Víctor Álvarez R. / Pedagogía Electoral
Las
condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas
oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos a favor de alguno de los
candidatos o partidos. Se compite en desventaja cuando una opción política
sufre una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de sus líderes;
cuando se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a
candidatos ganadores; cuando se ilegalizan partidos o se despojan los nombres y
símbolos para entregárselos a otros dirigentes que tampoco cuentan con el
reconocimiento de la militancia.
También se
compite en desventaja cuando los medios de comunicación públicos son
monopolizados por los candidatos oficialistas y cuando se utilizan recursos del
Estado a favor de una opción política. De allí la importancia de la regulación
de las campañas electorales, la fiscalización del origen de los gastos y de la
observación nacional e internacional.
Las condiciones electorales pueden ser muy
desventajosas, pero pueden ser compensadas cuando se sabe aprovechar la ventaja
que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del rechazo
a los candidatos oficialistas. Dicho al revés, las ventajosas condiciones
políticas pueden compensar la desventaja en las condiciones electorales,
siempre y cuando se haga el trabajo de organización y movilización política
para capitalizar electoralmente el descontento nacional.
Condiciones políticas en las que se presenta la oposición
Mientras un sector de la oposición persista
en abstenerse o en presentarse dividido, anulará las favorables condiciones
políticas que se expresan en el rechazo al gobierno y sus candidatos. Al no llegar a acuerdos unitarios y ante la certeza
de terminar derrotados por los candidatos oficialistas, partidos de la
oposición han utilizado el pretexto de las desventajosas condiciones
electorales para justificar su decisión de no participar.
En vez de celebrar primarias
para elegir candidatos unitarios, organizar su maquinaria electoral, preparar a
tiempo los testigos que defenderán los votos, elaborar un buen programa de
gobierno y armar una fuerza de propaganda para promover sus candidatos, muchos
partidos de la oposición siguen desconectados del sentir nacional, se abstienen
de participar o se presentan divididos, y así despejan el camino para que el
oficialismo gane la mayoría de los cargos en disputa.
De allí que mejorar las condiciones electorales sea
una condición necesaria, más no suficiente para restaurar la democracia y
recuperar la alternabilidad en el poder. Tan o más importante son las
condiciones políticas en las que se presenta la oposición en cada elección. Competir
con candidaturas únicas y unitarias se revela como una condición clave para
recuperar la confianza en el voto y movilizar masivamente a los electores del
país descontento.
Ha quedado más que demostrado que la división y abstención de la oposición es lo que ha permitido a los candidatos oficialistas convertir en mayoría su menguada base de apoyo electoral. Entre las Parlamentarias de 2015 y 2025, la dinámica del voto opositor es catastrófica: se derrumba en números absolutos y se hunde en números porcentuales debido a que los partidos más importantes se dividieron, fueron intervenidos y llamaron a la abstención. Quienes participaron se presentaron divididos y, en vez de capitalizar electoralmente el rechazo al gobierno, facilitaron el triunfo de los candidatos oficialistas.
Los mejores estrategas se preparan para los peores
escenarios
Reconocidos observadores nacionales e
internacionales como el Observatorio Electoral Venezolano, la Misión de Observadores Electorales de la Unión
Europea (MOE-UE) y el Centro Carter han coincidido en una serie de sugerencias
y recomendaciones para mejorar las condiciones electorales en campos tales
como:
ü Separación de los
poderes públicos, independencia y autonomía del Poder Electoral y del Poder Judicial;
ü Nombramiento de CNE imparcial y confiable que
asegure un arbitraje institucional.
ü Restablecer los derechos políticos a los candidatos
inhabilitados y asegurar el derecho constitucional de elegir y ser elegido.
ü Estímulo a la participación ciudadana a través de
la certificación de organizaciones con fines políticos.
ü Actualización del registro electoral permanente
para asegurar el derecho al voto universal, directo y secreto para todos los
venezolanos.
ü Derecho del voto de los venezolanos en el exterior,
o extranjeros en el país, según el tipo de elección.
ü
Garantizar el ejercicio libre del voto, sin
acompañamientos indebidos que ponen en riesgo el voto secreto y directo.
ü
Garantizar todas las auditorías técnicas con base
en la validación de los protocolos por los técnicos de los partidos
participantes, así como la contratación de auditores externos.
ü
Actualizar el catastro de centros de votación a
partir del último Registro Electoral, con criterios de vecindad, inclusión y
selección de miembros mesas.
ü
La observación internacional calificada en todas y
cada una de las etapas del proceso.
ü
Implementación de la contraloría y fiscalización
electoral a fin de evitar abusos de poder e ilícitos electorales.
ü Apertura de los medios
públicos a todas las corrientes políticas para garantizar la libertad de
expresión y de opinión, y desbloqueo de medios de comunicación.
ü Impedir el uso indebido de
los recursos del Estado en la campaña electoral;
ü Erradicar el control
social a través del reparto de bonos y la distribución de bienes y servicios.
Mención especial merece el recurrente uso de las
inhabilitaciones de la Contraloría para sacar de la contienda a candidatos
ganadores. Esta práctica viola los artículos 42 y 65 de la Constitución los
cuales establecen que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Eliminar las inhabilitaciones políticas, así como la intervención
y judicialización de partidos, es un tema crucial para asegurar las garantías
de participación ciudadana en los procesos políticos. El deterioro de las condiciones electorales es lo
que ha llevado a cuestionar la naturaleza del régimen político venezolano que dejó
de ser una democracia electoral o liberal para transformarse en una autocracia
electoral. Esto quiere decir que -a pesar de realizarse frecuentes elecciones en
las que compiten varios partidos-, el deterioro de las condiciones electorales no
permite la competencia en igualdad de condiciones. Esto pone en tela de juicio
el funcionamiento de la democracia electoral, toda vez que las elecciones se
organizan no para facilitar la alternabilidad en el poder entre los
competidores que se disputan los cargos de elección popular, sino para
conseguir una apariencia de legitimidad democrática.
Con el férreo control económico, militar, social y
político que ha logrado el gobierno, no
hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana. Esto será posible
cuando el país descontento y políticamente organizado acumule suficientes
fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos. Es una tarea de largo aliento, de recuperación
gradual de los espacios de poder y decisión perdidos por la abstención y
división de la oposición. La mejora de las condiciones electorales es
crucial para asegurar que las elecciones sean vías reales de inclusión y
participación ciudadana, ampliación del espacio cívico y fortalecimiento de las
garantías democráticas.
En cualquier caso, hay que dejar claro que un régimen que logra
mantenerse en el poder gracias a la abstención y división de la oposición no va
a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. El deterioro de
las condiciones electorales es la estrategia oficialista para provocar la
abstención de la oposición que ponga a ganar a los candidatos del gobierno. Por
lo tanto, bajo una autocracia electoral no se pueden esperar condiciones electorales ideales
y quienes decidan postularse en las próximas elecciones que se convoquen tienen
que prepararse para competir en las peores circunstancias.
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