La
precandidata presidencial María Corina Machado (MCM), lanzó su polémica
propuesta de privatizar Pdvsa. Quienes se oponen a la privatización de la
industria petrolera no tardaron en reaccionar y señalan que MCM aprovecha los
recientes escándalos de corrupción y el colapso de Pdvsa bajo el modelo de
propiedad estatal para pescar en río revuelto y abrirle camino a su objetivo de
entregar la principal industria del país al capital transnacional.
En medio de
la diatriba político-electoral, es necesario evaluar con mesura y ponderación
los pros y contras, las ventajas y desventajas del modelo de propiedad estatal
frente al modelo de propiedad privada, así como las alternativas intermedias
entre estos extremos.
El agotamiento del modelo de propiedad
estatal
El modelo de propiedad estatal sobre la
industria petrolera no se limitó a la propiedad de los yacimientos, sino que se
extendió a las actividades de exploración, extracción, comercialización,
refinación e, incluso, a las actividades conexas y afines. La excesiva
penetración del Estado a lo largo de todos los eslabones de la cadena
productiva degeneró en un caldo de
cultivo de poderosas élites que secuestraron para su provecho la industria
petrolera y la administraron como si se tratara de una propiedad privada, dando
origen a decenas de tramas de corrupción y saqueo que han sido develadas y
atacadas por la Policía Anticorrupción del gobierno y por la Fiscalía General
de la República.
Aunque el saqueo y destrucción de la Pdvsa roja rojita no tiene
comparación, los partidarios de la privatización de la industria petrolera
argumentan que en la Pdvsa de la meritocracia también hubo episodios de
corrupción. Innumerables petro-espías que desde la gerencia de Pdvsa vendían a
los competidores internacionales información confidencial sobre precios,
volumen y productos; información estratégica de los activos de la compañía se
entregaba a los competidores e intereses extranjeros sin firmar ningún tipo de
acuerdo de confidencialidad; se desviaban y robaban cargamentos de petróleo.
Apertura a la inversión privada
La
destrucción y colapso de Pdvsa bajo el modelo de propiedad estatal es viento a
favor de las tesis que plantean la privatización total de la industria
petrolera. Pero tanto la propiedad estatal absoluta como la privatización total
de Pdvsa son visiones parciales y limitadas, en las que no se encontrará la
viabilidad política, social, económica y financiera para reconstruir la
industria petrolera.
La
apertura petrolera a la inversión privada tampoco garantiza que el aumento de
la extracción de crudos esté alineado con el interés nacional. De hecho, a la
apertura petrolera de los 90 se le cuestiona que no contribuyó a generar los
recursos para aliviar el elevado índice de pobreza, el cual terminó siendo el
caldo de cultivo en el que fermentaron liderazgos mesiánicos, populistas,
demagógicos y autoritarios. En efecto, la relación de ingreso neto a ingreso
bruto de Pdvsa se desplomó desde 18% en los años 80, a solo 2.2% a finales de
los 90. El menor nivel de ingreso neto registrado en la historia de la
industria petrolera venezolana fue en 1998 a pesar de ser el año en el que
Pdvsa se jactó de haber logrado la mayor producción desde 1976.
Entonces, de que vale una
industria petrolera estatal que
produce tan poco y no genera los ingresos que el país necesita; y de que vale
una industria petrolera privatizada
que -al producir tanto- provoca una sobreoferta de crudos, descalabra los
precios y tampoco genera los ingresos que el país necesita.
Privatizar o no privatizar es un falso dilema que desconoce la amplia
gama de modelos de inversión que, lejos de ser excluyentes, son complementarios
entre sí. El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos
de petróleo pero no tiene los recursos financieros, tecnológicos, ni humanos
para explotarlos. Es a través de alianzas estratégicas con las corporaciones que si cuentan
con esos recursos que Venezuela podrá rentabilizar
una riqueza que de lo contrario se quedará depositada en el subsuelo.
Para la visión nacionalista y estatista la soberanía nacional descansa
en la propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades
medulares y conexas de la industria petrolera. Es una visión centralista y
controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una Pdvsa en
ruinas y un Estado sin suficientes ingresos fiscales, ese modelo es inviable.
En el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni
mayoritario, se limita a promover la inversión privada en la explotación de los
yacimientos de petróleo y gas para recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y
otros impuestos que pagan las corporaciones petroleras sobre sus ganancias.
En la privatización de la industria petrolera, el gran incentivo para
la inversión extranjera es la minimización del cobro de la regalía que impone
el Estado como compensación por la explotación de un recurso natural no
renovable. En este modelo, el petróleo se asume como una especie de capital natural a cuya explotación tiene
libre acceso el capital nacional y extranjero.
En ninguna de esas visiones extremas está la alternativa para
reconstruir la industria petrolera nacional. El falso conflicto entre la
propiedad estatal total y absoluta y la privatización total desconoce y
desaprovecha un amplio abanico de alternativas en las que pueden coexistir
perfectamente compañías estatales, corporaciones transnacionales y empresas
mixtas, en dependencia de las actividades estratégicas, medulares o conexas en
las que se realice la inversión.
La alternativa a la privatización: endeudarse
La
República, Pdvsa y Citgo están en la mira de acreedores que reclaman el pago de
indemnizaciones por expropiaciones y el pago de bonos y deudas pendientes. Pdvsa,
además de estar endeudada, está sancionada y tiene cerrados los mercados
financieros internacionales. Por eso, no puede colocar más emisiones de deuda,
a fin de obtener los recursos financieros que necesita para levantar la
producción de petróleo.
Para
una Pdvsa sin fondos propios y sin acceso a los mercados financieros, la opción
más viable es la de entenderse y llegar a nuevos acuerdos con los acreedores y
corporaciones petroleras. El colapso de la industria petrolera nacional no se
supera con una desesperada privatización o con un ruinoso endeudamiento, se
supera fortaleciendo su capacidad de
negociación con los inversionistas privados a través del fortalecimiento
gerencial de la compañía, de la función supervisora del Ministerio del
Petróleo, de la función contralora de la Asamblea Nacional y, en general, del
fortalecimiento de las instituciones del Estado que no pueden abandonar su
facultad de fiscalizar y asegurar una explotación racional de un recurso natural no renovable, así como
monitorear, supervisar y certificar las cifras y datos claves que tienen que
ver con el desempeño de una industria que es propiedad de todos los venezolanos.
En un contexto de restricciones presupuestarias tan severas,
rentabilizar las riquezas del subsuelo exige una nueva forma de ejercer la
soberanía nacional sobre las riquezas del país. Esto requiere adecuar el marco
legal y el entorno institucional para construir acuerdos estratégicos con compañías petroleras que aporten el capital,
la tecnología y el talento humano que no tiene el Estado ni Pdvsa.
La reconstrucción de la industria petrolera
nacional será posible si se superan las visiones extremistas de propiedad
estatal vs propiedad privada y se amplía la mirada hacia nuevos modelos de
negocios que permitan rentabilizar una riqueza que es propiedad de todos los
venezolanos y, por lo tanto, debe ser invertida en los problemas concretos que
la sociedad venezolana tiene planteados.
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