¿Expropiar o democratizar la propiedad?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

En Venezuela, el 70% del PIB lo aporta el sector privado y, por tanto, los problemas de desabastecimiento y escasez están estrechamente vinculados a la forma como el factor capital percibe el clima de inversión en el país. El sector empresarial suele atribuir a las expropiaciones, inseguridad jurídica, conflictividad laboral y al frecuente cambio en las reglas del juego, las causas más importantes que desalientan y alejan la inversión. Según diferentes encuestas, más del 80 % del país clama porque los sectores público y privado se pongan de acuerdo y complementen sus capacidades y recursos para superar los obstáculos que se oponen a la inversión productiva y resolver los problemas de desabastecimiento que lo agobian. De allí que vale la pena preguntarse: ¿cuáles deben ser los temas claves para construir esos grandes acuerdos que permitan impulsar el desarrollo económico y social de la Nación?

A la hora de realizar nuevas inversiones, el capital privado siempre estará más interesado en los niveles de ganancia y rentabilidad. Pero al momento de conceder incentivos a la inversión, el gobierno pondrá el énfasis en el impacto de estos en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. ¿Se trata de objetivos antagónicos o complementarios? ¿Es posible plantearse un objetivo adicional que pueda convertirse en un punto de consenso entre ambas partes? Veamos.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

El precario desempeño de la inmensa mayoría de las empresas estatizadas obliga a repensar la expropiación total y absoluta como vía para socializar la propiedad de los medios de producción y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Pero no cabe en nuestro mapa mental la idea de la democratización de la propiedad para que en una misma empresa puedan convivir los modos capitalistas y socialistas de producción y distribución. Solo rompiendo dogmas de lado y lado, pudiéramos abrirle espacio a una solución en la que coexistan ambas lógicas y se haga innecesario expropiar para demostrar que se está avanzando en la transición hacia una sociedad libre de pobreza y exclusión social.

Estatizar no es socializar, ni mucho menos democratizar la propiedad. Las expropiaciones no rindieron los resultaros que el gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo, la corrupción y el pseudosindicalismo que impidió la participación de los trabajadores directos en la dirección y gerencia de esas empresas. En adelante, el talante controlador y punitivo de la política económica debe abrirle paso al diseño de políticas y estrategias concebidas para estimular la inversión y la producción. Con este fin, el gobierno nacional pudiera ofrecer a la inversión nacional y extranjera un porcentaje de participación accionaria en las empresas expropiadas y estatizadas que tienen potencial y pueden ser rescatadas del burocratismo y la corrupción, animando esta inversión con un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc. Asimismo, la democratización de la propiedad de estas empresas debe contemplar la participación de los trabajadores en todos sus niveles gerenciales, administrativos y operativos, de tal forma los dividendos que correspondan a su participación accionaria, en lugar de ser repartidos como dividendos individuales,  sean la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones laborales en la empresa, aliviando así la presión sobre las exigencias de los trabajadores en cada contratación colectiva, la cual en gran medida quedarían cubiertas con la inversión laboral de este porcentaje de ganancias.

La Bolsa Pública de Valores

La democratización del capital y de la propiedad de las empresas estatizadas se puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional. La Bolsa Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.

Como contrapartida al financiamiento blando que la empresa recibiría de la banca pública, aquella emitiría por un valor equivalente el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y grado de bienestar.

Con el porcentaje de ganancias que corresponda a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores –incluyendo el rendimiento que se obtenga de sus colocaciones e inversiones-, bien pudieran financiarse las micromisiones sociales en cada empresa. Así, estos recursos sería destinados a sostener el Mercal para los trabajadores de la empresa, la Misión Salud Adentro para toda su nómina, la Misión Vivienda para quienes aún no tengan casa o apartamento propio, la Misión Ribas para los que deseen terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus estudios universitarios, etc., aliviando la carga fiscal que representa la política social, la cual tendría un carácter menos asistencialista y compensatorio, y quedaría cada vez más vinculada al esfuerzo productivo de los beneficiaros de estos programas sociales.

Ganar-ganar

A través de estas empresas mixtas, la inversión privada comenzaría a participar de manera activa y protagónica en la lucha contra el desempleo, la desigualdad y la pobreza, y retribuiría al país los recursos públicos que recibe para hacer más rentable su actividad económica. A su vez los trabajadores –en lugar de atizar un clima de conflictividad laboral-, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero de las empresas, toda vez que –al convertirse en copropietarios sociales de las mismas a través del Consejo de Trabajadores- asegurarían que, en adelante, el porcentaje de las ganancias correspondiente a su participación accionaria sea la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los trabajadores de la empresa. @victoralvarezr