Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República

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PDVSA no tuvo capacidad para aprovechar la flexibilización de sanciones

 

Reimposición de sanciones: ¿una puesta en escena?

 

Víctor Álvarez R. 

Por razones de seguridad energética, a EEUU le interesa asegurar el suministro de petróleo venezolano e impedir que este sea comprado con grandes descuentos por sus rivales geopolíticos en los mercados asiáticos. La prolongación de la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente -con los ataques cruzados entre Israel a Irán-, representan amenazas para la seguridad energética de EEUU y Europa. Pero un aumento de la producción de petróleo venezolano puede ayudar a conjurar y despejar este riesgo. Por eso, a las principales potencias consumidoras de energía no les conviene que se golpee a la industria petrolera venezolana.

Aunque la reimposición de las sanciones a Pdvsa afectará las importaciones de diluyentes para mejorar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco, la Licencia 44A deja ventanas abiertas para que las petroleras estadounidenses y europeas puedan continuar con la extracción y comercialización de petróleo y gas venezolanos.

A diferencia de una licencia general que vale para todas las empresas, las licencias individuales o específicas son autorizaciones que se otorgan caso por caso, con base en los intereses de seguridad nacional y de política exterior de EEUU.

En adelante, la OFAC considerará las solicitudes de licencias específicas en el caso de empresas quieran continuar las operaciones previamente autorizadas por la Licencia 44, y decidirá cuál empresa puede operar con Pdvsa. Y con este fin, emitirá una Licencia Especial de acuerdo con sus criterios y conveniencia.

La licencia 41 permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela, gracias a la cual la producción superó los 800 mil barriles diarios Otros acuerdos con Repsol, ENI y Maurel & Prom acercan la producción de petróleo a un millón de barriles diarios. La derogación de la LG44 no afectará a la LG 41 a Chevron ni a la LG 8M que autoriza a las empresas estadounidenses que dan servicios petroleros especializados a Chevron. Estás y otras compañías también podrán solicitar licencias específicas.

El experto petrolero Francisco Monaldi (@fmonaldi) posteó: “La no renovación de GL44 tendrá un impacto mínimo en la inversión, especialmente si se conceden licencias específicas a empresas europeas. Su impacto limitado en la producción depende de la disponibilidad de diluyente. Habrá un impacto en las ventas de PDVSA a menos que los principales compradores, como Reliance, obtengan una licencia para comprar.”

La cierto es que la noticia de tramitar licencias específicas provocó un alza en los bonos de Pdvsa. Pareciera entonces que la sustitución de la licencia general por licencias específicas es más bien una puesta en escena para vender la narrativa de que EEUU está castigando al gobierno venezolano por no haber dejado inscribir a María Corina Machado ni a su sustituta en las Presidenciales de 2024. Así, la Administración Biden reduce el costo mediático y político-electoral de prorrogar las licencias a Chevron y petroleras europeas para que mantengan su producción. Esto  revela el interés de EEUU de asegurar el suministro de petróleo de origen venezolano, ante el peligro que representa para su seguridad energética la prolongación de la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/4ckg1

Sanciones petroleras llevan a crear empresas mixtas

 

Víctor Álvarez R. 

Horas antes de anunciarse la reimposición de las sanciones, representantes de Pdvsa y Repsol firmaron un acuerdo para la extensión del área geográfica de la Empresa Mixta Petroquiriquire. También se firmó la alianza petrolera Roraima entre inversionistas privados y Pdvsa que espera producir 45 mil barriles diarios al cierre de 2024 y alcanzar 120 mil barriles por día en tres años.

La formación de empresas mixtas cobra fuerza con el cambio de la licencia general por licencias específicas. Se abre una amplia gama de oportunidades de negocio e inversión a empresas nacionales y extranjeras. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que 20 empresas extranjeras petroleras invertirán en el país: “Con veinte nuevos inversionistas todos internacionales que comiencen a producir petróleo y gas en Venezuela, no necesitamos licencia colonialista de los gringos”. Y agregó: “no hay sanción, no hay amenaza que hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie, solo dependemos de nuestro esfuerzo”.

