Las empresas de la economía social están llamadas a ser la célula económica fundamental del nuevo modelo productivo. Por eso, el Estado está obligado a promover su crecimiento y desarrollo a través de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, capacitación y asistencia técnica a las empresas de la economía social.
Las Empresas de Propiedad y Producción Social (EPS) son una expresión de la organización popular, generan y fortalecen nuevas estructuras de participación que hacen posible el desarrollo humano integral de los venezolanos/as históricamente excluidos de la actividad económica y productiva. A través de la generación de masivas fuentes de empleos productivos y estables en todas las regiones del país, las EPS facilitan la desconcentración poblacional y la descentralización territorial, por eso se deben promover en todas las regiones para lograr el desarrollo armónico del país entero.
Las empresas de la economía social juegan un papel fundamental en la conformación de la nueva estructura social, ya que impulsan la mejora de las condiciones de trabajo y relaciones de producción, posibilitando nuevas formas de organización y participación de los trabajadores en esas unidades productivas. Permiten la articulación y conformación de redes de participación comunitaria y popular, garantizando la democratización del patrimonio productivo. Viabilizan el nuevo modelo de participación popular, a través de instrumentos no tradicionales de gestión social y empresarial, como el presupuesto participativo, la contraloría social y los procesos de cogestión y autogestión. Son empresas sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida llamadas a generar un creciente excedente, solo que éste no se distribuye bajo la forma de ganancia individual para el socio capitalista, sino que se trata de un excedente para financiar la inversión social. Por lo tanto, las empresas de la economía social están llamadas a ser empresas eficientes y sustentables desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Caracterizadas por una creciente participación y contraloría social, representan un eficaz instrumento en la lucha contra la corrupción, el despilfarro, el burocratismo, la negligencia y la falta de compromiso que todavía existente en muchas instituciones y empresas del Estado, contribuyendo así a la creación de una nueva institucionalidad revolucionaria, a través de iniciativas conjuntas entre las comunidades organizadas, las organizaciones de base y los trabajadores, en el propósito común de liberarse de la explotación del capital.
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