstrucción del país. El interés nacional no puede aceptar que Crystallex
ni ninguna otra compañía cobre -con cargo a las acciones de Citgo- las
indemnizaciones que reclaman a la República. Citgo es una figura jurídica
distinta, nunca fue deudora de Crystallex y no tiene ninguna relación comercial
ni financiera con la minera canadiense. Por lo tanto, sus acciones no pueden
ser embargadas para pagar una deuda que Citgo nunca contrajo.
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