Hay que estimular la producción para derrotar la inflación

Texto completo de la entrevista concedida a la periodista

Patricia Rondón, publicada en PRIMICIA

1. ¿Cómo se podría definir la Ley de Costos y Precios Justos. Para qué servirá?

Parto de la buena voluntad que inspira el esfuerzo por aprobar esta Ley. Más allá de lo que está escrito en el objeto de la ley, la defino como un nuevo intento del gobierno para enfrentar las ganancias especulativas que ejercen una permanente presión alcista sobre los precios y anulan los incrementos salariales que anualmente se aprueban para favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que viven de un ingreso fijo. Por supuesto, no pueden estar de acuerdo con esta ley quienes se acostumbraron a enriquecerse de la noche a la mañana, imponiendo altos precios que garantizaban márgenes de beneficios extraordinariamente superiores a la tasa de interés o de inflación, que deberían ser dos referencias para estimar un margen de ganancia razonable.

2. ¿Cómo incidirá su aplicación en la economía venezolana?

Dependerá de la eficiencia con la que se aplique. Si se aplica bien tendremos muy satisfechos a una inmensa mayoría de consumidores que viven de un ingreso fijo y encontrarán en el mercado una abundante oferta de bienes y servicios de buena calidad y precios solidarios. A su vez, los productores tendrán asegurado un margen razonable de ganancias y podrán seguir operando en un mercado con un creciente poder de compra. Pero esta ley debe ir acompañada de una revisión y rectificación de la política económica, particularmente de la sobrevaluación del tipo de cambio. El subsidio al dólar se traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la producción nacional. El uso de la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria está agotado. Se otorgan dólares preferenciales pero el precio de venta las mercancías importadas se calcula con base al dólar del mercado paralelo.

3. Sin se aplica tal como está planteada hasta ahora ¿qué cambiará en el país dentro de un año?

Los empresarios exigen transparencia y reglas claras del juego, pero a la hora de poner sobre la mesa la información sobre sus costos de producción y márgenes de ganancia montan toda una alharaca. Si se aplica cómo está planteada el país sabrá lo que se importa con dólar preferencial y, por lo tanto, no se puede vender como si se importara al dólar del mercado paralelo. También habrá más transparencia en el conocimiento de la estructura de costos y en la formación de los precios. La ley es útil para enfrentar la especulación, pero la mejor estrategia antiinflacionaria es el crecimiento y desarrollo de un nuevo modelo productivo capaz de generar una abundante oferta de bienes y servicios de alta calidad y precios solidarios para sustituir importaciones y diversificar las exportaciones. Hay que estimular la producción nacional para derrotar la inflación.

4. ¿Cómo debe ser su reglamento, qué orientaciones debe tener?

El reglamento es clave para acordar los sistemas automatizados y confiables de recolección y análisis de la información, para establecer los mecanismos de toma de decisiones concertadas entre empresarios, consumidores y gobierno que eviten decisiones arbitrarias y discrecionales de la burocracia. Por eso debe dejar clara la frecuencia de revisión y ajuste de la estructura de costos y los criterios con base en los cuales se fijarán los precios. Del reglamento dependerá la flexibilidad, dinamismo y oportunidad con el que se aplique esta Ley.

5. ¿Esta ley generará escasez, inflación?

No necesariamente. La clave está en su aplicación dinámica y oportuna. Hay que entender que la fijación de precios se hará en los productos de consumo final, pero no sobre los precios de la fuerza de trabajo, materias primas, bienes intermedios, maquinarias y equipos. Si el precio de todos estos insumos que se requieren para producir aumenta de manera incesante, obviamente se incrementarán los costos y habrá que ajustar oportunamente los precios antes de que estos se queden por debajo de los costos de producción. Si se quedan anclados los precios de venta del bien de consumo final mientras los precios de los insumos no dejan de aumentar, se castigaría el margen de ganancias y hasta se generarían pérdidas. En tales condiciones, ni siquiera las empresas de la economía social podrían producir. Si esto se tiene claro por parte de los administradores de la ley y se actúa consciente y responsablemente, de manera flexible, dinámica y oportuna, no tienen porqué castigarse la producción, ni causar escasez, acaparamiento o especulación. Ese es el reto.

6. ¿Cómo incidirá en la competencia y en la eficiencia de las empresas?

No todos los productores tienen el mismo costo, hay unos muy competitivos y otros demasiado ineficientes. Estos últimos argumentarán que es injusto fijar el precio con base en los costos de los productores más competitivos. Pero si el precio de venta se fija con base en los altos costos de las empresas más ineficientes, entonces se castigará al consumidor y se facilitará la obtención de ganancias extraordinarias a los productores más competitivos que tienen los menores costos. Para que la Ley logre su objetivo de favorecer al consumidor los precios se deben fijar con base en los costos de los productores más eficientes y apoyar a través de incentivos de política tecnológica e industrial una mejora sostenida de la productividad, calidad y competitividad de los productores más débiles e ineficientes. Es muy importante promover la creación de miles de empresas de la economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, que compitan con las empresas mercantiles y las obliguen a bajar sus precios. En Venezuela es muy baja la densidad empresarial y por eso predominan las prácticas monopólicas y oligopólicas, no hay competencia, por el contrario se tiende a cartelizar los precios.

7. ¿Servirá esta ley para financiar el socialismo a través de recaudaciones o multas?

El socialismo venezolano es rentista. Es la inversión social de buena parte del ingreso petrolero lo que ha permitido mejorar en corto tiempo los indicadores sociales que miden la calidad de vida y grado de bienestar de la sociedad. Pero el socialismo venezolano debería ser más solidario y menos rentista. Quiero decir que debería financiarse con una mayor contribución de los sectores que más ingreso tienen, a favor de la población más vulnerable y excluida. Sin embargo, la presión fiscal en Venezuela sigue siendo muy baja y la evasión en el pago del ISR y otros impuestos y tasas le resta al fisco importantes ingresos. Aquí ni siquiera se cobra impuesto a los activos empresariales, no se cobra peaje en las autopistas, no se cobra impuesto indirecto a través de la gasolina que casi es regalada, ni se recauda el impuesto predial. Hasta el dólar se vende a mucho menos del precio que dice el mercado y con esto se subsidia a una burguesía importadora, se castiga al aparato productivo y se sacrifican importantes ingresos fiscales que se podrían recaudar si la divisa se vendiera al precio justo. El gasto público, los presupuestos de las gobernaciones y alcaldías se financian fundamentalmente con la renta petrolera. Lo que se puede recaudar por multas son migajas en comparación con la magnitud de la renta petrolera. Es falso que esta ley sea para financiar el socialismo.