Víctor Álvarez R.
En lo que ha transcurrido del año 2023, el
comportamiento de los precios sigue siendo muy errático, del 39,4 % en enero y
20,2 % en febrero, bajó luego a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril,
pero en mayo volvió a subir a 7,6 %, y en junio registra 8,5 %. Entre
enero-junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y da al
traste con la meta de lograr un inflación menor de tres dígitos. La inflación
anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429% y todo indica que la tendencia
inflacionaria se mantendrá hasta el cierre del año.
El gobierno paga la inflación con la caída de
su aceptación popular. Tiene claro el costo político-electoral que puede
desembocar en la pérdida de las Presidenciales de 2024. Con un rechazo en las
encuestas superior al 75%, al gobierno lo que más le conviene es una alta
abstención. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios,
erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr
el nivel de abstención que necesita para convertir en mayoría su cada vez menor
caudal electoral.
Entre enero-junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %, cuestión que ha reducido a mucho menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN). Si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias.
El
costo político-electoral del malestar social
Para reducir el déficit fiscal, el gobierno
minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del
severo ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios
públicos, cuya capacidad
de compra está pulverizada. La reducción del gasto público también se ejecuta a
través de la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de
electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, así como en la
falta de inversión en el mantenimiento y repotenciación de los sistemas
públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida
en los hogares venezolanos.
El costo del ajuste fiscal para estabilizar la
macroeconomía que están pagando sobre todo los trabajadores, también repercute
negativamente en el aparato productivo. La reactivación económica requiere
servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el
racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las
telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos
para la recuperación de la actividad económica. Obligan a
paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en
sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.
Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las
ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó
un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30
$/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del
salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la Canasta
Alimentarias Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los
530 dólares/mes.
La desconexión del discurso político con el
clamor nacional
Los precandidatos a la Presidencia no terminan de
proponer a los electores un programa viable y creíble de reformas económicas para
vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar
las condiciones de vida de los hogares. Nuevamente cayeron en la maniobra del gobierno al
forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su
período legal. La desconexión del discurso político con el clamor nacional se
recrudece con la inhabilitación de María Corina Machado, lo cual enfoca
el debate político-electoral en la mejora de las condiciones electorales y desvía
la atención al reclamo de la mejora de las condiciones salariales y sociales.
Sin una oferta electoral sintonizada con la
urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá
motivado a votar -ni siquiera en la elección primaria- porque no encontrará
propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan
para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad,
agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad
que azotan a las familias venezolanas.
Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y
deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta
electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones
electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos. Así se
desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje
esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de los electores.
Estos nose sienten estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más
preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir para
cristalizar sus ambiciones de poder que por mejorar las precarias condiciones
de vida de la gente.
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