Pero la reimposición de sanciones sí puede causar una merma del ingreso en divisas, toda vez que Pdvsa tendría dificultades para seguir vendiendo petróleo en el mercado estadounidense a precios de mercado, así como al comprar los diluyentes para procesar los crudos pesados de la FPO. Sin embargo, la aprobación de licencias específicas abre vías para que Pdvsa no tenga que vender con grandes descuentos el petróleo en los mercados asiáticos. Por razones de seguridad energética, a EEUU le interesa asegurar el suministro de petróleo venezolano en su mercado y evitar que este se venda con grandes descuentos a sus rivales geopolíticos en los mercados asiáticos.

Pdvsa no tuvo capacidad para aprovechar flexibilización de sanciones

 

Víctor Álvarez R. 

A 24 horas de vencerse las licencias petroleras de la OFAC, en Venezuela se anunció la creación de la nueva empresa mixta petrolera Roraima, con 51% capital de Pdvsa y 49% de Repsol. Aunque la Administración Biden decida suspender la Licencia General 44 otorgada a Pdvsa, la creación de la empresa mixta Roraima confirma que la OFAC mantendrá vigentes las licencias para las petroleras estadounidenses e incluso otorgar nuevas licencias a compañías europeas.

Recordemos que la OE Nº13.857 es la que prohíbe las operaciones económicas con Pdvsa y ha limitado las inversiones estadounidenses y europeas en el sector petróleo, gas y energía. Luego, las sanciones secundarias de la OE N°13.884 ampliaron las prohibiciones a todas las personas que prestasen apoyo comercial, financiero o tecnológico a las empresas e instituciones incluidas en la lista de la OFAC, a riesgo de ser acusados por el delito de conspiración para burlar las sanciones. Estos decretos del gobierno estadounidense prohibieron cualquier tipo de operación comercial y financiera con Pdvsa, empresas filiales y mixtas.

La Licencia General 41 (LG 41) otorgada a Chevron abrió paso para que otras empresas petroleras como ENI, Repsol y empresas de servicios petroleros como Schlumberger, Halliburton, Wheterford y Baker Hughes, reanudaran su actividad en Venezuela. La amenaza latente del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra en Ucrania y el conflicto bélico en el Medio Oriente, obliga a calcular muy bien los costos de una eventual reimposición de las sanciones.

El 18 de octubre de 2023, a través de la Licencia General 44 (LG 44) la OFAC flexibilizó por seis meses este régimen de prohibiciones y autorizó hasta el 18 de abril de 2024 las transacciones en el sector petróleo y gas. La LG 44 autoriza las transacciones que estaban prohibidas, tanto las que involucren solo a Pdvsa como a cualquier empresa mixta en los sectores del gas y del petróleo en la que Pdvsa sea propietaria del 50 % o más de las acciones.

La LG 44 abrió una ventana de oportunidad para la inversión nacional y extranjera en los sectores de gas y petróleo. La legislación venezolana permite que las actividades de exploración, producción, transporte inicial y almacenamiento de petróleo puedan ser realizadas de la siguiente manera:

Inscripción de MCM en el CNE: ¿Punto de honor para prorrogar las licencias?

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: “El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”. La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si después del 18 de abril se reimponen las sanciones se darán más excusas para no mejorar las condiciones electorales.

La Administración Biden ha dicho que  “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”. Si la inscripción de MCM como candidata presidencial deja de ser un punto de honor para la Plataforma Unitaria y para EEUU, crece la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales en unas condiciones aceptables, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

Los días más difíciles del aislamiento internacional han pasado. El gobierno encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir un escalamiento de las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia no puede ser la del garrote. Al contrario, tiene que ofrecer más y mejores incentivos para mejorar las condiciones electorales, a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Flexibilizar sanciones aleja a Venezuela de los rivales geopolíticos de EEUU

Conversaciones con Manuel Isidro Molina y Francisco Rodríguez sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

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El costo electoral de vencer la inflación

 

Víctor Álvarez R. 

La desaceleración de la inflación se ha logrado al costo de congelar los salarios de la nómina pública y reducir el gasto público, contraer el consumo privado que mueve la economía y prolongar el deterioro de los servicios públicos de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones; así como de los sistemas públicos de educación, salud e infraestructura.

