Víctor Álvarez R. / Pedagogía Económica y Electoral
El cuestionado resultado de las
Presidenciales del 28-J anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las
consignas abstencionistas que plantean que en
Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que
participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del
régimen.
En las Megaelecciones de 2025, un nuevo llamado
a la abstención una vez más convertiría en mayoría a la minoría oficialista.
Recordemos que al desconocer la legitimidad de las Presidenciales de 2018, la
tendencia abstencionista de la oposición argumentó que los comicios para elegir
alcaldes, gobernadores y diputados no resolverían lo que consideraban el
problema de fondo: la usurpación del
poder por parte de Nicolás Maduro. Restaron importancia a las elecciones parlamentarias
y regionales, y para participar en cualquier elección convirtieron en un punto
de honor la salida de Maduro del poder. Con la consigna del cese de la usurpación lanzaron su
ultimátum: “solo negociaremos con Maduro
su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo”.
Debido al deterioro de las condiciones
electorales y con el propósito de deslegitimar cualquier elección, los
principales partidos de la oposición dejaron de participar en las elecciones
parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. Cayeron en la jugada del gobierno y
facilitaron el triunfo de los candidatos oficialistas. En apenas 5 años la
oposición pasó de la contundente victoria en las Parlamentarias de 2015, a las consecutivas
derrotas en las Regionales de 2016, las Municipales de 2017, las Parlamentarias
de 2020, y en las Megaelecciones de 2021. En estos procesos la oposición se
abstuvo o se presentó dividida, razón por la cual perdió importantes espacios
de resistencia y lucha institucional que -además de ser el contrapeso
institucional del gobierno-, constituyen la plataforma para la organización
política de su militancia, activistas y seguidores.
Con la abstención la oposición entregó al
gobierno el control de la Asamblea Nacional, que es la que designa a los
rectores del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, sobre cuya independencia y autonomía se erige la democracia. La
abstención inclina la balanza a favor del gobierno, toda vez que debilita la
presencia de la oposición en la Asamblea Nacional y le facilita al oficialismo
lograr una ventajosa correlación de gobernadores, alcaldes, diputados
regionales y concejales. Esa correlación de fuerzas políticas no refleja el
malestar nacional que se queda sin representación en unas instituciones que terminan
bajo el control de una minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la
abstención de la oposición.
Al desandar la ruta electoral, el terreno
perdido no se recupera en la próxima elección y hay que volver a iniciar un
largo proceso de acumulación de fuerzas, participando en todos y cada uno de los
procesos electorales que se convoquen. Por lo tanto, no se puede seguir
llamando a la abstención en unas elecciones y entregar los contrapesos
institucionales, para luego regresar a participar en las siguientes elecciones,
sin fuerza ni capacidad para lograr la reinstitucionalización de los poderes
públicos y lograr igualdad de condiciones electorales.
La estrategia: acumular fuerzas para re-institucionalizar los poderes públicos
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