Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República

En la solución del conflicto político venezolano ninguno de los actores en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. Independientemente del sector político que gobierne a una Nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si para quien ejerce el gobierno la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, entonces no tendrá incentivos para entregar el poder. A fin de impedir que la  campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una propuesta ciudadana que surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del largo conflicto político venezolano. El Pacto propone una serie de acuerdos en tres etapas:

Etapa I. Acuerdos preelectorales: antes del 28 de julio

Etapa II. La gobernabilidad poselectoral: entre el 29 de julio y el 10 de enero

Etapa III. Reencuentro y reconciliación nacional: después del 10 de enero

La solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano necesita que los actores en pugna discutan y firmen un acuerdo de reconocimiento de resultados con garantías de no persecución, y que lo hagan antes de los comicios del 28 de Julio. Invitamos a los candidatos a la Presidencia de la República a darle voz y visibilidad a esta iniciativa ciudadana y hacer suya esta propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución política para todos.

PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nosotros, los abajo firmantes, candidatos a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuando con apego a la Constitución y comprometidos con el pluralismo político, el fortalecimiento de una democracia  inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política;

Rechazando cualquier forma de violencia política y agresión en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones;

Partidarios del levantamiento de las sanciones y comprometidos con la defensa de los activos de la República en el exterior y de los intereses vitales de la Nación;

Defensores de los derechos políticos y garantías electorales para todos;

Con la voluntad y disposición de crear las condiciones y garantías adecuadas para llevar a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución:

ACORDAMOS

UN PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

CON GARANTÍAS DE NO PERSECUCIÓN POLÍTICA

 

ETAPA I

ACUERDOS PREELECTORALES: ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE JULIO

Primero. La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano exige erradicar del discurso político las amenazas de retaliaciones y persecuciones, y apostar por el reencuentro y reconciliación nacional. En vez de convertir la campaña electoral en un torneo de insultos, ofensas y descalificaciones, nos comprometemos a desarrollar un debate electoral propositivo y constructivo que evite la violencia política y preserve la paz de la Nación. Un ambiente de reconocimiento, respeto, tolerancia y no violencia política contribuirá a reconstruir la confianza en el voto y a vencer la apatía electoral para que la soberanía nacional se exprese a través del voto, y legitime con su participación masiva y mayoritaria el resultado de las elecciones Presidenciales del 28 de julio.

Segundo. En la solución del conflicto político venezolano ninguno de los actores en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. El Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales firmado en Barbados es necesario para la oposición pero resultó insuficiente para el gobierno. Si la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quien ejerce el poder no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones competitivas que puede perder. Independientemente del sector político que gobierne a una Nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. 

Tercero. Las investigaciones y juicios en contra de dirigentes de la oposición en el exilio, las recompensas internacionales y sanciones en contra de funcionarios del Estado venezolano, así como las amenazas de extradición y de aplicación estricta y severa de la justicia, han generado un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores a los actores en pugna. Independientemente de quien resulte ganador, hay temor de quedar expuestos a una espiral de retaliaciones, persecuciones, juicios y condenas, y esto puede dificultar la solución pacífica del conflicto venezolano. Para reducir los costos de salida de quienes eventualmente puedan perder el poder, solicitamos el cese de las recompensas y sanciones internacionales en contra de autoridades y funcionarios que contribuyan a la alternabilidad política por la vía electoral y pacífica.

Cuarto. Atendiendo a la vigencia del pensamiento de El Libertador, Simón Bolívar, quien advirtió: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer a un mismo ciudadano en el poder porque el pueblo se acostumbra a obedecer y el gobernante a mandar”; a fin de facilitar la alternabilidad en el poder con garantías de no persecución, nos comprometemos a impulsar una Reforma Constitucional para:

*  Eliminar la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes.

*  Eliminar el referendo revocatorio para todos los cargos públicos de elección popular.

*  Recortar el mandato presidencial a cuatro años, con una sola e inmediata reelección.

*  Activar el mecanismo de segunda vuelta o balotaje en la elección presidencial.

*  Designar al expresidente de la República como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria, al Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidentes Sectoriales como diputados con inmunidad parlamentaria por dos períodos constitucionales, y por un período a los ministros del gobierno saliente, todos con voz pero sin voto.

Quinto. Los candidatos nos comprometemos a reconocer y respetar los resultados electorales que anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE); a respetar la institución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a no involucrarla ni atacarla en el desarrollo de la campaña electoral, ni en el debate  político nacional. Al mismo tiempo, hacemos un respetuoso llamado a la FANB a ratificar su naturaleza no deliberante, subordinada al poder civil, así como su compromiso a respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes de la República y el resultado de las elecciones como expresión de la soberanía nacional ejercida a través del voto.

