Por:Víctor Álvarez R.
En Venezuela, el 70% del PIB lo aporta
el sector privado y, por tanto, los problemas de desabastecimiento y escasez
están estrechamente vinculados a la forma como el factor capital percibe el
clima de inversión en el país. El sector empresarial suele atribuir a las
expropiaciones, inseguridad jurídica, conflictividad laboral y al cambio en las
reglas del juego, las causas más importantes que desalientan y alejan la
inversión. En momentos en los cuales pareciera que los sectores público y
privado empiezan a ponerse de acuerdo para superar los obstáculos que se oponen
a la inversión productiva, vale la pena preguntarse: ¿cuáles deben ser los
temas claves para construir los grandes acuerdos que permitan impulsar el
desarrollo económico y social de la Nación?
A la hora de realizar nuevas
inversiones, el capital privado siempre estará más interesado en los niveles de
ganancia y rentabilidad. Pero al momento de conceder incentivos a la inversión,
el gobierno pondrá el énfasis en el impacto de estos en la lucha contra el
desempleo, la pobreza y la exclusión social. ¿Se trata de objetivos antagónicos
o complementarios? ¿Es posible plantearse un objetivo adicional que pueda
convertirse en un punto de consenso entre ambas partes? Veamos.
¿Expropiar
o democratizar la propiedad?
El precario desempeño de la inmensa
mayoría de las empresas estatizadas obliga a repensar la expropiación total y
absoluta como vía para socializar la propiedad de los medios de producción y
lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Pero no cabe en nuestro mapa
mental la idea de la democratización de la propiedad para que en una misma
empresa puedan convivir los modos capitalistas y socialistas de producción y
distribución. Solo rompiendo dogmas de lado y lado, pudiéramos abrirle espacio
a una solución en la que coexistan ambas lógicas y se haga innecesario
expropiar para demostrar que se está avanzando en la transición hacia el socialismo
venezolano.
Con este fin, en la Comisión Económica
para la Paz pudiera analizarse la propuesta de ofrecer al sector privado un
conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras
gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva,
asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas,
etc. a cambio de su compromiso con la democratización de la propiedad. Así, las
empresas privadas que quieran tener acceso a estos generosos incentivos
públicos, deberían ofrecer en venta al Consejo de Trabajadores un porcentaje
(10-20%) del capital de la empresa.
La
Bolsa Pública de Valores
La democratización del capital se puede
llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría
los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los
trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica
que las empresas recibirían para lograr la reactivación, reconversión y
reindustrialización del aparato productivo nacional. La Bolsa Pública tendría
la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de
valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir
los niveles de desigualdad.
Así por ejemplo, como contrapartida al
financiamiento blando que la empresa recibiría de la banca pública, aquella emitiría
por un valor equivalente, el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo
de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda
al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como
dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a
pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería
invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor,
gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento
de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y
grado de bienestar.
Con el porcentaje de ganancias que
corresponda a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores –incluyendo
el rendimiento que se obtenga de sus colocaciones e inversiones-, bien pudieran
financiarse las micromisiones sociales en cada empresa. Así, estos recursos
sería destinados a sostener el Mercal para los trabajadores de la empresa, la
Misión Salud Adentro para toda su nómina, la Misión Vivienda para quienes aún
no tengan casa o apartamento propio, la Misión Ribas para los que deseen
terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran
continuar sus estudios universitarios, etc., etc.
Ganar-ganar
De esta forma, la empresa privada
comenzaría a participar de manera activa y protagónica en la lucha contra la
desigualdad y la pobreza, y retribuiría al país los recursos públicos que
recibe para hacer más rentable su actividad económica privada. A su vez, los
trabajadores estarían cada vez más interesados en contribuir al logro del mejor
desempeño económico y financiero de la empresa, toda vez que –al convertirse en
copropietarios sociales a través del Consejo de Trabajadores- asegurarían que
un porcentaje creciente del plusvalor del que antes se apropiaba totalmente su
empleador, en adelante será la fuente de recursos para financiar proyectos de
interés común para todos los trabajadores de la empresa. @victoralvarezr
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