Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias
¿Entregará Maduro el poder si pierde las
elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre
al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la
alternancia en el poder en Venezuela?
El
gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones
electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del
poder. Mejorar las
condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más
no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar
los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su
popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las
garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en
caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
El gobierno no dejará correr en la carrera
presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar
por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva,
Cristina Kirchner y Evo Morales.
Para
destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones
competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo
necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se
desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones.
Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en
Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a
la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia
para los perdedores.
Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.
Un
Pacto de Convivencia es la base de un
nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los
actores, incluyendo a los sectores de la oposición que serían acusados,
enjuiciados y condenados por traición a la patria al haber promovido internacionalmente el
reconocimiento de un gobierno interino, solicitar sanciones económicas contra
Venezuela y haber planteado la invocación del TIAR y una intervención externa.
Este acuerdo es lo que puede hacer posible la liberación de todos los presos
políticos y el retorno de los exiliados.
Un
Pacto de Convivencia también es
necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo
gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que
contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en
ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos
de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles;
heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de
educación y salud están colapsados. Si quiere dar una pronta respuesta a esta
problemática, el nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas urgentes y drásticas,
de lo contrario su base de apoyo se decepcionará y el malestar social atizará
un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.
Un
Pacto de Convivencia es necesario
para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el
gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios
políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar en vez de reditar los
episodios de La Salida violenta y la
remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al
electoral. Y si gana la oposición, el chavismo no puede promover una ola de
protestas que obstaculicen las reformas económicas, políticas e institucionales
que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.
La clave para solucionar el conflicto venezolano no
está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar
las sanciones y liberar los fondos bloqueados. La clave para destrabar el juego
y facilitar la alternancia en el poder en Venezuela es la rehabilitación de los
precandidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los
exiliados a cambio de un Pacto de
Convivencia que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos contra los
perdedores.
Un Pacto de
Convivencia pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente
de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como
diputados vitalicios, con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. ¿Está
la sociedad venezolana preparada para pagar este precio a cambio de unas
elecciones limpias que faciliten la alternancia en poder por la vía electoral y
pacífica?
Tengamos
en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones
presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo,
judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y
alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo. En tales circunstancias,
un Pacto de Convivencia es necesario
para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y
cooperación entre los diferentes poderes públicos, para asegurar el respeto y
la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y
municipal.
Un
Pacto de Convivencia debe dejar
claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley
establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque
la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico
que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En
vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay
que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y
respalde la alternabilidad en el mando político.
El
principal obstáculo contra el que tendrá que lidiar un Pacto de Convivencia es la narrativa que se ha implantado nacional
e internacionalmente de una Venezuela gobernada por un régimen dictatorial que
viola derechos humanos y ha cometido delitos de lesa humanidad, con el cual no hay
que negociar nada y cuyos responsables deben ser enjuiciados y condenados por la
Corte Penal Internacional. La dirigencia opositora teme pagar los costos
reputacionales de darle garantías a un gobierno acusado de narcotiranía aliada
de las FARC y del crimen internacional. Por eso evade tocar este punto que es
el que realmente tiene trancadas las negociaciones.
En
consecuencia, el sensible tema de la Justicia
Transicional será un componente clave para que el Pacto de Convivencia no sea desvirtuado como un Pacto de Impunidad, sino como un gran
acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la
justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia,
el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana para que así
pueda retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del
bienestar social.
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