Etapa II

GOBERNABILIDAD POSELECTORAL: ENTRE EL 29 DE JULIO Y EL 10 DE ENERO

Sexto. Independientemente de quien resulte ganador, la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla antes de la juramentación del Presidente que resulte electo en los comicios del 28-J. En caso de un cambio en el mando político, entre la fecha de las elecciones y la toma de posesión nos comprometemos a conformar un Gobierno de Enlace con la incorporación del ganador al Consejo de Ministros y en los gabinetes sectoriales del gobierno saliente; y en caso de una reelección, con la incorporación y apoyo al gobierno durante el primer año del nuevo período presidencial. 

Séptimo. Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. Para corregir los graves desequilibrios que generan inflación, contraen la producción e impiden la creación de nuevos y mejores empleos, el próximo gobierno tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables que protestan cuando el costo del ajuste se recarga sobre el ingreso de los hogares, dando origen a una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países. Para contribuir a un buen arranque del nuevo período presidencial, el Gobierno de Enlace gestionará ante la comunidad internacional lo siguientes:

* Eliminación inmediata de todas las sanciones económicas

*  Devolución de los activos de la República bloqueados en el exterior

*  Acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI

*  Recuperación de las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra

*  Reestructuración y rebaja de la deuda externa

*  Reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales

*  Inversiones para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo

Independientemente de quien resulte ganador, el gobierno entrante en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, recibirá una economía desbloqueada y en franca recuperación, sin tener que recargar los costos del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad.

Octavo. En caso de un cambio en el mando político, los candidatos reconocemos que el nuevo presidente tendrá que coexistir con una AN, los demás poderes públicos y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del gobierno saliente. Para poder gobernar, el nuevo mando tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.

Noveno. De cara a las elecciones parlamentarias, de gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales en 2025 –con base en lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la asesoría de las organizaciones y observatorios electorales-, nos comprometemos a vigilar y mejorar las siguientes condiciones y garantías electorales para poder celebrar unos comicios a tono con los estándares internacionales:

*  Definir con al menos 9 meses de anticipación la fecha para la celebración de las elecciones parlamentarias y de los comicios regionales y municipales de 2025.

*  Levantar y erradicar las inhabilitaciones administrativas que dejan fuera de la contienda electoral a candidatos potencialmente ganadores.

*  Cese de la judicialización e intervención de los partidos políticos para que puedan resolver sus controversias y conflictos internos con base en sus estatutos.

*  Proceso permanente de cedulación en todos los estados y municipios del país.

*  Actualización del Registro Electoral Permanente a través de jornadas especiales de inscripción y actualización de datos.

*  Desarrollo de las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano con la participación de los actores políticos y la observación internacional.

*  Garantizar amplia cobertura del proceso electoral por observadores electorales, medios de comunicación nacionales e internacionales, y redes sociales.

*  Difusión de narrativas para promover la paz y un ambiente de competitividad fraternal que contribuya a un proceso electoral pacífico y participativo, con respeto a los actores políticos y reconocimiento de los resultados.

*  Garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión en todo el territorio nacional para los candidatos a cargos públicos de elección popular.

*  Promover el equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados para asegurar la igualdad de oportunidades a todos los candidatos en la difusión de su oferta electoral.

Décimo. En el caso de los funcionarios públicos que temen ser víctimas de una ola de despidos masivos por haber sido parte del gobierno anterior, podrán optar a ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.

Décimo primero. Nos comprometemos a mantener y perfeccionar los programas de ayuda y protección social a los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población para que reciban con más frecuencia y en mejores condiciones la bolsa de comida, los bonos monetarios y subsidios que reciben a través del Carnet de la Patria, los beneficios de la misión vivienda, y demás  misiones y programas sociales que los favorecen y benefician.

Etapa III

REENCUENTRO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL: DESPUÉS DEL 10 DE ENERO

Décimo segundo. Con el objetivo de poner en primer plano a las víctimas del conflicto político entre febrero de 2014 y julio de 2024 que deben ser reconocidas a través de un proceso de obtención de la verdad, justicia, reparación de daños, no repetición y memoria histórica, nos comprometemos a crear una Comisión de la Verdad dedicada a compilar y analizar las denuncias, declaraciones e informaciones relacionadas con la violencia política y las violaciones a derechos humanos.

Décimo tercero. También nos comprometemos a mantener y apoyar la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de contribuir a recabar información sobre violaciones de derechos humanos, y extender el mandato de la Misión Internacional Independiente sobre Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela.

Décimo cuarto. Reconocemos que la responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su representación, y por la omisión e incumplimiento de su deber de investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las investigaciones y dictámenes de la CPI se debe a que las víctimas no han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.

