Víctor Álvarez R. /
@victoralvarezr
La solución del conflicto político venezolano debe verse
como un largo proceso de reconciliación nacional y no como una elección única
con un ganador y un perdedor. Los actores en pugna están llamados a reconocer
que la solución negociada a la crisis venezolana no puede ser una capitulación
del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición.
En este sentido, las iniciativas nacionales o internacionales que busquen contribuir a la solución del conflicto político venezolano deben partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden asumir a priori la derrota de Maduro y, a partir de ese supuesto, decretar una transición política. Esto cerraría el camino hacia un acuerdo político entre el gobierno y la oposición que facilite la alternancia en el poder.
A escasos días de las presidenciales, persiste la incertidumbre en torno a la tarjeta de la MUD y la continuidad de la candidatura de Edmundo González Urrutia (EGU). Al no firmar EGU el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados, funcionarios del oficialismo insinúan la posibilidad de sacar de la carrera presidencial al candidato de la MUD. El presidente del Consejo Electoral (CNE) declaró: “Si no quieren participar de todas maneras habrá elecciones". Y Aimé Nogal, rectora principal de CNE, recordó que “el Tribunal Supremo de Justicia tiene una decisión pendiente sobre la tarjeta la Mesa de la Unidad Democrática”.
María Corina Machado (MCM) ha amenazado a Maduro con
perseguirlo, enjuiciarlo y condenarlo a la cárcel. La incertidumbre se mantiene
porque EGU lidera las encuestas gracias a que MCM le está buscando los votos y
es a ella a quien le deberá el triunfo. Si bien MCM ha moderado su amenazante
posición, ni ella, ni EGU, ni la Plataforma Unitaria terminan de ofrecer
garantías de no persecución al chavismo-madurismo. Por lo tanto, la candidatura
de EGU es considerada como un peligro por el oficialismo.
Adicionalmente, mientras se mantengan las recompensas y
sanciones personales de EEUU contra Maduro y sus colaboradores, el gobierno no
dejará correr en la carrera presidencial a quienes cree que pueden entregarlo y
convertirse en sus verdugos. Maduro no quiere verse sufriendo la persecución y
encarcelamiento a los que fueron sometidos Rafael Correa y Lula Da Silva. Los
dirigentes medios del PSUV tampoco quieren correr la suerte de los miembros de
las FARC que se incorporaron a la vida política -luego de firmar los Acuerdos
de Paz-, pero terminaron perseguidos y asesinados.
En esas circunstancias, el PSUV tendrá muchas dudas para
dejar llegar hasta el final de las presidenciales a la amenaza que representa el
candidato formal de la Plataforma Unitaria, detrás del cual está el verdadero
poder de decisión. Ante ese riesgo, el oficialismo podría recurrir a maniobras
de última hora para anular la tarjeta de la MUD y truncar la victoria del
candidato opositor.
En este contexto, los requisitos para lograr una solución
electoral y pacífica del conflicto político venezolano se vuelven más
desafiantes pero también mucho más claros. La clave no está en desbloquear los fondos
a cambio de no anular la tarjeta de la MUD, sino en garantizar que no habrá
persecución del perdedor después de las elecciones. Solo
si se respetan los derechos políticos de los perdedores será posible una
solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Las garantías de no
persecución son la clave para evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y se
puedan celebrar unos comicios que permitan la alternancia en el poder por la vía electoral y
pacífica.
Garantías de no
persecución política
Si la derrota
electoral da paso a una ola de persecuciones, juicios y condenas, el
oficialismo preferirá aferrarse al poder. Estamos a apenas unos días de las
elecciones y el candidato con más opción de ganarle a Maduro no termina de
pactar con él garantías de no persecución para que entregue el poder en caso de
perder. Para romper esta inercia, en las negociaciones directas entre la Casa
Blanca y Miraflores, Estados Unidos está llamado a promover una propuesta
pragmática, viable y creíble antes de que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y
saque a EGU de la carrera presidencial.
Al ser el país que ofrece las recompensas y aplica las
sanciones personales, Estados Unidos puede tomar acciones específicas que influyan
en el ambiente general de las elecciones y eviten una maniobra que frustre las
elecciones con mayor potencial de retomar la alternabilidad en el poder de
manera pacífica.. Con este fin, la Casa Blanca puede ofrecer:
ü
Levantar
las recompensas, las sanciones personales y la persecución judicial
internacional.
ü
Declarar
que en las presidenciales cualquiera puede ganar y mostrarse dispuesto a
reconocer una posible victoria de Maduro, validada por la observación electoral
nacional e internacional.
ü
Promover
un acuerdo para designar al expresidente como senador vitalicio y a los
vicepresidentes como diputados con inmunidad parlamentaria por un período
constitucional.
Ciertamente, estas garantías no están alineadas con las
decisiones de Estados Unidos pero son claves para solucionar la crisis venezolana.
Ya no se trata de forzar un cambio de régimen sino de contribuir a que las
elecciones conduzcan a un futuro de coexistencia en lugar de conflicto, y a la
alternancia de poder en lugar de un gobierno de partido único que se eternice
en el mando político. Hay
experiencias internacionales que demuestran que con garantías de no persecución
se puede lograr la alternabilidad en el poder:
ü
En Chile Pinochet negoció su designación como senador vitalicio
con inmunidad parlamentaria y su continuación como Comandante Jefe del
Ejército.
ü
En Nicaragua Daniel Ortega perdió las presidenciales frente a
Violeta Chamorro, pero pactó la ratificación de su hermano como Ministro de
Defensa para así mantener el control sobre los cuerpos de seguridad y evitar
una cacería de brujas contra el sandinismo.
ü
Y Nelson Mandela, cuando ganó la presidencia de Sudáfrica en
1994, aceptó que Frederic de Klerk, el presidente del régimen de segregación
racial hasta 1994, continuara hasta 1996 como vicepresidente para contribuir
así a una transición pacífica y sin persecuciones.
Se trata de ofrecer
garantías e incentivos para que Maduro se traslade del Palacio de Miraflores al
Palacio Legislativo. Con inmunidad
parlamentaria, no quedaría expuesto a la persecución política y el chavismo
podría competir en las próximas elecciones. Facilitar la
alternancia de la presidencia venezolana pasa por eliminar la reelección
indefinida y reducir el mandato a cuatro años con una sola e inmediata reelección.
Esta reforma constitucional puede ser apoyada por el chavismo que, en caso de
perder, no querrá esperar mucho tiempo para recuperar el poder.
A fin de que las garantías de no persecución puedan ser socialmente
comprendidas y aceptadas, el sector de la oposición que cuenta con el apoyo de
Estados Unidos está llamado a promover y apoyar los acuerdos que conduzcan a
unas elecciones que puedan ser debidamente validadas por la observación
nacional e internacional, independientemente del candidato que resulte ganador.
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