Por lo tanto, el costo de bajar la inflación lo están pagando sobre todo los trabajadores, la clase media y los hogares venezolanos. El gobierno socialista ha congelado el salario mínimo para minimizar el impacto fiscal del salario de la abultada nómina pública. En la aritmética oficialista, cualquier aumento tendría una enorme incidencia en las prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y otros beneficios legales de los trabajadores que el gobierno solo podría financiar con emisiones de dinero inorgánico e inflacionario.

La indexación al tipo de cambio oficial del bono de alimentación se aplicó para proteger y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero en un contexto donde la inflación es mayor que la depreciación, el tipo de cambio se rezaga en comparación con los demás precios y, a la larga, los trabajadores salen perdiendo. Esta indexación debe hacerse con una frecuencia mensual, pero según los datos del BCV -en 17 de los últimos 24 meses-, la tasa de cambio ha subido menos que la inflación y, por lo tanto, la indexación no compensa el poder de compra que quita a los bonos el alza de los precios. Esta problemática se empeora por el estancamiento de los salarios para los trabajadores públicos.

¿Por qué Manuel Rosales no tuvo las mismas trabas que MCM?

Víctor Álvarez R. 

MCM afirma que hasta 10 días antes de las elecciones se puede inscribir su candidatura presidencial o la de su sustituta, Corina Yoris. La Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene cuatro artículos que definen los plazos y condiciones de la postulación y sustitución. 

 El artículo 44 dice: “El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.

 El Artículo 62 dice: “Las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas, en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales. 

El oficialismo argumenta que la sustitución de MCM por Corina Yoris no se debe a ninguna de las tres primeras causas sino que se trata de un intento por defraudar la Ley, al insistir en inscribir por mampuesto una candidatura que está inhabilitada. La candidatura de Corina Yoris fue presentada públicamente como una candidata-representante de MCM.

 El Artículo 63 establece que: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. 

 El artículo 64 agrega: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento”. 

Si bien el artículo 64 deja abierta la posibilidad de admitir la postulación de una candidatura no admitida previamente, el Artículo 44 dice que: “Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas.” La polémica se genera al interpretar que las sustituciones se harán dentro de los candidatos ya postulados y admitidos y, por lo tanto, todo cambio posterior será, o bien una adhesión a otra candidatura admitida, o bien una renuncia que deja en libertad al elector para que vote por cualquiera de los candidatos que quedan.

Impacto económico y costo electoral de reimponer las sanciones

 

Víctor Álvarez R. 

EEUU ha advertido que reimpondrá las sanciones petroleras si no se cumplen los Acuerdos de Barbados. Pero el oficialismo calcula que esto no sería conveniente para EEUU, donde habrá elecciones presidenciales en noviembre y el aumento de los combustibles y la energía tendría un alto costo electoral para la reelección de Biden. ¿Estará cometiendo un error de cálculo el gobierno de Maduro con su arriesgada jugada de mantener las inhabilitaciones?

Venezuela sufre una inflación de 3 dígitos desde hace 8 años, pero según datos del BCV se está desacelerando y para 2024 se proyecta por debajo de los dos dígitos. Y Según el OVF, registró una variación negativa de -0,5% en febrero y la anualizada cayó a 85%, después de registrar 189% al cierre de 2023 y de haber llegado a 130.000 % en 2018. Mantener la tendencia hacia la baja en un año electoral dependerá de cómo se financie el gasto público clientelar. La actual desaceleración de la inflación se atribuye a:

Apreciación del tipo de cambio real

Alivio de las sanciones y ventas de Chevron en el mercado cambiario

Aumento de las remesas

Dolarización transaccional de la economía

Reducción de la emisión de dinero

La apreciación del tipo de cambio se traduce en un dólar relativamente barato en comparación con el mayor aumento que registran los demás precios, cuestión que a su vez abarata las importaciones que se hacen exoneradas de arancel. En febrero la apreciación también fue nominal, toda vez que el dólar bajó de 38,42 Bs/$ a 37,96 Bs/$ gracias a las ventas de divisas de Chevron y de una menor emisión de dinero por el BCV. En los dos primeros meses de 2024 se redujo 23% el financiamiento de empresas públicas y déficit del gobierno con emisiones de dinero inorgánico por parte del BCV, lo cual suma una reducción de 68% en los últimos doce meses.