Décimo quinto. Atendiendo al principio de complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales encuentren probadas razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial. Con este fin, nos comprometemos a impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de concursos de credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y magistrados que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez años, o cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Estos avances le demostrarán a la CPI y otros organismos internacionales que los tribunales nacionales actúan con independencia y autonomía, y están en capacidad de investigar las responsabilidades individuales por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.  

Décimo sexto. Mientras se fortalece el Poder Judicial –y para no caer en el silencio y el olvido que llevan a la impunidad-, en consulta con expertos se promoverá la activación de mecanismos de Justicia Transicional con apoyo internacional. El indulto, sobreseimiento de causa, reducción de la condena o extinción de la acción penal será a favor de las personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas como autores o partícipes en la realización de hechos tales como:

1.       Instigación e intimidación pública, resistencia o desobediencia a la autoridad.

2.       Rebelión civil, insubordinación y faltas al decoro militar, conspiración y traición a la patria.

3.       Perseguidos y condenados por expresar opiniones críticas contra el gobierno y otros  poderes públicos, o por difundir imágenes y mensajes considerados difamatorios u ofensivos en el ejercicio de la crítica a las autoridades y funcionarios del Estado.

4.       Haber formado parte del gobierno interino, solicitado sanciones económicas, pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión posible y la amenaza creíble contra Venezuela.

5.       Participación y apoyo en el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019 y por haber invocado una intervención militar externa a través del TIAR.

6.       Usurpar  cargos al extralimitar las funciones de la AN-2015 y actuar como TSJ en el exilio.

7.       Violaciones a la libertad de expresión, a la organización política y a la participación electoral.

8.       Represión de protestas políticas en contra del orden institucional y del gobierno establecido.

9.       Violaciones de derechos humanos civiles y políticos que no estén relacionados con la tortura ni con tratos crueles, inhumanos y degradantes.

10.   Actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia a la autoridad y la rebelión civil o militar, que pudieran ser considerados infracciones a la ley y dar lugar a juicios y condenas por parte de los órganos nacionales e internacionales de justicia.

11.   Hechos cometidos en el ejercicio de la función de gobierno que han dado o pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y los órganos nacionales e internacionales de persecución penal.

12.   Acusaciones contra dirigentes políticos, funcionarios del gobierno y otros poderes públicos que derivaron en recompensas, órdenes internacionales de captura y amenazas de extradición para ser sometidos a juicios y condenas.

Décimo séptimo. Con base en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedan exceptuadas de las medidas especiales de justicia transicional las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que comprometen la responsabilidad internacional del Estado, y la responsabilidad penal internacional individual por los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Estos casos sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria. En cualquier caso, el beneficio de las medidas excepcionales de la justicia transicional estará siempre condicionado al esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y la memoria histórica.

Décimo octavo. Los candidatos nos comprometemos a impulsar la creación de un Fondo de Reparación de Daños a las víctimas del conflicto -tales como presos y exiliados políticos; torturados, heridos y  familiares de manifestantes muertos en las protestas- cuyas compensaciones podrán ser cubiertas con la liberación de los recursos del Estado venezolano que permanecen inmovilizados en el exterior. La gestión de este Fondo se hará con la activa participación y supervisión de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de las víctimas de la violencia política.

Décimo noveno. A partir de la correlación de fuerzas políticas que surja de las Parlamentarias de 2025, nos comprometemos a concertar la reinstitucionalización de los poderes públicos, tales como: el CNE, TSJ, CGR, DP y BCV, a fin de fortalecer su autonomía, independencia y equilibrio a través de la designación de rectores, magistrados, directores y funcionarios sin ningún tipo de vínculos con los partidos políticos, y con base en las credenciales y meritocracia que aseguren la imparcialidad y neutralidad de las instituciones del Estado venezolano.

SOBRE LA LEGITIMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Vigésimo: A partir de lo firmado en este Pacto, los candidatos nos comprometemos a impulsar en la Asamblea Nacional la aprobación de un Proyecto de Ley sobre la Convivencia Pacífica y Garantías de No Persecución Política; y, con base en el artículo 73 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, someterlo a un referendo popular aprobatorio.

Vigésimo primero. Los candidatos definirán un mecanismo de seguimiento y verificación del Pacto de Convivencia Pacífica. A tal efecto, se designarán equipos de ambas partes que definirán los principios y características del mecanismo. En la verificación se incluirá la participación de actores y organismos internacionales.

En Caracas, a los XX días del mes de XXXXX de 2024.

Suscriben el Acuerdo:

Nicolás Maduro	Edmundo González
Luís Eduardo Martínez	Antonio Ecarri
Enrique Márquez	Benjamín Rausseo
Javier Bertucci	Claudio Fermín
Daniel Ceballos	José Brito