Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Electoral
Los partidos políticos exigen elecciones
competitivas, pero una oposición dividida, sin buenos candidatos, sin un
programa atractivo que motive a votar, y sin una maquinaria capaz de defender
los votos en cada mesa electoral, es incompetente para capitalizar
electoralmente la ventaja comparativa que le otorga el enorme rechazo al
gobierno y salir victoriosa en unas elecciones competitivas.
¿Quiénes
son los líderes del país descontento? ¿Acaso los abstencionistas que reciben
apoyo internacional? ¿Acaso los que se postulan a las elecciones y se ganan el
respaldo del electorado a pesar del ventajismo oficialista? ¿Acaso los que
negocian y buscan acuerdos con el gobierno?
La oposición venezolana está
dividida en varias tendencias antagónicas que parecen más interesadas en
descalificarse entre ellas mismas que en hacer causa común para enfrentar al
gobierno. Al utilizar el pretexto de la falta de condiciones electorales para
no participar ni volverse a contar, le hacen el juego a la estrategia
divisionista y abstencionista del régimen y así desperdician la oportunidad de
ganar que ofrece el enorme rechazo a los candidatos oficialistas.
Los
abstencionistas alegan que no pueden participar porque sus candidatos están
inhabilitados, presos o en el exilio. Pero cuando les quitan la inhabilitación
y pueden participar, entonces los consideran
alacranes
y traidores. La oposición abstencionista teme
caer derrotada al presentarse dividida por no haber sido capaz de subordinar al interés nacional sus
intereses políticos particulares y ambiciones personales.
Tan así es, que el sector de la
oposición que decidió participar en las elecciones parlamentarias y regionales
del 25 de mayo se presentó dividido, con varios candidatos para cada cargo en
disputa. Una vez más, la abstención y división de la oposición convirtieron
en mayoría a la minoría oficialista, cuyos candidatos arrasaron con 23 de las
24 gobernaciones y 256 de los 285 diputados a la Asamblea Nacional.
Priorizar la restitución de los derechos políticos por encima de los derechos sociales es un error que suelen cometer los partidos y dirigentes que no se conectan con el clamor nacional. Se enfocan en denunciar la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de sus líderes; denuncian el uso de la inhabilitación política para sacar de la contienda a sus candidatos; cuestionan la ilegalización de partidos y el despojo de siglas y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno; denuncian el ventajismo oficialista al utilizar los medios públicos a favor de sus candidatos; pero no se conectan con los problemas de la gente.
Si bien es cierto que la exigencia
de mejorares condiciones electorales es de mucha relevancia para los partidos políticos y sus candidatos,
también es cierto que esta exigencia no es la prioridad para una población
azotada por el deterioro de la salud y la educación; por el colapso de los
servicios públicos de agua, electricidad, gas doméstico y telecomunicaciones. El
elector de a pie se siente más atraído por propuestas sensatas y viables para
mejorar la recolección de la basura, la iluminación de las calles, la seguridad
ciudadana y el cuidado de los espacios públicos para el esparcimiento y la recreación.
Estos son los
problemas que amargan la vida de la gente y deberían ser la prioridad del discurso
electoral. La gente quiere soluciones concretas para sus problemas concretos, pero esta dirigencia tiene la polaridad
invertida. En vez de organizarse
y prepararse para competir y ganar por paliza las siguientes elecciones
parlamentarias, de gobernadores y alcaldes, se quedaron enfrascados en exigir
la publicación de los resultados desglosados de las Presidenciales del 28 de
julio de 2024, llamaron a la abstención y convirtieron en mayoría a la
decadente minoría oficialista.
En Venezuela
las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme
ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del enorme
rechazo al gobierno y sus candidatos. La clave está en hacer el trabajo de
organización y movilización política para capitalizar electoralmente este
enorme descontento.
Mejorar las condiciones
electorales es una condición necesaria más no suficiente para recuperar la
confianza en el voto y estimular una masiva participación. Aunque se logren
condiciones electorales a tono con los estándares internacionales y se asegure un
proceso electoral limpio y competitivo, la gente no se sentirá estimulada a
votar por candidatos que no tienen una oferta electoral sintonizada con sus
problemas más urgentes e importantes.
Los electores no se sienten
estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos entre los dirigentes
políticos que siguen echándose la culpa de la tragedia electoral de la
oposición. Quienes quieran capitalizar electoralmente el malestar nacional no
pueden ser figuras desprestigiadas, con malos antecedentes. Estos no movilizan
a nadie ni contribuyen a vencer la abstención. Los malos candidatos representan
una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto.
En las elecciones municipales del
27 de julio se elegirán 335
alcaldes y 2.471 concejales. Como electores,
interesados en mejorar las condiciones de vida en nuestros municipios, tenemos
que identificar los mejores candidatos para votar y votar bien. Si dedicamos un poco de tiempo a revisar las
postulaciones, encontraremos buenos candidatos, reconocidos luchadores
sociales, distinguidos ciudadanos, de buena trayectoria, que han dedicado gran parte
de su vida a la organización y participación ciudadana, tienen autoridad política y moral, y son capaces
de generar un amplio respaldo y animar a votar.
En las Municipales del 27 de julio, los electores podrán escoger un liderazgo más
conectado con el sentir de la gente. Quien gane será un nuevo referente, no
porque lo haya decidido la dirigencia centralista que solo le interesa la Presidencia
de la República, sino porque los ciudadanos en cada municipio decidieron
mantenerse en la ruta electoral, y con su voto recuperar espacios de
resistencia y lucha institucional.
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