Impacto en el Tipo de Cambio y el INPC

El beso de la muerte: si no me apoyas es malo y si lo haces es peor

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Electoral

MCM afirma que hasta 10 días antes de las elecciones se puede inscribir la candidatura presidencial de Corina Yoris. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) tiene dos artículos que definen los plazos de postulación.

ü  El artículo 44 dice: “El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.

ü  El artículo 64 agrega: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento”.

Si bien el artículo 64 deja claro que sí podría ser admitida la postulación de alguien no postulado previamente, esto debe hacerse en los plazos establecidos en el Cronograma Electoral, tal como lo establece el artículo 44. Para evitar los problemas de interpretación, los artículos 44 y 64 deberían fusionarse en uno solo, dejando claro que los cambios en las postulaciones se podrán hacer en los lapsos establecidos en el Cronograma Electoral, y que todo cambio posterior será, o bien una adhesión a otra candidatura aceptada, o bien una renuncia que deja en libertad a la militancia para que vote por cualquiera de los candidatos que quedan. La fecha límite para que las modificaciones o nuevas postulaciones salgan en el tarjetón es el 20 de abril. Después de esta fecha, solo se podrán presentar adhesiones a otras candidaturas aceptadas hasta 10 días antes de las elecciones, pero estas modificaciones ya no saldrán en el tarjetón. De acuerdo al artículo 44, una nueva postulación consignada fuera del cronograma será considerada como no presentada.

En el caso de Corina Yoris el oficialismo tiene un argumento adicional y es que ella fue presentada públicamente como candidata-representante de MCM, quien está inhabilitada. Por lo tanto, la interpretación oficial considera que se trata de una candidatura por mampuesto, de un fraude a la Ley. 

Conversaciones con Francisco Rodríguez sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Manuel Rosales a MCM: ¡No me apoyes por favor!

 

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Electoral

En una entrevista en CNN, Corina Yoris dijo que “Ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada” para competir en las Presidenciales de 2024.

El CNE concluyó el lapso para recibir las postulaciones pero todavía queda pendiente la aceptación de las mismas. Incluso, en caso de ser admitidas, cabe la posibilidad de que en el período de impugnaciones, alguna candidatura sea cuestionada y finalmente quede excluida. Por lo tanto, cualquier apoyo apresurado de MCM a uno de los candidatos inscritos puede desembocar en una torpeza táctica o en una especie de beso de Judas, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.

Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial, y todo aquel que en las encuestas aparezca como un potencial ganador, también corre el riesgo de ser inhabilitado. Quizás esta vez todas las encuestas deberían equivocarse.

Una oposición dividida y desorganizada es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas. La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada mesa electoral. Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de organizar y movilizar masivamente el descontento nacional, a la docena de candidatos opositores inscritos le resultará muy difícil capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que representa el enorme rechazo al gobierno.

La oposición radical cataloga al gobierno de Maduro como una dictadura. Sin embargo, espera que ese régimen autoritario les conceda condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. La maniobra para impedir que MCM compitiera en las Presidenciales de 2024 estaba cantada desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) autorizó la inscripción de precandidatos inhabilitados.

Conversaciones con Antonio Ecarri sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

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El mito de la unidad en la oposición: no habrá candidato único y unitario

 

Víctor Álvarez R.

María Corina Machado, Benjamín Rausseo, Manuel Rosales, Eduardo Fernández, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, Francisco Rodríguez, Manuel Isidro Molina, Javier Bertucci, Leocenis García, Daniel Ceballos, Elsa Castillo, José Brito, Juan Carlos Alvarado y Seir Contreras son nombres que suenan en la carrera presidencial. ¿Cuáles alianzas pueden esperarse entre esta amplia gama de aspirantes? ¿Quién puede retirar su candidatura para apoyar otra?

La Plataforma Unitaria Democrática, heredera de las glorias electorales de la MUD, se sigue considerando la oposición mayoritaria con base en los resultados de las Parlamentarias de 2015. No se midieron en las Parlamentarias de 2020 y en las Megaelecciones de 2021 el emergente sector de la Alianza Democrática-Fuerza Vecinal obtuvo una votación equivalente. Pero la PUD -que cuenta con el reconocimiento y apoyo de EEU-, se arroga la condición de auténtica oposición y mira con desprecio al otro sector. Los consideran alacranes, traidores, colaboracionistas y vendidos al gobierno.

