Refundar el Ministerio del Ambiente
Víctor Álvarez R.
El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la extracción
intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales que son exportados con muy
poco o ningún grado de transformación industrial. Concibe a la Naturaleza como
fuente de recursos a ser explotada a través de megaproyectos mineros,
petroleros, agrícolas, pesqueros y forestales que causan un grave impacto ambiental
y desplazan a pueblos indígenas y comunidades campesinas de sus territorios.
La
lógica depredadora del extractivismo busca maximizar su ganancia a través de la
explotación intensiva del trabajo y de la naturaleza. Por tal razón, no hay
interés en evitar los impactos ambientales y sociales a través de soluciones tecnológicas que suponen un incremento en los costos y una
reducción de los márgenes de ganancia. Para evitar, minimizar y corregir los
impactos nocivos del extractivismo depredador es necesario contar con un
adecuado marco legal y entorno institucional. Justamente, al Ministerio del
Ambiente le corresponde el seguimiento y control de las actividades que se
desarrollan en el territorio para que éstas no afecten ni pongan en peligro la sustentabilidad
de los ecosistemas y así conservar las cuencas de los ríos, lagos y mares,
preservar los bosques, proteger la biodiversidad y asegurar un aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
Subordinar y debilitar el Ministerio del Ambiente le
hace el juego al extractivismo en un país extraordinariamente rico en recursos naturales,
minerales, petrolíferos y gasíferos, donde se desplegarán las presiones de los
poderosos intereses de las corporaciones extractivistas para que sus
megaproyectos puedan llevarse a cabo sin mayores controles ni penalizaciones. Esta
decisión le hace un gran favor a la flexibilización
ambiental que promueve el modelo extractivista global, el cual se propone
desmontar las capacidades y mecanismos de intervención estatal para que sean funcionales
a la lógica del mercado y de la inversión de capitales, en su afán de derogar
todo aquello que regule y controle la extracción a gran escala de recursos
naturales. El extractivismo prefiere países con un débil marco legal e
institucional y, en consecuencia, con una precaria fiscalización incapaz de
detectar faltas para imponer sanciones y evitar daños mayores. En ausencia de una
institucionalidad que obligue a cumplir las normas ambientales, prevalece la
impunidad que favorece a los infractores.
Los
únicos que pueden celebrar la eliminación del Ministerio del Ambiente son los
extractivistas que ahora tendrán un mayor margen de maniobra para explotar la
Naturaleza. En adelante, la función reguladora del Estado en materia ambiental se
subordina a un ministerio cuya prioridad será
la Gran Misión Vivienda, la cual más bien debería ser regulada y
vigilada por los impactos ambientales que suelen acompañar a la industria de la
construcción. Evitar las consecuencias negativas que desde ya pueden preverse
implica una urgente rectificación
de esta decisión, en función de refundar y relanzar el Ministerio del Ambiente
como un instrumento clave en la transformación del capitalismo extractivista y
rentista en un nuevo modelo productivo ecosocialista y sustentable, que
reconozca y proteja los derechos de la Madre Tierra. @victoralvarezr
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