Señores candidatos: ¿Qué harán con los impuestos inflacionarios y empobrecedores?

 

Víctor Álvarez R. / Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Los impuestos, tasas y contribuciones tienen su razón de ser en la necesidad de dotar al Estado de recursos financieros para poder ofrecer bienes y servicios esenciales para la sociedad que no suelen ser ofrecidos por el mercado. Sin embargo, una presión tributaria desmesurada puede afectar el ritmo de la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso. 

Cuando los gobiernos no tienen fondos suficientes para financiar su gasto, tienden a imponer nuevos impuestos e incrementar la recaudación por encima del crecimiento real de la actividad económica, y esto se revierte contra la generación de riqueza y la distribución progresiva del ingreso. Los sistemas tributarios se desvirtúan cuando se van multiplicando los impuestos, tasas, contribuciones y aranceles para financiar un gasto público desmesurado que, en vez de reflejarse en un mayor bienestar para las familias y empresas, generan inflación, contracción económica y deterioro de las condiciones de vida.

Ante el colapso de la renta petrolera que antes lo pagaba todo, en Venezuela se viene conformando un sistema tributario con muchos impuestos, tasas y contribuciones especiales, cuya presión va en aumento y con una carga muy desigual que perjudica a los contribuyentes formales. Según la Sociedad Venezolana de Derecho Tributario (SVDT), las empresas realizan 200 pagos y contribuciones al año, entre las cuales figuran:

ü  Impuesto sobre la renta (ISLR), cuya alícuota más alta es 34%.

ü  Impuesto al Valor Agregado.

ü  Contribuciones adicionales por la Ley orgánica de drogas (alícuota de 1% y 2%).

ü  Ley del Deporte establece otra alícuota adicional de 1%.

ü  Impuesto (entre 0,5 y 2 por ciento) para el fomento de la Ciencia y la Tecnología.

ü  Impuesto a las grandes transacciones financieras (3%).

ü  Patente de industria y comercio, y de publicidad y propaganda comercial.

ü  Arancel de aduana y servicio aduanal.

ü  Seguro Social (9% al 11% del pago al trabajador)

ü  Pago al INCES (2%)

ü  Régimen Prestacional de Empleo (2%)

ü  Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2%)

ü  LOPCYMAT, tasas de registro INPSASEL del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por si fuera poco, en este contexto de elevada presión fiscal, la nueva Ley de protección de las pensiones crea una carga adicional a las empresas del nueve por ciento (9%) de la contribución total a los trabajadores (salario más bonificaciones) que administrará el Estado. Lo pagarán mensualmente las empresas privadas y no el sector público, y en la práctica equivale a un nuevo impuesto que se suma a la considerable carga fiscal existente.

 

Impuestos inflacionarios y empobrecedores

Cada vez que se anuncia un nuevo tributo, las empresas toman medidas para protegerse. Cuando el impacto de los impuestos recae sobre la estructura de costos, las empresas protegen sus márgenes de ganancia trasladando la carga impositiva al precio que pagan los consumidores. Para reducir el impacto de un nuevo impuesto las empresas suben los precios o congelan los salarios. Los precios terminan inflados y en mercados pequeños la rentabilidad se ve afectada por la caída de la demanda. Esto reduce las posibilidades de inversión y de aumentar el empleo formal.

En el caso del pago al sistema de pensiones, las empresas evitarán aumentar las nóminas y los salarios, toda vez que esto incrementará la contribución al fondo de pensiones. Y estas reacciones afectan directamente al trabajador al que supuestamente el nuevo impuesto de las pensiones pretende beneficiar. Por lo tanto, los efectos de los impuestos no siempre recaen sobre las empresas a la que se exige el pago, sino que se trasladan al consumidor, quien suele pagar los costos.

En Venezuela, las empresas sobreviven en un mercado contraído por una profunda y prolongada crisis que las obliga a trabajar con exceso de capacidad y altos costos fijos por unidad de producto; una tasa de cambio apreciada que castiga la competitividad de la producción nacional; deficientes servicios públicos con tarifas en ascenso que generan un sobrecosto nacional; falta de crédito; carencia de talento humano calificado; y, por su fuera poco, la voracidad y asfixia tributaria.

Ante la creciente carga de impuestos y contribuciones parafiscales, surgen incentivos perversos para operar en la informalidad, no crecer y mantenerse de bajo perfil. La informalidad condena al emprendedor a un modelo de negocios de baja productividad y a mercados pequeños en los que no puede crecer ni expandirse. A medida que la carga fiscal se hace más exigente, las empresas no tienen incentivos para operar como  sociedades legales que contribuyen con sus impuestos al ingreso fiscal de la Nación. La desmedida presión tributaria fuerza la desaparición de negocios formalmente constituidos. Y la informalidad perjudica la recaudación tributaria y el desarrollo del país. En la informalidad prevalece el  trabajo precario y sin protección social. 

En la campaña electoral los candidatos a la Presidencia de la República están llamados a presentar y debatir sus propuestas de política tributaria y fiscal, explicarle al electorado que quieren atraer qué harán con los impuestos y subsidios empobrecedores, cómo piensan generar más ingresos y reducir el gasto público para corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario. Esos son los temas sustantivos y relevantes que los candidatos a la presidencia deben discutir al calor de la campaña electoral.

A la luz de estos debates, los electores se formarán una idea más clara de lo que proponen los candidatos y así podrán ejercer su derecho al voto de manera consciente e inteligente. Se trata de promover un debate propositivo y constructivo que contribuya a crear una matriz de opinión pública favorable a las necesarias medidas que el nuevo gobierno tendrá que aplicar para corregir las distorsiones macroeconómicas que desestimulan la inversión y la generación de empleo, sin que los costos del ajuste lo tengan que pagar los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese es el reto.