Con tantos insultos y descalificaciones es difícil imaginar un candidato único y unitario. Estos sectores vilipendiados y despreciados prefieren seguir siendo oposición en otro gobierno de Maduro, que ser el socio maltratado y excluido en un eventual gobierno liderado por la PUD. Y la PUD prefiere seguir siendo la oposición con apoyo internacional, que someterse a un gobierno de una oposición a la que considera falsa, colaboracionista y vendida al régimen.

Las contradicciones antagónicas y los arraigados odios entre las diferentes oposiciones impiden postular un candidato único y unitario. Lo más probable es que cada una compita con su respectivo candidato. Prefieren presentarse divididos y salir derrotados que ver ganando la elección presidencial a su competidor por el liderazgo de la oposición. Inhabilitada MCM, más que la firme determinación de derrotar electoralmente al candidato oficialista, pareciera que con la proliferación de candidatos lo que está planteado es una disputa por la conducción política de la oposición para imponer sus candidatos en las Megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales previstas para 2025. Será, entonces, en las Presidenciales de 2024 cuando se cuenten los votos y se defina cuál es la oposición mayoritaria.

Los héroes de la retirada

 

Víctor Álvarez R. 

El CNE informó que MCM tiene una prohibición para ejercer cargos públicos y no podrá inscribir su candidatura presidencial. En vez de insistir en que solo con ella habrá elecciones libres, que si no es ella no es nadie, a MCM le corresponde ahora demostrar su liderazgo y convocar a votar masivamente por una candidatura de consenso que pueda ganar, cobrar y gobernar. Pero si convierte su nombre en un punto de honor, corre el riesgo de cargar con la responsabilidad histórica de haber cerrado el paso a una candidatura única y unitaria capaz de capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde las elecciones Presidenciales de 2013 se puede apreciar cómo ha venido mermando el caudal de votos del chavismo. Sin embargo, en cada elección, la recurrente división y abstención de la oposición ha convertido en mayoría a la minoría oficialista. Y en las Presidenciales de 2024 esta historia puede volver a repetirse.

Las condiciones electorales son muy desventajosas pero no anulan las favorables condiciones políticas derivadas de un 75% de rechazo a la gestión de gobierno. Para capitalizar electoralmente este enorme descontento se requiere un candidato único y unitario. Esto exige grandeza histórica, priorizar el interés nacional y ser capaz de renunciar a las nobles aspiraciones personales que -al confundir deseos con realidades- se degradan en ambiciones particulares y degeneran en una codicia personal que termina dividiendo a la oposición y llamando a la abstención, tal como ocurrió en las Presidenciales de 2018 cuando el candidato oficialista estaba prácticamente derrotado debido al enorme rechazo popular, pero terminó imponiéndose por la división y abstención de la oposición. Todos los precandidatos de la oposición que dividen al país descontento -en lugar de estarse frotando las manos por la inhabilitación de MCM-, deberían retirarse de la carrera presidencial y dejar que desde ese silencio se escuche el grito que le pondrá nombre y apellido al escogido como candidato único y unitario del malestar nacional.

MCM: ¿Candidata o líder?

 

Víctor Álvarez R. 

Sin lugar a dudas, este es el mejor momento en la carrera política de María Corina Machado (MCM). Fue electa la candidata presidencial de un importante sector de la oposición, más no el único. Tiene pendiente consolidar su liderazgo que es cuestionado por otros sectores de la oposición venezolana a quienes MCM tampoco reconoce. Ella no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que ha sido víctima, pero eso no le da razón ni derecho para afirmar que sí la candidata no es ella, cualquier otro candidato es de Maduro.

Desde Barinas, el gobernador Sergio Garrido, dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación-, le fue desconocido su triunfo, el CNE repitió los comicios pero lo inhabilitaron a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. En protesta, la PUD hubiese podido llamar a la abstención. Sin embargo, para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, Sergio Garrido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Pero según MCM, en Barinas Sergio Garrido resultó ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones y por eso lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”. Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD.

Presidenciales 2024: las fechas están echadas

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

El CNE anunció la fecha de las elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Se esperaba que el 5 de marzo -fecha en la que sus seguidores conmemoran los 11 años de la muerte de Chávez-, se anunciara el 28 de julio -fecha en la que celebrarán el nacimiento de Chávez-, como el día de los comicios presidenciales. Será una campaña electoral de mucho manejo emocional.

Las diferentes oposiciones se quejan de que el gobierno sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben hacer para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar.

Las fechas están echadas y comienza una carrera contra el tiempo. La inscripción de candidatos será del 21 al 25 de marzo, el registro electoral para nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril, el corte del Registro Electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril, la campaña electoral será del 4 al 25 de julio, y los comicios presidenciales el 28 de julio. 

A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado (MCM) insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de MCM, al ver que finalmente no se pudo inscribir en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25% en las encuestas.

Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

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Conversaciones con Antonio Ecarri sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Para superar la crisis hace falta un Gobierno de Coalición

 

Víctor Álvarez R. 

La solución del conflicto venezolano no puede pretender la capitulación o rendición incondicional del adversario, ni mucho menos el exterminio del contrario. En caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una AN en contra, el CNE, TSJ, CGR y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrían bajo el control del oficialismo. Con todos ellos el nuevo presidente está llamado a entenderse. Por lo tanto, para poder gobernar tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.

Venezuela necesita un acuerdo de gobernabilidad que convierta en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los factores en pugna están llamados a concertar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, el cual se comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.

Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de coexistencia y cogobierno entre adversarios que no sólo fueron parte activa de las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de las elecciones. Al interés nacional le conviene la incorporación de la oposición al actual gobierno; y –en caso de un cambio en el mando político,- la incorporación al nuevo gobierno de quien pase a ser la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas previamente pactado, lo cual facilitará la gobernabilidad poselectoral.

Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán claves para un Gobierno de Coalición, cuya conformación puede ser estimulada e incentivada no solo con la flexibilización de las sanciones, sino también con la rebaja y reestructuración de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. Con estos incentivos, un Gobierno de Coalición podrá llevar a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales necesarias para que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones presidenciales, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.  

Los cambios políticos por si mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.

Principios rectores de un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Víctor Álvarez R. 

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los Acuerdos Parciales de Barbados, aún a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

2) ¿Cuál sería el marco del *Pacto de Convivencia Pacífica* y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no? 

4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?

5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?

6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?

7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?

8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?

10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un Pacto de Convivencia Pacífica?

Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien estará respondiendo todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral => https://t1p.de/0zqu6

 

No hay que subestimar la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo

 

Por: Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Una oposición dividida, desorganizada, sin un candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que estimule a votar, es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas.

La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada urna frente a la poderosa maquinaria electoral oficialista que correrá con ventaja al utilizar a su favor los recursos del Estado.

Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de movilizar masivamente el descontento nacional, no podrá capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que le otorga el enorme rechazo al gobierno.

Quienes tienen la certeza que con la inhabilitación de María Corina Machado (MCM) por el TSJ será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Pero ahora resulta que, según MCM[1], Sergio Garrido resultó ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones en Barinas y por eso no lo inhabilitó y lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”. Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD. Y con esta incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo, hay un creciente riesgo de que la moraleja de Barinas sea dejada a un lado si no se consigue pronto un sucesor.

Ante el reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco,  le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun  a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Revista Pedagogía Económica y Electoral N° 10

Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos 

ÍNDICE

Editorial: ¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto venezolano?

Coexistencia Pacífica: Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos

• Si quieres resultados diferentes hay que cambiar la forma de relacionarse

• La mejor manera de salir de un rival es transformarlo en un aliado

• Canje de condiciones electorales por sanciones: necesario para la oposición pero insuficiente para el gobierno

• Con recompensas y sin garantías de no persecución no habrá elecciones competitivas

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

• La paz no es solo el fin del conflicto político

• Las víctimas más numerosas del conflicto venezolano son los migrantes

• La prioridad: proteger DDHH

• Verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición

Pacto de Convivencia Pacífica: la clave para realizar unas elecciones competitivas

• Viabilidad económica de la transición política

• Estabilidad y gobernabilidad poselectoral

¿Cuál es la clave para realizar unas elecciones libres, trasparentes y competitivas en Venezuela?

 

Por: Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Un Pacto de Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

La alternabilidad democrática será posible si se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército, ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones, juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la protección de los derechos políticos de los perdedores.

Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales y cárcel.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones.

Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación